No fue una jornada más. El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) acogió el pasado 2 de junio un encuentro que lleva tiempo gestándose en el subsuelo de la agenda jurídica española y que, por fin, ha emergido con formato propio.
La primera edición de «Derechos Humanos, Compliance, ESG y empresa: Presente y Futuro» reunió en una misma sala a juristas, Compliance Officers y representantes de grandes empresas e instituciones. Fue organizada de forma conjunta por la Sección de Derechos Humanos, la Sección de Compliance, la Sección de Abogados de Empresa y el Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC). Y tiene vocación de continuarse.
El Decano del ICAM, Eugenio Ribón, lo dejó claro desde el primer momento en su intervención inaugural. Lo que está en juego no es una moda regulatoria.
Es una transformación estructural en la forma en que las empresas operan ante una sociedad que exige, cada vez con más fuerza, transparencia, responsabilidad y compromiso real. No palabras. Hechos.
En ese mismo acto de apertura se hizo pública otra novedad relevante: el acuerdo de colaboración entre el ICAM y el IOC.
Su objetivo, promover la función de cumplimiento desde dentro: cultura ética, integridad, buen gobierno y desarrollo profesional de los especialistas en compliance y de los abogados que trabajan en este ámbito.
No es un acuerdo menor.
Las ponencias fueron al grano. Manuel Crespo, presidente del IOC y Chief Compliance Officer de Telefónica, centró su intervención en la naturaleza estrictamente jurídica de la función de cumplimiento. Y puso el foco en dos vectores que concentran hoy la mayor presión sobre los departamentos legales: la cadena de suministro y la inteligencia artificial.
Dos realidades que ya no admiten improvisación.
Erika Torregrossa, presidenta de la Sección de Derechos Humanos del ICAM y CEO de Diplocorp recorrió la evolución normativa de la diligencia debida en materia de derechos humanos. Desde los estándares internacionales hasta las nuevas directivas europeas.
Su mensaje fue preciso: el camino hacia empresas más éticas no es opcional. Es una exigencia del nuevo marco regulatorio.
La cara más práctica del debate la aportó María Rocha, Senior Legal Manager Due Diligence de Repsol. Explicó cómo funciona el modelo de diligencia debida que la compañía ha implantado en su operativa real: herramientas digitales, inteligencia artificial aplicada al análisis de riesgos en proveedores y sistemas de generación de recomendaciones de mitigación. Nada teórico. Arquitectura en marcha.
Cerró la jornada María Hernández, Of Counsel de Eversheds Sutherland y directora del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y Empresa del IOC.
Su intervención fue, probablemente, la más incómoda. Y la más necesaria.
Hernández puso nombre a los riesgos que la agenda corporativa todavía prefiere no mirar de frente: la gestión algorítmica, las plataformas digitales, las zonas de conflicto armado, las criptomonedas.
Y uno que empieza a ganar terreno en el vocabulario del Compliance internacional: el corporate hushing. La tendencia de las empresas a silenciar públicamente sus compromisos ESG para evitar la presión del escrutinio externo.
Como colofón, Hernández presentó oficialmente el Grupo de Trabajo de Compliance, Derechos Humanos y Empresa del IOC. Sus líneas prioritarias: inteligencia artificial, cadena de suministro y diálogo con la sociedad civil.
El ICAM respaldó la iniciativa. Y se comprometió a seguir impulsando, junto al IOC, nuevos estándares profesionales en una materia que ha dejado de ser periférica.
Está en el centro. Y ya no se va.
