La sentencia cayó como un mazazo en Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos. Un jurado popular declaró a Meta Platforms responsable de facilitar la explotación sexual de menores en sus propias plataformas y fijó una sanción de 375 millones de dólares.
No es una multa más.
Es la primera vez que la empresa de Mark Zuckerberg es condenada por un jurado por los daños infligidos a niños.
Y, según juristas consultados, marca un punto de inflexión con ecos inquietantemente familiares: los grandes litigios contra la industria del tabaco.
El veredicto, emitido el 24 de marzo tras apenas un día de deliberación, puso fin a casi siete semanas de juicio en el Primer Tribunal Judicial de Santa Fe.
La conclusión del jurado fue tajante: Meta incurrió en prácticas engañosas sobre la seguridad de Facebook e Instagram y se aprovechó de la vulnerabilidad de los menores.
Dos cargos. Miles de infracciones individuales. Cinco mil dólares por cada una. La suma, histórica, quedó aun así lejos de lo que pedía la fiscalía.
Pero la historia empezó mucho antes, lejos de la sala del tribunal. En 2023, la oficina del fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, lanzó una operación encubierta que terminaría siendo clave.
Investigadores crearon perfiles falsos haciéndose pasar por menores de 14 años. No tuvieron que esperar. En cuestión de horas, las cuentas quedaron expuestas a contenido sexual explícito y recibieron mensajes de adultos.
Algunos intentaron concretar encuentros. Aquella evidencia dio pie a cargos penales… y a una demanda que apuntaba directamente al corazón de Meta.
Un español, exejecutivo de Instagram, testigo de cargo
El juicio, iniciado el 9 de febrero de 2026, se convirtió pronto en un desfile de testimonios incómodos para la compañía.
Ninguno tan demoledor como el de Arturo Béjar, exdirector de ingeniería y hoy convertido en denunciante interno.
Su relato no fue técnico; fue personal. Contó cómo su propia hija, con 14 años, recibió insinuaciones sexuales en Instagram. Mostró vídeos. En ellos, cuentas ficticias de adolescentes eran empujadas por el algoritmo hacia contenido cada vez más perturbador.
Minutos, no días.
“El sistema conecta intereses con una precisión extraordinaria”, explicó ante el jurado. Pausa. Luego, sin rodeos: “Si el interés son niñas pequeñas, será extraordinariamente eficaz en conectar con niñas pequeñas”. La frase quedó suspendida en la sala, incómoda, difícil de refutar.
La defensa intentó erosionar su credibilidad. Señaló que llevaba años fuera de la empresa, que desconocía herramientas recientes de seguridad.
Béjar no lo negó. Tampoco se movió un milímetro de su tesis.
La seguridad no estaba en el centro de Instagram
No fue el único. Brian Boland, exvicepresidente de alianzas, reforzó la idea de una cultura corporativa donde la seguridad no ocupaba el centro.
“No creía en absoluto que fuera una prioridad”, dijo, aludiendo tanto a Zuckerberg como a la entonces directora de operaciones, Sheryl Sandberg.
Desde el lado de Meta, el mensaje fue distinto. Adam Mosseri, director de Instagram, defendió las nuevas funciones de protección para adolescentes, aun a costa de sacrificar crecimiento y «engagement».
Ravi Sinha, responsable de seguridad infantil, subrayó la colaboración con las fuerzas del orden. Zuckerberg, ausente en sala, apareció en vídeo. Declaración medida. Lenguaje corporativo. Ninguna sorpresa.
El jurado, sin embargo, ya tenía su narrativa.
El caso no ha terminado. En mayo se celebrará una segunda fase del juicio. El juez Bryan Biedscheid deberá decidir —sin jurado— si Meta ha generado un daño público estructural y si está obligada a financiar programas de mitigación.
También podría imponer cambios concretos: verificación de edad más estricta, controles reforzados sobre cuentas vinculadas a delitos sexuales.
La compañía ya ha anunciado que apelará. “Discrepamos respetuosamente con el veredicto”, señaló un portavoz.
Un día después Meta y Google fueron condenados en Los Ángeles
El golpe llega en un momento especialmente delicado. Apenas un día después, el 25 de marzo, en Los Ángeles, otro jurado encontró a Meta y a YouTube responsables de dañar gravemente la salud mental de una menor. Seis millones de dólares en compensación.
Dos veredictos consecutivos. Dos frentes abiertos.
Para Béjar, convertido en símbolo incómodo de la disidencia interna, hay una lectura clara: los juicios con jurado equilibran, al menos parcialmente, el peso entre ciudadanos y corporaciones multimillonarias.
Más de 40 fiscales generales estatales han iniciado litigios similares en Estados Unidos.
Y lo más relevante, apuntan expertos, es cómo están construidos: centrados en decisiones de diseño y responsabilidad de producto, esquivando así el escudo habitual de la Sección 230.
La comparación con el tabaco ya no suena exagerada. Empieza a parecer, más bien, un precedente en construcción.
