El Tribunal Constitucional (TC) ha concluido hoy que la Constitución no prohíbe la aprobación de leyes de amnistía, aplicando el conocido principio general del derecho de que lo que no está prohibido está permitido.
Con este posicionamiento, la mayoría progresista del órgano allana el terreno para validar la ley que borra penalmente los hechos del ‘procés’, pendiente aún del dictamen final.
El borrador de sentencia, elaborado por la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, será previsiblemente aprobado esta semana.
En la primera parte del pleno monográfico iniciado ayer los magistrados abordaron una cuestión clave: si la Constitución permite, en abstracto, una ley de amnistía.
La mayoría respondió afirmativamente, entendiendo que, en ausencia de una prohibición expresa, el legislador tiene margen para actuar. Así lo establece la ponencia: “El legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente”.
Rechazo a plantear cuestión prejudicial
Antes de entrar en el fondo, el Pleno rechazó la solicitud del Partido Popular, del Senado y de tres magistrados conservadores (Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel) para elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o, al menos, paralizar la decisión hasta que este se pronuncie. La mayoría también desestimó esta petición.
Del debate general al análisis artículo por artículo
La deliberación continuará en los próximos días con un examen más detallado de la ley, incluido el recurso de inconstitucionalidad del PP.
El debate se estructura por bloques temáticos: primero, la constitucionalidad de la ley en su conjunto; después, los artículos concretos impugnados.
Aunque el Pleno no está completo —participan diez de los doce magistrados— se mantiene el equilibrio habitual: seis progresistas frente a cuatro conservadores. Esta correlación refuerza la previsión de que el texto de Montalbán se aprobará sin modificaciones sustanciales.
Dos bajas clave
El magistrado Juan Carlos Campo se apartó voluntariamente del debate por haber firmado como ministro de Justicia los indultos a los líderes del ‘procés’, donde tildó de “inconstitucional” una posible amnistía.
También quedó fuera José María Macías, recusado por la Fiscalía al haber emitido informes sobre esta ley como vocal del anterior Consejo del Poder Judicial. Su salida ha provocado tensiones internas, alimentadas por las críticas al “secretismo” que rodeó la redacción del borrador.
División interna y acusaciones de falta de deliberación
El bloque conservador, liderado por Enrique Arnaldo, ha acusado al presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, de marginar sus peticiones. Le reprochan que limitara el calendario del Pleno, ignorando la solicitud de extender los debates a julio. Desde el sector progresista, en cambio, ven en estas maniobras una estrategia dilatoria.
La tensión es tal que Arnaldo llegó a denunciar por escrito la ausencia de una “auténtica deliberación”.
El contenido de la ponencia
El borrador de sentencia —191 páginas— respalda la constitucionalidad de la ley. Niega que la prohibición de indultos generales del artículo 62.i CE pueda extrapolarse a la amnistía, sobre la que la Constitución guarda silencio. La ponente considera jurídicamente irrelevante el origen político de la norma —la investidura de Pedro Sánchez—, y la legitima como instrumento para “garantizar la paz ciudadana”.
No obstante, la ponencia estima parcialmente el recurso del PP en tres aspectos concretos: Primero, considera inconstitucional la asimetría al amnistiar a unos actores del ‘procés’ sí y a otros no; segundo, rechaza que la ley pueda interpretarse como una vía para mantener “actividades criminales” futuras; y tercero, cuestiona que el archivo de causas en el Tribunal de Cuentas no requiera oír a todas las partes afectadas.
El fallo definitivo se espera entre el jueves y el viernes.
