Había tres personas. Un canal de comunicación cifrado. Y un nombre en clave que lo dice todo: Grupo HIRUROK, que en euskera significa «nosotros tres».
Pero eso fue solo el principio.
Lo que el magistrado instructor de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, destapó ayer en su auto es algo mucho más ambicioso y perturbador: una supuesta organización criminal que operaba con un único propósito —influir en la Administración Pública y torpedear procedimientos judiciales que pudieran dañar al PSOE o al Gobierno.
De negocio ilícito a maquinaria política
De acuerdo con el magistrado, la red nació entre 2021 y 2022 en torno a Leire Díez Castro, Vicente Cecilio Fernández Guerrero, exdirector de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y Joseba Antxón Alonso Egurrola, empresario vasco, mano derecha en Navarra del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y su socio en la empresa Servinabar, de la que la UCO encontró un contrato que acreditaba que Cerdán era propietario del 45%.
Su actividad original era casi artesanal: usar contactos e influencias para orientar expedientes administrativos a cambio de dinero.
Un esquema de tráfico de influencias que, en principio, no trascendía el beneficio particular.
Todo cambió en 2024, cuando el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán León, habría asumido la dirección de la trama, según el magistrado.
No desde fuera. Desde dentro. El auto le atribuye un papel de mando superior con una agenda concreta: desestabilizar de forma sistemática cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar negativamente en el partido o en el Gobierno.
La prioridad absoluta, según se desprende de la resolución, era «el Presidente». La red debía «limpiar todo» en relación con las causas que afectaban a su entorno —el caso de Begoña Gómez, la investigación contra su hermano en Badajoz—, con un objetivo que el auto recoge de forma explícita: «destruir el procedimiento».
Para lograrlo, Cerdán habría puesto a disposición de la organización la infraestructura del propio partido —personal, sedes y fondos—, autorizando pagos mensuales a miembros de la red con cargo al presupuesto socialista y colocando a personas de confianza en organismos públicos como la SEPI o Correos.
No desde fuera. Desde dentro.
La trama había dado el salto. Ya no era un negocio. Era, presuntamente, una herramienta política.
Tres frentes de actuación
Desactivar las investigaciones. La red habría intentado neutralizar a mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil mediante denuncias que el magistrado califica de infundadas y campañas de descrédito. La lógica era brutal en su sencillez: si los investigadores están ocupados defendiéndose, investigan menos.
Comprar lealtades. Funcionarios, fiscales y personas con acceso a información reservada recibían, según el auto, ofertas de dinero, destinos en el extranjero o ascensos a cambio de filtrar información o actuar contra sus obligaciones legales.
El caso más explícito: el supuesto ofrecimiento de 50.000 euros a María del Carmen Pano Sánchez para que modificara su declaración en una causa judicial en curso.
Controlar el relato. La fallecida periodista Patricia López, la que destapó el caso Villarejo, y la empresa Grupo Crónica Libre SL, del medio Crónica Libre, del que López era la directora, habrían sido financiadas con fondos del partido camuflados como «campañas de publicidad» para difundir informaciones obtenidas ilícitamente y presionar a las instituciones.
El dinero: cómo borrar las huellas
La pieza central del mecanismo financiero era la factura falsa: un sistema estructurado de facturas por servicios inexistentes —etiquetados con conceptos tan genéricos como «consultoría legal»— que daban apariencia de legalidad a transferencias destinadas a pagar a los miembros de la trama.
Desde dentro del partido, Ana María Fuentes Pacheco, gerente federal del PSOE, habría emitido las «órdenes de encargo» que activaban esas transferencias desde las cuentas socialistas.
El dinero nunca viajaba en línea recta.
ZAÑO Sociedad Consultora SL, propiedad de Gaspar Carlos Zarrías Arévalo, sirvió para pagar a Leire Díez al menos cuatro mensualidades de 4.000 euros. Un goteo constante que, visto desde fuera, pasaba por honorarios profesionales ordinarios.
Gaspar Zarrías es un veterano dirigente socialista que durante años ocupó puestos de máxima influencia en la Junta de Andalucía y en la dirección federal del PSOE. Muy próximo al expresidente andaluz Manuel Chaves, fue consejero de la Presidencia de la Junta y más tarde secretario de Estado de Cooperación Territorial en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. También fue senador socialista.
Su nombre volvió a cobrar relevancia pública tras ser condenado a 9 años de inhabilitación por el caso de los ERE.
El esquema de Oliver Gruppe SL e I. Oliver & Partners —sociedades del abogado Ismael Oliver Romero— ilustra con más precisión cómo se rompía la trazabilidad: el PSOE ingresó 27.225 euros a una de estas entidades, y Oliver transfirió exactamente esa cantidad a Leire Díez. En los registros del partido no quedaba rastro de ningún pago directo a la investigada.
Grupo Crónica Libre SL habría recibido cerca de 20.000 euros bajo el concepto de «campaña de publicidad» para financiar a Patricia López.
Y los despachos del abogado Jacobo Teijelo Casanova habrían ingresado al menos 125.000 euros del PSOE mediante el mismo sistema, fondos que según el auto no se destinaban a servicios jurídicos reales sino a financiar la estrategia de desestabilización de la red.
Cuatro sociedades. Cuatro funciones. Un mismo objetivo: que el dinero llegara sin que nadie pudiera seguir el rastro.
Los investigados: un mapa de complicidades
El auto pone nombres y dibuja una estructura con al menos tres niveles de implicación.
En el núcleo duro figuran ocho personas con indicios directos de responsabilidad. Además de los ya mencionados Leire Díez Castro, Santos Cerdán León, Gaspar Zarrías Arévalo, Ismael Oliver Romero, Jacobo Teijelo Casanova y Ana María Fuentes Pacheco, el magistrado señala a Javier Pérez Dolset —integrado en la red por intereses particulares y presente en reuniones clave— y a dos miembros de la Guardia Civil: el capitán Juan Sánchez Yepes y el comandante Rubén Villalba Carnerero, a quienes atribuye haber filtrado información secreta sobre la estructura interna de la UCO.
Villalba figura además investigado por blanqueo de capitales.
En un segundo plano, Juan Manuel Serrano Quintana y Juan Francisco Serrano Martínez presentan indicios de colaboración, pero Pedraz aguarda el resultado de las primeras diligencias antes de atribuirles formalmente la condición de investigados.
Una tercera capa, más difusa, la conforman las personas de interés para las que el juez ha solicitado los registros de acceso a la sede del PSOE en Ferraz: entre ellas, Antonio Hernando Vera, José Manuel Villarejo Pérez, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas y Francisco Martínez Vázquez.
Su presencia en ese listado no implica imputación alguna, pero sí la atención del instructor.
Lo que viene ahora
El auto del magistrado Pedraz no es una sentencia. Es una resolución de investigación que describe indicios, no hechos probados. Todos los investigados son inocentes hasta que un tribunal diga lo contrario.
Pero la magnitud de lo que se investiga —la presunta instrumentalización de un partido en el Gobierno para obstaculizar la justicia— convierte este caso en uno de los más delicados de la legislatura. Lo que ocurra en las próximas semanas, en sede judicial y política, determinará si esos indicios se consolidan o se desmoronan.
El magistrado Pedraz articula la investigación en torno a un catálogo de delitos que, tomados en conjunto, describen algo más que una trama de corrupción convencional.
El primero y más grave en términos estructurales es la organización criminal del artículo 570 bis del Código Penal: una estructura con reparto de tareas, jerarquía definida y vocación de permanencia, que es precisamente lo que el juez identifica en el grupo Hirurok.
Sobre esa base se superponen los demás tipos.
Los delitos de cohecho —artículo 424— son múltiples y de envergadura notable: los presuntos 300.000 euros ofrecidos a un fiscal para condicionar su actuación, los 50.000 euros dirigidos a una testigo para alterar su declaración, y la promesa de destinos profesionales en el extranjero a funcionarios a cambio de actuar contra sus propias obligaciones.
A ello se suma la revelación de secretos del artículo 417, por la filtración de información clasificada sobre la estructura interna y los mandos de la UCO.
La ingeniería financiera de la trama sustenta los cargos de falsedad en documento mercantil —artículos 392 y 390.1.1º—, derivados del sistema de facturas por servicios inexistentes utilizado para mover fondos del PSOE sin dejar rastro.
El tráfico de influencias de los artículos 428 y siguientes recoge la capacidad de los investigados para orientar expedientes administrativos en beneficio propio o ajeno valiéndose de sus contactos con cargos públicos.
Completan el cuadro acusatorio la prevaricación del artículo 404; la inducción al falso testimonio del artículo 458, por los intentos de condicionar declaraciones en procedimientos judiciales; la acusación falsa del artículo 456, por las denuncias infundadas presentadas contra magistrados y mandos policiales para desestabilizar las investigaciones; el delito contra las instituciones del Estado del artículo 504.2; y el blanqueo de capitales, imputado específicamente al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba Carnerero.
El propio magistrado advierte que esta relación de tipos penales tiene carácter provisional, sin perjuicio de la calificación jurídica definitiva que corresponda a medida que avance la instrucción.
