Hazte Oír ha presentado una querella contra «agentes de inteligencia marroquíes», mandos de la Gendarmería Real y de las Fuerzas Auxiliares de Marruecos, así como contra el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano tras la incursión masiva de decenas de miles de personas en Ceuta durante el jueves y el viernes a través de espigón del Tarajal.
Así lo ha comunicado la asociación en una nota de prensa en la que señala expresamente a Fouad Ali El Himma, consejero del rey de Marruecos, Mohamed VI, «a quien diferentes informaciones sitúan como presunto cerebro de la operación».
De esta manera, solicita su acumulación a las diligencias previas abiertas con relación a los hechos acontecidos en Ceuta y personarse como acusación popular para investigar si la entrada masiva de personas «respondió a una operación concertada».
La querella se dirige a cuatro puestos de responsabilidad
La querella está dirigida a «cuatro niveles de responsabilidad», señala Hazte Oír: los «agentes de inteligencia marroquíes que habrían sido identificados como infiltrados en Ceuta»; mandos de la Gendarmería Real y de las Fuerzas Auxiliares; «los organizadores de la operación» y «las autoridades españolas que hubieran dictado, transmitido o ejecutado las órdenes de no intervención».
Además, solicita que se investigue quién dio la orden de «dejarse ver, pero sin intervenir» y «quién envió a los militares sin munición y sin autorización para emplear la fuerza».
Por otro lado, también se han querellado contra Pérez Triano y han pedido que testifique el subdelegado del Gobierno en la ciudad autónoma.
La asociación pide identificar a los ocupantes de un vehículo junto al Tarajal
La asociación ha aportado «documentación gráfica» sobre «un vehículo observado junto al Tarajal» cuyos ocupantes «prestaban asistencia de diferente clase a determinados ciudadanos marroquíes que cruzaron la frontera, los cuales se dirigían directamente a dicho vehículo», al tiempo que los pasajeros «evitaban en todo momento ser grabados».
Por ello, Hazte Oír pide identificarlos, «y esclarecer si mantenían alguna relación con los servicios del Reino de Marruecos», detalla la nota de prensa.
El escrito aprecia posibles delitos contra la paz o la independencia del Estado, favorecimiento agravado de la inmigración ilegal, organización criminal, prevaricación, denegación de auxilio y homicidio y lesiones por imprudencia grave y reclama preservar con urgencia la videovigilancia, las comunicaciones policiales y militares, las órdenes operativas y los contactos con Marruecos entre el 27 de julio y el 2 de agosto de 2026.
