De izquierda a derecha la nueva ejecutiva de la APIF: Luján Castro Rodríguez, Vicente González Mota, el nuevo presidente, Teresa Gálvez (consejera en el Consejo Fiscal por la APIF), Santiago Sánchez López y José Antonio Díez Rodríguez. En la foto falta Sylvia López Ubieto. Foto: APIF.

La APIF exige acabar con los nombramientos por confianza en la Fiscalía y reclama ascensos basados exclusivamente en el mérito y la capacidad

17 / 11 / 2026 05:42

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) reclama una reforma profunda del sistema de nombramientos, ascensos y organización del Ministerio Fiscal para impedir que la afinidad política o asociativa condicione la carrera profesional de sus integrantes.

La asociación considera que los nombramientos basados en la confianza favorecen la politización de la institución y debilitan su credibilidad.

Esta es una de las principales conclusiones de su congreso anual, celebrado en Madrid los días 13 y 14 de noviembre, bajo el lema «La profesionalización de la Carrera Fiscal como garantía de los principios de imparcialidad y legalidad. El desarrollo de la carrera profesional».

El encuentro, que ha culminado con la elección de Vicente González Mota como nuevo presidente de la APIF, ha aprobado un amplio documento de propuestas que abarca desde la designación de los puestos de responsabilidad hasta las condiciones de las guardias, la evaluación del trabajo de los fiscales, la distribución de asuntos y la autonomía presupuestaria de la institución.

El denominador común es la exigencia de reglas objetivas, conocidas de antemano y susceptibles de control, que reduzcan los márgenes de discrecionalidad en la gestión de la carrera fiscal.

Los nombramientos discrecionales, en el centro de las críticas

Uno de los planteamientos más relevantes del congreso afecta al procedimiento de provisión de los puestos discrecionales, tradicionalmente uno de los aspectos más controvertidos de la organización del Ministerio Fiscal.

La APIF exige que estos nombramientos se ajusten a un baremo establecido y publicado antes de cada convocatoria, de manera que los candidatos conozcan previamente los criterios que determinarán la elección.

La asociación, la tercera de la carrera –cuenta con un consejero en el Consejo Fiscal–, sostiene que el margen de discrecionalidad debe limitarse a aquellos aspirantes que acrediten méritos y capacidades equivalentes, sin que la pertenencia a una determinada asociación profesional pueda constituir una ventaja.

También introduce una consideración especialmente significativa: cuando un nombramiento anterior se haya apartado, a juicio de la APIF, de los principios de mérito y capacidad, la categoría o el puesto alcanzado no deben valorarse automáticamente como un mérito adicional.

En esos supuestos, lo relevante tendrá que ser el trabajo realmente desempeñado.

Se trata de evitar que un nombramiento considerado inadecuado por la asociación pueda generar ventajas acumulativas en futuras promociones.

El documento también distingue entre los puestos discrecionales y los cargos de confianza, que, según la APIF, deben tener carácter excepcional.

En estos últimos, sus titulares deberían cesar cuando concluya el mandato de quien los designó.

La asociación denuncia que se hayan cubierto puestos discrecionales aplicando exclusivamente criterios de confianza, permitiendo que los designados continúen ocupándolos incluso después del cese de quien impulsó su nombramiento.

La Inspección Fiscal no debe convertirse en un instrumento de presión

Otra de las preocupaciones expresadas en el congreso se refiere al funcionamiento de la Inspección Fiscal y a las garantías profesionales de los miembros del Ministerio Público.

La APIF reclama que la actividad inspectora se desarrolle exclusivamente conforme a criterios profesionales, dentro de sus competencias y sin interferencias derivadas de intereses ajenos al servicio.

En este sentido, considera necesario reforzar los mecanismos que protejan a los fiscales frente a eventuales presiones sustentadas en razones de conveniencia política.

La asociación advierte contra la utilización de la inspección y de las decisiones sobre ascensos como mecanismos para premiar la afinidad con el poder.

A esta reivindicación se añade la exigencia de transparencia en la distribución del trabajo.

La asignación de procedimientos deberá responder, según las conclusiones aprobadas, a criterios objetivos establecidos previamente.

La APIF reclama igualmente que la avocación de asuntos y las designaciones especiales para intervenir en procedimientos concretos no puedan utilizarse para favorecer o perjudicar a determinados fiscales.

La asociación defiende, por tanto, que las decisiones de organización interna sean verificables y puedan someterse a revisión cuando existan discrepancias.

Un presupuesto propio y una nueva organización del Ministerio Fiscal

El congreso también ha abordado la estructura institucional del Ministerio Fiscal.

La APIF considera necesario acometer un nuevo diseño de la carrera profesional y de la organización de las fiscalías, contando previamente con la opinión de sus integrantes a través de las juntas de fiscales.

Uno de los objetivos es reforzar la autonomía de la institución frente a los demás poderes del Estado.

Para ello, reitera su reivindicación de que el Ministerio Fiscal disponga de un presupuesto propio, que contribuya a garantizar su capacidad de organización y funcionamiento.

La asociación también se pronuncia sobre la eventual atribución de la instrucción penal a los fiscales, una de las reformas de mayor trascendencia para el futuro de la Justicia española.

Su posición es que este cambio exige una planificación específica, atendiendo a las consecuencias organizativas y profesionales que supondría asumir nuevas funciones.

Las conclusiones plantean, asimismo, una revisión del sistema de especialidades y, particularmente, del régimen de nombramiento de los fiscales de Sala y sus adjuntos como puestos de confianza.

La APIF propone reconsiderar también la incorporación de estos responsables a la Junta de Fiscales de Sala.

Su objetivo es reforzar el carácter técnico de este órgano, concebido como instancia de asesoramiento y contrapeso al fiscal general del Estado.

Para conseguirlo, plantea una medida concreta: el ascenso a la primera categoría de todos los fiscales que acrediten más de 35 años de servicio.

La asociación presenta esta propuesta como una forma de reconocer la experiencia y garantizar oportunidades reales de promoción durante toda la trayectoria profesional.

Un fiscal por cada juez de guardia

Las condiciones laborales ocupan otro apartado destacado de las conclusiones.

La APIF reclama que cada fiscal que preste servicio de guardia disponga de un espacio adecuado, teléfono corporativo operativo desde el inicio, acceso seguro a los expedientes y apoyo efectivo de la oficina fiscal.

Pero la reivindicación más significativa es organizativa.

La asociación propone que exista un fiscal por cada juez de guardia en los distintos partidos judiciales, evitando que un mismo representante del Ministerio Público deba atender simultáneamente varios partidos.

También reclama mecanismos de coordinación y refuerzo que permitan responder a actuaciones coincidentes, así como una revisión del régimen de descansos, compensaciones y retribuciones.

La remuneración, sostiene, debe corresponderse con la responsabilidad que asumen los fiscales durante estos servicios.

En materia de planificación, el congreso establece como objetivo que los cuadrantes de trabajo se comuniquen con una antelación mínima de un mes.

Las modificaciones posteriores solo deberían admitirse cuando concurran necesidades sobrevenidas y debidamente justificadas.

Además, propone establecer turnos específicos de incidencias adaptados al tamaño y volumen de trabajo de cada fiscalía, computando estas actuaciones como trabajo efectivo y reajustando los demás servicios.

La APIF insiste en que deben respetarse las jornadas destinadas al estudio y preparación de asuntos, salvo cuando existan urgencias que requieran una intervención inmediata.

La evaluación profesional no puede reducirse a contar procedimientos

Otra de las propuestas se refiere a los criterios empleados para evaluar el rendimiento de los fiscales.

La asociación rechaza que la productividad se determine exclusivamente mediante indicadores cuantitativos.

A su juicio, cualquier sistema de evaluación debe combinar el volumen de trabajo, la complejidad de los asuntos y la calidad jurídica de las actuaciones.

Esto implica reconocer las particularidades de las investigaciones complejas, la preparación de juicios, los servicios de guardia, los desplazamientos y las funciones de coordinación o especialización.

El congreso considera que los datos estadísticos deben utilizarse principalmente para detectar sobrecargas de trabajo y justificar la necesidad de refuerzos, no para exigir idénticos resultados numéricos a profesionales que desempeñan funciones diferentes.

También propone reducir las cargas burocráticas vinculadas a la elaboración de estadísticas.

La información debería extraerse directamente de los sistemas informáticos de gestión, con apoyo de las oficinas fiscales, limitando la intervención de los fiscales a la validación de los datos y la aclaración de incidencias.

Además, reclama eliminar duplicidades, unificar conceptos y establecer procedimientos para corregir errores antes de utilizar las estadísticas con fines comparativos.

Transparencia en las jefaturas y respeto a las discrepancias jurídicas

Las conclusiones también incorporan propuestas para garantizar la transparencia en la organización cotidiana de las fiscalías.

Cada una de ellas debería contar con un documento actualizado y accesible que recogiera las normas sobre reparto de asuntos, guardias, sustituciones, permisos y asignación de responsabilidades.

La APIF exige que las decisiones generales y sus modificaciones queden documentadas, se comuniquen adecuadamente y cuenten con la participación efectiva de las juntas de fiscales.

También reclama que las denominadas «razones del servicio», frecuentemente utilizadas para justificar decisiones organizativas, se concreten suficientemente.

El objetivo es comprobar que situaciones equivalentes reciben el mismo tratamiento y permitir que las decisiones puedan revisarse mediante procedimientos con plazos definidos y respuestas motivadas.

La asociación propone que la Inspección Fiscal examine igualmente la transparencia en el reparto de asuntos y la gestión de las jefaturas.

Por otra parte, el congreso considera necesario regular por escrito los supuestos en los que deben realizarse consultas o someter actuaciones a visado previo.

La unidad de actuación del Ministerio Fiscal, sostiene, debe fundamentarse en criterios jurídicos comunes, accesibles y debatidos en junta.

Las discrepancias jurídicas motivadas deberán tramitarse por los procedimientos estatutarios y respetarse como parte del ejercicio profesional.

Un asistente para descargar de burocracia a los fiscales

Entre las iniciativas de carácter organizativo figura el respaldo a la creación de la figura del asistente al fiscal.

Su función sería proporcionar apoyo en tareas auxiliares, especialmente en la localización de documentos y el manejo de los sistemas de gestión procesal.

Este profesional actuaría bajo la dependencia del fiscal, sin asumir las funciones que le corresponden legalmente.

La finalidad es que los integrantes del Ministerio Público puedan dedicar una mayor parte de su jornada al estudio de los procedimientos y a la preparación de sus actuaciones.

El documento también plantea que las especialidades se ofrezcan internamente atendiendo a las preferencias y formación de los fiscales.

Cuando deban cubrirse sin voluntarios, las asignaciones deberían revisarse en un plazo determinado y acompañarse de medidas de formación y apoyo.

La APIF defiende que las lenguas cooficiales no alteren el escalafón

El congreso ha fijado igualmente su posición sobre la valoración de las lenguas cooficiales en la provisión de destinos.

La asociación considera que su conocimiento podrá valorarse una vez obtenido el destino, pero no debe modificar el acceso a las plazas conforme al escalafón.

Tampoco debe alterar los criterios objetivos de provisión de puestos discrecionales.

La APIF vincula esta posición a su defensa de un sistema de promoción profesional sustentado en reglas homogéneas y previamente establecidas.

Vicente González Mota, nuevo presidente de la APIF

El congreso concluyó con la renovación de la Comisión Permanente de la asociación.

Vicente González Mota ha sido elegido presidente, al frente de un órgano del que también forman parte Santiago Sánchez López y Sylvia López Ubieto, ambos destinados en la Fiscalía de Madrid, Luján Castro Rodríguez, de la Fiscalía de Toledo, y José Antonio Díez Rodríguez, de la Fiscalía de Las Palmas.

Durante el encuentro se aprobaron las cuentas presentadas por el presidente saliente, Miguel Pallarés, y se expresó un reconocimiento especial a Pilar García-Zubalez por su trabajo en la asociación, particularmente en la Comisión Permanente.

El congreso también valoró positivamente la actuación de Teresa Gálvez en el Consejo Fiscal, destacando su independencia respecto de los bloques asociativos y su participación en los informes legislativos, los nombramientos y otras decisiones vinculadas a la carrera profesional.

Asimismo, consideró satisfactorios los resultados de las últimas elecciones al Consejo Fiscal.

Con este conjunto de propuestas, la APIF sitúa la profesionalización de la carrera fiscal en el centro de sus reivindicaciones.

Su planteamiento es que la imparcialidad y la legalidad no dependen únicamente de las garantías previstas en las normas, sino también de cómo se nombran los cargos, se distribuye el trabajo, se evalúa a los profesionales y se toman las decisiones dentro de cada fiscalía.

Un modelo en el que, según las conclusiones aprobadas en Madrid, el mérito, la capacidad y la transparencia deben prevalecer sobre las relaciones de confianza y las afinidades personales, políticas o asociativas.

Noticias relacionadas:

Opinión | ¿Obedecen órdenes de Moncloa? Diez preguntas tras la denuncia del vocal Carlos Hugo Preciado

Perelló reivindica una justicia independiente como contrapeso frente a los demás poderes del Estado

Opinión | ‘Se han recibido llamadas’

Mariano Rajoy califica de «atentado» contra la independencia de los jueces los hechos que investiga la AN sobre el acoso a la juez Biedma

Celima Gallego Alonso, nueva portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia

Opinión | Carta blanca

Lo último en Mundo Judicial

CELIMA GALLEGO

Celima Gallego Alonso, nueva portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia

Miguel Pallarés, miembro de la ejecutiva de la APIF.

Miguel Pallarés deja la presidencia de APIF reivindicando su papel en la condena del ex fiscal general García Ortiz

abuso sexual infantil

UPF pide reformar el Código Penal para que las plataformas respondan por su pasividad ante abusos sexuales infantiles

Presidente de TSJAr

El TSJ de Aragón se une al de Madrid y al de Valencia en su apoyo a la magistrada Beatriz Biedma

asdfasf

Perelló advierte que la IA puede amenazar los derechos fundamentales y apuesta por nuevas respuestas jurídicas