El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha puesto el dedo en una llaga que el sistema judicial lleva tiempo ignorando: en España, un ciudadano puede iniciar un proceso judicial sin saber cuánto le va a costar perderlo.
No por falta de información. Por ausencia de criterios orientativos.
Y esa incertidumbre, advierte González, está convirtiendo el derecho a la defensa —garantía constitucional recogida en el artículo 24— en un privilegio al alcance de quienes pueden asumir el riesgo económico de no conocer las consecuencias.
La raíz del problema es técnica pero su impacto es social. Los órganos judiciales no aplican parámetros homogéneos para fijar las costas procesales en sus sentencias.
Cada juez, cada tribunal, opera con criterios dispares. El resultado: los abogados son incapaces de informar a sus clientes —obligación que les impone expresamente la Ley Orgánica del Derecho a la Defensa, aprobada en 2024— sobre el importe que podrían enfrentar si el proceso se resuelve en su contra.
«No pasa en ningún país» del entorno europeo, afirma González. Una anomalía que, en la práctica, opera como un filtro económico silencioso ante las puertas de los juzgados.
«Lo que está pasando hoy en España es que se ha debilitado el derecho a defensa y con ello la tutela judicial efectiva», ha expuesto el presidente de la Abogacía.
No en un foro académico. En una entrevista directa, con Europapress, con la contundencia de quien lleva meses trasladando el mismo mensaje al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial y a todos los actores del sistema.
Sin que la respuesta haya llegado.
Un derecho fundamental, en crisis
González no emplea la palabra «crisis» a la ligera. La tutela judicial efectiva —el derecho de todo ciudadano a obtener de los tribunales una respuesta fundada en Derecho— es uno de los pilares del Estado de Derecho.
Erosionarla, aunque sea por omisión normativa, tiene consecuencias que van más allá del debate corporativo. «Es inaudito», dice González, «que un ciudadano no sepa cuáles son las consecuencias económicas de iniciar un procedimiento para resolver un conflicto».
La Ley Orgánica del Derecho a la Defensa establece con claridad que las costas forman parte del derecho del ciudadano a conocer el coste real de acceder a la justicia. Impone al letrado la obligación de informar.
Pero esa obligación choca con una realidad inamovible: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que la existencia de dichos criterios orientativos incorporarían cifras que pueden convertirse en recomendaciones colectivas de precios, prohibidas por el derecho de la competencia.
Un contencioso que se ha judicializado con el recurso de casación interpuesto por el Colegio de Abogados de Valencia ante la Sala de lo Civil del Supremo.
El resultado es el que González describe sin eufemismos: miles de ciudadanos que renuncian a ejercer sus derechos porque no pueden calcular el riesgo. No porque no tengan razón. Porque no pueden asumir la incertidumbre.
Reformas estructurales, adaptación forzosa
La crisis de las costas no es el único frente abierto. La Abogacía absorbe simultáneamente los efectos de dos reformas que han transformado el trabajo cotidiano en los despachos: los tribunales de instancia —sustitutos de los juzgados unipersonales— y los Medios Adecuados de Solución de Controversias, los MASC, mecanismo de resolución extrajudicial obligatorio antes de acceder a determinados procedimientos judiciales.
Sobre los MASC, González ofrece un diagnóstico llamativamente honesto: «No tenemos datos porque no se registran los acuerdos alcanzados». Una reforma de calado, implantada sin sistema de evaluación.
La Abogacía no puede medir su impacto porque el impacto no se mide. Los tribunales de instancia, por su parte, presentan fricciones de otro tipo: el expediente judicial debería ser accesible telemáticamente —así lo prevé la reforma—, pero «no siempre es posible por disfunciones de la tecnología implantada en los juzgados».
La norma existe; la infraestructura que debería sostenerla, a ratos, no.
Turno de oficio: treinta años de una deuda pendiente
González reclama también que se mejore la «retribución» y «consideración» de los abogados del turno de oficio, pues están «asumiendo una buena parte de ese servicio público que está recogido en la Constitución y que permite que todos los ciudadanos, con independencia de su situación económica, puedan acceder a la justicia».
Ante las reivindicaciones de los letrados de oficio para que mejoren sus condiciones laborales, González ha recordado que este año se cumplen 30 de la aprobación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que regula esta figura.
Sin embargo, González ha señalado algunas deficiencias, como que «no prevé la actualización» salarial ni tampoco «el pago de todas las actuaciones» que hacen los letrados de oficio. Y ha proclamado que la justicia gratuita «es una responsabilidad de la Administración, que tiene que asumir el coste real que tiene».
Así las cosas considera que «es el momento de ir a una conceptualización del servicio que dan los abogados de oficio, del servicio que tiene que dar el Estado y las Comunidades Autónomas con transferencia al ciudadano».
Y ha avanzado que la Abogacía Española está manteniendo conversaciones con representantes del resto de actores jurídicos para abordar esta cuestión: «Queremos hablar con quienes tienen voz para opinar, para proponer cambios a ese proyecto del Ministerio y nos parece fundamental que escuchen a la Abogacía y que abramos ese canal para esa tramitación, ese debate parlamentario sobre lo que tiene que ser la nueva ley de justicia gratuita».
