Cinco de las siete asociaciones de jueces y fiscales convocaron, los pasados 1,2 y 3 de julio, una huelga de jueces y fiscales a nivel nacional. Un «parón judicial» que venía a mostrar el desencanto de los profesionales de la Justicia con las reformas en este sector llevadas a cabo por el Gobierno de España. Pero que, sin embargo, parece haber «enfriado» aún más la relación con los órganos de gobierno. Ello, incluyendo al Consejo General del Poder Judicial.
Los días 1,2 y 3 de julio, jueces y magistrados de toda España secundaron una huelga contra las últimas reformas del Gobierno en materia de Justicia. Una huelga que, según las asociaciones convocantes, tuvo un 70% de seguimiento.
Datos que distan de los ofrecidos por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que lo limitaba a un 40%. Y, posteriormente, alegaba que sólo un juez, y apenas una treintena de fiscales, habían notificado su ejercicio del derecho a huelga.
Algo que parece haber «enfriado» la relación entre asociaciones y Ministerio. Pero que también parece contar con diversas valoraciones dentro de Justicia. Ello, hasta el punto de generar controversia.
Argelia Queralt, vocal del CGPJ
«Sí, se pidió desde la Comisión Permanente que se comunicara qué jueces hacían huelga. Y nadie comunicó nada», explica a Confilegal la vocal del CGPJ Argelia Queralt.
Así pues, según la vocal progresista, durante la huelga, «la comisión permanente estuvo constituida excepcionalmente durante esos tres días. Y se les comunicó a las salas de Gobierno de los TSJ que se comunicaran los incidentes que se produjeran durante la huelga».
«No hubo ninguno», remara la vocal. «Llama la atención que las asociaciones digan que hubo un seguimiento del 70%, y que desde las salas de gobierno no se comunique ninguna incidencia. Una gran casualidad».
Algo ante lo que Argelia Queralt cree que son los propios jueces y fiscales los que, ante una situación semejante, deben ser los responsables de «comunicar que están haciendo huelga». «Y me remito a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde los años 80», destaca.
Unos canales oficiales que se establecieron, y que ella misma no ha dudado en defender a través de las redes sociales, en un contexto en el que los «números» de la huelga siguen «bailando».
«Creo que los jueces, cada una de esas personas, son miembros que integran y personifican el Poder Judicial. Por lo que no pueden tener derecho de huelga. Y me remito al voto particular que firmamos los 9 vocales progresistas», destaca.
Fernando Portillo, sobre el seguimiento de la huelga
Una posición muy distinta a la que mantienen las asociaciones y jueces particulares. También en las redes sociales, donde también contestaban a la vocal del CGPJ con su valoración de la huelga. Y, especialmente, la contabilización de huelguistas después de estos tres días de parón.
«En 2018 hicimos un día de huelga. Y me acuerdo que los LAJ sí que llevaron una contabilidad de los juicios que se suspendieron por falta de juez. Y el ministerio hizo una deducción a los huelguistas», explica Fernando Portillo, presidente de la FJI, a Confilegal.
Un ejemplo que, para Portillo, el Ministerio de Félix Bolaños podría haber seguido en esta ocasión. «De hecho, tengo fotos del documento que el ministerio pasó a sus altos funcionarios, donde les pedían conocer cuántos juicios se suspendían por ausencia de juez. Con lo cual, el ministerio sí habría tenido datos. Y de ahí es de donde el ministerio dijo que había un seguimiento del 40%».
Huelga que las asociaciones comunicaron tanto al CGPJ como a la FGE. Ello, obteniendo una respuesta «de perfil» por parte de ambas instituciones.
«El CGPJ en ningún caso nos dijo que si hacíamos huelga teníamos que comunicárselo por alguna vía. No se habilitó ningún canal, ni se nos dio indicaciones», lamenta. «El camino correcto habría sido que el Consejo nos hubiera dicho que, voluntariamente, le comunicáramos a través de un correo electrónico el seguimiento de cada uno de la huelga, para informar posteriormente al ministerio. Pero eso no sucedió».
Falta de datos que, para Portillo, fue utilizado por el Gobierno. «Hace un discurso puramente demagogo. Una manipulación muy burda, diciendo que solo un juez hizo huelga. Ello, con el interés de deslegitimarnos ante la ciudadanía. incluso afectando al interés del erario público», lamenta.
Y es que, el presidente de FJI asegura que los supuestos «canales» abiertos por el CGPJ para comunicar la huelga no fueron conocidos ni hechos públicos por las entidades responsables. Algo que ha sido utilizado desde el Ejecutivo para hacer «política con el dinero público»
«Es una pena que hayan preferido hacer dejación de sus deberes con los fondos públicos, pagándonos, para seguir manteniendo el discurso de que los jueces somos una clase privilegiada y que nadie nos quita el dinero. Convierte su incumplimiento para ganar el relato», critica al departamento de Bolaños.
