El informe 89/2026 de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no modifica la tesis expuesta por el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en su auto de 26 de mayo.
La desarrolla, la documenta y trata de aportarle sustento probatorio.
Tras analizar centenares de mensajes, anotaciones manuscritas, dispositivos electrónicos, documentación económica y comunicaciones intervenidas, la Guardia Civil llega a una conclusión, que coincide en lo esencial con la del instructor.
La existencia de una estructura organizada cuya actividad habría estado orientada a intervenir, influir o desestabilizar procedimientos judiciales y policiales que afectaban al PSOE o al entorno del Gobierno.
La coincidencia no es casual ni baladí. El informe policial es, precisamente, la base fáctica sobre la que Pedraz adoptó sus decisiones. Ambos documentos, leídos juntos, se refuerzan mutuamente.
El mismo núcleo de la investigación
La principal conclusión del auto de Pedraz era la posible existencia de una organización criminal con reparto de funciones, permanencia en el tiempo y una finalidad concreta.
El informe de la UCO sigue exactamente esa misma línea.
Desde su propio resumen ejecutivo, los investigadores sostienen que las actuaciones desarrolladas por el grupo investigado tenían como misión principal la defensa del Gobierno y del PSOE mediante acciones dirigidas a «atacar la integridad de todos los procedimientos con afectación al entorno del Gobierno». Según la Guardia Civil, dichas actuaciones habrían incluido conductas de aparente naturaleza delictiva dirigidas a influir en procedimientos judiciales, fiscales y policiales.
No se trata de una referencia aislada. Todo el informe está estructurado en torno a los distintos objetivos que, según la investigación, fueron objeto de seguimiento o intervención.
De Grinda a Biedma: los mismos objetivos señalados por el juez
Uno de los aspectos más llamativos es la coincidencia casi milimétrica entre los objetivos identificados por Pedraz y los capítulos específicos del informe policial.
La UCO dedica apartados completos a las actuaciones relacionadas con el fiscal José Grinda, el fiscal Ignacio Stampa, la magistrada Mercedes Alaya, la magistrada Beatriz Biedma, mandos de la Guardia Civil, la propia Unidad Central Operativa y diversas investigaciones judiciales consideradas sensibles.
Es decir, el informe no introduce nuevos escenarios. Profundiza en los mismos focos de interés que ya habían sido identificados por el magistrado instructor.
La Guardia Civil sostiene que la actividad investigada se habría ido adaptando a las necesidades del momento, desplazando sus esfuerzos hacia aquellas causas judiciales que podían generar mayor impacto político.
La investigación sobre David Sánchez como caso paradigmático
El informe concede una relevancia singular a las actuaciones relacionadas con la magistrada Beatriz Biedma, instructora de la causa seguida contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno.
Para la UCO, este procedimiento constituye un ejemplo especialmente ilustrativo del funcionamiento de la presunta estructura investigada.
Los agentes destacan que las primeras actuaciones detectadas se producen pocos meses después de la apertura de la causa judicial en Badajoz y sostienen que el grupo habría intentado articular diferentes vías para influir en el procedimiento.
La Guardia Civil atribuye un papel relevante en estas actuaciones al exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada, que aparece integrado en grupos de comunicación junto a Leire Díez, Javier Pérez Dolset y Joaquín Parra.
La libreta que preocupa a los investigadores
Entre los elementos que más atención reciben en el informe figura una libreta intervenida a Leire Díez.
En ella aparecen anotaciones que la UCO considera especialmente significativas.
Una de ellas contiene la expresión: «Paso 1: destruir procedimiento».
Los investigadores relacionan esta nota con la causa instruida por Beatriz Biedma, la magistrada instructora del caso del hermano del presidente, y consideran que constituye un indicio de la estrategia diseñada para desestabilizar el procedimiento judicial que afectaba al hermano del presidente del Gobierno.
La anotación aparece acompañada de referencias a la propia magistrada y a diversas líneas de actuación que posteriormente son desarrolladas por la investigación.
Javier Pérez Dolset: un papel más relevante del que parecía
Otra de las coincidencias entre el auto y el informe afecta a Javier Pérez Dolset.
Mientras que en el debate público había sido presentado en ocasiones como una figura secundaria o colaborador externo, la documentación analizada por la UCO le sitúa de forma recurrente en reuniones, grupos de mensajería y encuentros vinculados a la actividad investigada.
Los investigadores destacan su participación en conversaciones estratégicas junto a Leire Díez, Joaquín Parra y Luis José Sáenz de Tejada, así como su presencia en reuniones celebradas en Madrid durante los meses clave de la investigación.
Para la Guardia Civil, estas comunicaciones muestran un grado de implicación muy superior al que inicialmente se había conocido.
La financiación, la pieza clave
Probablemente la aportación más importante del informe respecto al auto judicial se encuentra en el análisis económico.
Mientras que la resolución de Pedraz describía la existencia de pagos y recursos utilizados para sostener la actividad investigada, la UCO reconstruye el recorrido del dinero.
El informe dedica decenas de páginas a pagos efectuados a Leire Díez, gastos logísticos, transferencias a medios de comunicación, pagos relacionados con asesoramientos jurídicos y movimientos económicos efectuados a través de distintas sociedades.
La tesis policial es que determinadas estructuras societarias habrían servido para financiar la actividad investigada y dificultar la trazabilidad de los fondos.
Precisamente este aspecto financiero constituye uno de los elementos más relevantes desde el punto de vista probatorio, ya que proporciona soporte documental a una parte esencial de la hipótesis investigadora.
Más que reuniones y conversaciones
La lectura conjunta del auto de Pedraz y del informe de la UCO permite apreciar que la investigación ya no se centra únicamente en reuniones, mensajes o contactos entre los distintos protagonistas.
La Guardia Civil intenta demostrar algo más ambicioso: la existencia de una estructura estable, coordinada, financiada y dotada de recursos para intervenir en procedimientos judiciales considerados estratégicos.
Por eso, la principal aportación del informe no es la aparición de nuevos nombres ni de nuevas grabaciones.
Su verdadera importancia radica en que trata de aportar la corroboración documental necesaria para sostener judicialmente la tesis que ya había formulado el magistrado Santiago Pedraz: que detrás de las actuaciones investigadas no existirían episodios aislados, sino una actuación coordinada y continuada en el tiempo dirigida a influir en causas que afectaban al entorno político del Gobierno.
Naturalmente, todas estas conclusiones forman parte de una investigación en fase de instrucción.
Los hechos descritos por la UCO constituyen hipótesis policiales asumidas provisionalmente por el instructor y deberán ser sometidos a contradicción por las defensas antes de que los tribunales determinen si los indicios se convierten o no en prueba de cargo.
