Pocas trayectorias resumen tan bien el conocimiento del mundo de la Justicia como la de Juan Carlos Campo. Juez de carrera, ha tocado todos los palos: vocal del Consejo General del Poder Judicial, secretario de Estado de Justicia, ministro de Justicia y, en la actualidad, magistrado del Tribunal Constitucional.
Esa mirada de 360 grados —desde la sala de vistas hasta el diseño de las grandes políticas públicas— le ha convertido en uno de los grandes expertos y conocedores de la Administración de Justicia española.
Fue precisamente él quien impulsó en España el movimiento por la modernización del lenguaje jurídico, primero como secretario de Estado de Justicia en 2010 —cuando el asunto se elevó al Consejo de Ministros para darle el rango que merecía, con un órgano en cuya vicepresidencia figuró Víctor García de la Concha, entonces director de la Real Academia Española— y después al frente del propio Ministerio.
Para Campo, el lenguaje claro nunca fue una concesión estética, sino una exigencia democrática básica: «No puedo respetar una norma que no comprendo».
Su huella en la comunicación judicial es igualmente honda. Desde el CGPJ, y en concreto, de la Comisión de Comunicación, de la que formaron parte, con él, sus compañeros Enrique López, Montserrat Comas, José Luis Requero y Adolfo Prego, impulsó la creación de los gabinetes de comunicación de los 17 Tribunales Superiores de Justicia y el reforzamiento de los ya existentes en el Tribunal Supremo y en el propio Consejo.
Fue, además, con sus cuatro compañeros, promotor del Protocolo de Comunicación del CGPJ, la base sobre la que se ha levantado la gran apertura de transparencia y comunicación de la justicia española de las últimas dos décadas.
Quien defiende hoy la figura del juez divulgador, por tanto, sabe perfectamente de lo que habla: el derecho a comprender y el juez divulgador son, en su pensamiento, las dos caras de una misma moneda.
Usted impulsó el movimiento por el lenguaje claro siendo secretario de Estado y ministro. ¿Por qué le ha dedicado tantos años?
Porque el problema del lenguaje jurídico es un problema tremendamente básico: yo no puedo respetar una norma que no comprendo. De ahí parte todo.
Aquella primera iniciativa, en 2010, no fue una ocurrencia administrativa; fue un encargo que elevamos al Consejo de Ministros precisamente para darle el rango que merecía, con un órgano en cuya vicepresidencia estuvo Víctor García de la Concha, entonces director de la Real Academia Española.
El problema es la fragilidad de estos avances: cada vez que se cambia al responsable, la cosa se olvida y hay que volver a golpear para retomar el camino.
Aunque se han hecho cosas, la historia de la modernización del lenguaje jurídico es la historia de un fracaso.
¿Quién tiene la responsabilidad de garantizar ese derecho a comprender?
Toda la cadena institucional. La norma, en primer lugar, tiene que saber explicarse. Los medios de comunicación, como elemento vertebrador entre la sociedad y un mundo tan complejo como la justicia, tienen que saber articularlo.
Y, finalmente, también el Poder Judicial tiene que saber explicarlo. No es responsabilidad de uno solo: es una corresponsabilidad.
Una buena forma de promover este derecho a comprender podría ser que el Consejo General del Poder Judicial instaurara un premio al juez que redacte más claro, en esta línea de comprensión.
Aquí enlaza con su defensa de la figura del «juez comunicador» o «juez divulgador». ¿Qué es exactamente y de dónde nace la idea?
Es una figura que ya existe en países de la Unión Europea, como Holanda, donde un magistrado ajeno al caso explica, en lenguaje comprensible para el gran público, una sentencia o un acontecimiento judicial relevante.
De una manera muy parecida a como lo hacen, con notable éxito, la Policía Nacional o la Guardia Civil. No nace de una ocurrencia mía: lleva flotando en el ambiente desde hace años y la han reivindicado los propios Jueces Decanos en sus jornadas y los presidentes de Audiencias Provinciales.
Además, está recomendada por la Red de Consejos del Poder Judicial de Europa.
Subraya que se trata de un magistrado «ajeno al caso». ¿Por qué ese matiz es tan importante?
Porque no estamos hablando de que el juez instructor o el ponente salgan a defender su resolución. Eso comprometería la independencia y la apariencia de imparcialidad.
El juez comunicador no decide, no opina sobre el fondo: traduce. Su misión es tender un puente entre el Estado, donde están los jueces, y la sociedad, donde está la prensa y la opinión pública.
Es un cauce oficial, no una voz interesada. La figura del juez comunicador ayudaría a que la ciudadanía entendiera las decisiones de los jueces.
«La voz de un magistrado que explica a los medios de comunicación tiene una autoridad y una credibilidad que un comunicado institucional difícilmente alcanza».
¿No hacen ya ese trabajo los gabinetes de comunicación de los tribunales?
Los gabinetes, insertos en el Supremo, en la Audiencia Nacional y en los Tribunales Superiores de Justicia, realizan una labor encomiable, eso hay que decirlo con todas las letras.
Los pusimos en marcha en mi etapa como vocal del CGPJ y han cambiado para bien la relación de la justicia con la sociedad. Pero son una condición básica que no culmina.
Por eso digo que hay que dar unos pasos más. La voz de un magistrado que explica a los medios de comunicación tiene una autoridad y una credibilidad que un comunicado institucional difícilmente alcanza.
¿Esa exigencia de claridad no choca con el tecnicismo propio del lenguaje jurídico?
No tiene por qué. El jurídico es un lenguaje técnico y se construye con tecnicismos, que son una riqueza semántica imprescindible. Lo claro no es lo mismo que lo simple.
Un lenguaje claro es, ante todo, un lenguaje preciso, y eso en el Derecho incluye un arsenal de términos específicos. No se trata de empobrecer el discurso, sino de depurarlo.
Cuando algo logra ser claro es porque detrás ha habido un largo proceso de depuración.
¿Por qué resulta tan urgente ahora esta figura?
Por la tormenta perfecta que se ha generado en la relación entre prensa y justicia. Asistimos con demasiada frecuencia a juicios paralelos, e incluso a juicios anticipados que se ponen en marcha desde la primera sospecha policial.
Cuando la justicia del papel se superpone a la de los estrados, el resultado es la pena de banquillo y un atentado a la presunción de inocencia.
Frente a ese festín mediático, debe quedar claro a los profesionales de la información cuál es la fuente oficial a la que atribuir credibilidad y fiabilidad pública.
El juez comunicador puede ser, precisamente, ese cauce.
Hay quien reclama un protagonismo creciente del Poder Judicial como pacificador social. ¿Lo comparte?
Marco distancias. La justicia es la última ratio: cumple el rol de la cirugía en la medicina. La pacificación social debe llegar antes, por otros muchos caminos.
El juez está sometido a la ley, y son los poderes públicos quienes deben remover los obstáculos que impiden la efectividad de los derechos de los ciudadanos.
Pedirle al juez que lo resuelva todo es desnaturalizar su función y, además, cargarlo con una responsabilidad que no le corresponde.
«Desde las Cortes de Cádiz arrastramos el mismo problema, cuando ya se denunciaba el mal de unas leyes escritas en una lengua extraña para el pueblo».
¿Es la figura del juez comunicador la solución definitiva al problema de los juicios paralelos?
Lo he dicho muchas veces: no hay solución, solo cuestiones de mejora. El proceso y el juicio paralelo deben aprender a convivir, porque estamos ante un problema de convivencia.
Sería ilusorio pensar que con esta figura acabaríamos con el problema.
Pero, junto a los códigos deontológicos, la distinción entre información y opinión y una justicia que acelere sus tiempos como exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el juez comunicador es un paso necesario.
Idealmente debería articularse con ocasión de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Una última reflexión: ¿qué le pide, en el fondo, a este juez que explica?
Le pido que devuelva a la ciudadanía algo que nunca debió perder: la posibilidad de entender en qué lengua se debaten sus derechos.
Desde las Cortes de Cádiz arrastramos el mismo problema, cuando ya se denunciaba el mal de unas leyes escritas en una lengua extraña para el pueblo.
El juez comunicador no resuelve todo, pero es un gesto poderoso: la justicia bajando del estrado para hacerse entender.
