Nueve semanas lleva el juicio de la Audiencia Nacional sobre el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas. Y nueve semanas llevan los principales acusados diciendo exactamente lo mismo.
La pasada semana fue el turno de los dos pesos pesados.
Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, compareció primero. Con una petición fiscal de 15 años de prisión sobre la cabeza, se explayó durante dos horas. Su tesis, la misma de siempre: ‘Kitchen’ no fue ninguna operación parapolicial orquestada para robar documentos comprometedores al extesorero.
Fue algo perfectamente legal. Una operación de localización de bienes en el extranjero.
El origen, según Pino, estuvo en una información de inteligencia. El entonces chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos —también sentado en el banquillo—, supuestamente iba a desplazarse en coche a Suiza para recoger dinero del extesorero.
Qué hacer ante eso, preguntó retóricamente el exDAO. La respuesta, para él, era obvia. «Desde la óptica policial del DAO, cuando hay un coche esperando para ir, según la información del confidente, a por dinero, evidentemente hay que ir a montar un servicio, nos pongamos como nos pongamos. No buscábamos documentos. Lo que intentábamos buscar era el dinero.»
Después, dijo, lo demás corrió por cuenta de otro.
José Manuel Villarejo
El comisario jubilado, José Manuel Villarejo, entró en sala tras Pino y fue directamente al grano. Diecinueve años de prisión le pide Anticorrupción. La pena más alta de todo el procedimiento. Villarejo no se acogió al silencio —fue el único acusado que respondió también a preguntas de la Fiscalía— y refrendó la lectura de su correo en la Policía: hubo «una operación oficial y correcta» para «localizar bienes en el extranjero» de Bárcenas.
Hasta ahí, todo en línea con Pino.
Pero Villarejo fue más lejos. Mucho más lejos.
Según su versión, quien torció aquella operación legítima fue el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Lo hizo, aseguró, aprovechándose de ella para «trincar» información que le afectara personalmente. Y para conseguirlo, engañó a todo el mundo. «Todos fueron engañados por el genio Rajoy, que todo lo resuelve con Cardhu», espetó, en referencia a la marca de whisky escocés favorita del expresidente.
El relato de Villarejo fue más allá. Rajoy, dijo, le habría pedido a través de terceros que le informara directamente sobre el operativo policial, saltándose al ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, porque no se «fiaba» de él.
De ahí, argumentó el comisario, que nunca reportara directamente a Fernández Díaz.
Hay otro elemento que Villarejo introdujo en su declaración y que no conviene pasar por alto.
El Gobierno y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tenían, según él, «interés» y «preocupación» —respectivamente— sobre determinadas informaciones que Bárcenas pudiera guardar sobre «altas instancias del Estado».
El entonces director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó —que nunca llegó a ser investigado—, le habría transmitido ese mensaje. El hilo conductor: las «relaciones estrechas» entre Cosidó y la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
Ese clima de presión desde arriba, según Villarejo, explicaría por qué el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez —también acusado—, tenía tanto interés en que hiciera bien su trabajo. «Por eso le informé en alguna ocasión», admitió.
En cuanto a las acciones más comprometidas que se investigan en el juicio —la supuesta entrada ilegal en el estudio de restauración de Rosalía Iglesias, el clonado de dispositivos de Bárcenas o el ingreso irregular de Ríos en el Cuerpo como pago por sus servicios—, Pino se desvinculó de todas ellas. Nada supo. Nada ordenó. Nada hizo.
El interrogatorio a Villarejo será reanudado el martes. Tras él, se prevé que declare Marcelino Martín Blas, que era jefe de Asuntos Internos de la Policía cuando se produjo el supuesto espionaje y para quien la Fiscalía reclama dos años de prisión.
El juicio continúa.
