El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto un nuevo frente en la batalla declarada contra los grandes tecnológicas como X, Meta y TikTok. En esta ocasión, quiere que se les investigue por la creación y difusión de pornografía a través de ‘deepfakes’ (vídeos hiperrealistas creadas a través de Inteligencia Artificial).
Así lo anunció este martes en sus cuentas de redes sociales, donde indicó que el Consejo de Ministro invocaría el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público, que establece que «el Gobierno podrá interesar del Fiscal General del Estado que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público».
«Estas plataformas están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas. El Estado no lo puede permitir. La impunidad de los gigantes debe acabar», ha aseverado desde X, una de las plataformas contra las que pretenda dirigir acciones.
La portavoz del Gobierno confirma que se ha activado esta petición
Tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, alertó a los medios de que estos hechos son «un asunto de enorme relevancia» en un contexto donde el Ejecutivo ha puesto el foco en la defensa de los entornos digitales de los menores.
«No podemos permitir, a través del algoritmo, que se pueda amplificar o amparar todo esto. Está en juego la seguridad de nuestros hijos, de nuestras hijas, la protección de su imagen, de su intimidad, de su libertad», ha declarado la ministra.
Si bien la acción es acogida con los brazos abiertos en la sociedad, hay muchos interrogantes que rodean el final de este nuevo frente: ¿cómo se va a actuar? ¿cómo se puede actuar contra el autor? ¿cómo se pude actuar contra quien difunde? ¿hasta que punto es responsabilidad de la plataforma?
La ministra ha sido preguntada por todas estas cuestiones, pero su repuesta no ha terminado de cerrar las cuestiones: «Tenemos un marco de legislación actual que nos permite esa protección, pero lo que hacemos con esta medida es concretarlo aún más», ha señalado.
Saiz ha agregado que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se va a dirigir a la Fiscalía, «acompañando un informe de lo que pasa en otros países» del entorno, de cara a que «investigue y, en su caso, tipifique este tipo de acciones». Ello, en virtud del artículo 8.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público.
Según mencionado precepto, «la comunicación del Gobierno con el Ministerio Fiscal se hará por conducto del Ministro de Justicia a través del Fiscal General del Estado».
Bolaños ha dirigido una carta a Peramato sobre esta cuestión
Y así ha sido. Tal y como ha adelantado El País, Bolaños ya se ha dirigido a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, reclamando acciones frente a estos casos. En ella ha adjuntado el informe detallado que adelantó la portavoz del Gobierno sobre cómo este fenómeno se ha multiplicado en los últimos años.
«Los hechos ilícitos que se cometen podrían no ser una consecuencia imprevista, sino el resultado de un curso de acción deliberado y consciente que podría haber sido fácilmente evitado si se hubieran tenido en cuenta los derechos de los menores», señala Bolaños en la carta a la que ha tenido acceso El País.
El siguiente paso está en el segundo párrafo del artículo 8. 2. Ahora, la fiscal general del Estado deberá reunir y oír a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo. Tras escuchar su opinión «resolverán la viabilidad o procedencia de las actuaciones interesadas y expondrá su resolución al Gobierno de forma razonada».
