La Comisión Europea ha disparado con artillería pesada contra la Ley de Amnistía. Su representante legal, Carlos Urraca Caviedes, fue cristalino este martes ante la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE): “la norma española no obedece a un interés general, sino a ‘un pacto político’” para garantizar la investidura de Pedro Sánchez.
El diagnóstico de Bruselas va más allá de la crítica política. Desmonta la arquitectura jurídica de la ley por falta de seguridad jurídica, al considerar que «no es clara ni precisa» en sus disposiciones fundamentales.
El plazo de dos meses que alertó a Europa
El punto de fricción más evidente surge del artículo que obliga a los jueces a aplicar la amnistía en un plazo máximo de dos meses.
Para el representante comunitario, este corsé temporal habría impedido al Tribunal de Cuentas investigar a fondo el presunto uso de fondos europeos para financiar el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la promoción internacional que se hizo del llamado ‘procés’.
Hablamos de 5 millones de euros de dinero público que se habrían empleado para pagar esa consulta ilegal y las acciones fuera de España para promover la secesión de Cataluña. Un destino que el órgano fiscalizador intenta esclarecer tras la denuncia de Sociedad Civil Catalana.
El caso, que marca un precedente al ser el primero que llega a Luxemburgo sobre esta ley, plantea una pregunta jurídica de fondo: ¿puede una norma de amnistía blindar actos que afectan a los intereses financieros de la UE?
La Comisión de Venecia, ignorada
Bruselas también reprocha al legislador español haber hecho oídos sordos a la Comisión de Venecia.
Este órgano consultivo del Consejo de Europa había instado a abrir un «diálogo político significativo» y a tomarse el «tiempo necesario» para construir consensos en materia tan delicada como una ley de amnistía.
La advertencia no fue atendida. El resultado, según Urraca Caviedes, es una norma que «no cumple el requisito de claridad y precisión normativa» exigido por el Derecho europeo y que «impide al Tribunal de Cuentas garantizar la protección de los intereses financieros de la Unión».
Un cuestionamiento integral
El alegato de la Comisión Europea trasciende lo meramente técnico. Cuestiona tanto la legalidad como la legitimidad democrática de una ley que, a su juicio, exonera a personas que por la naturaleza de sus actos no deberían beneficiarse de la amnistía.
Ahora corresponde al TJUE resolver si la norma española es compatible con el marco jurídico europeo.
Una decisión que podría marcar el futuro de la amnistía y, por extensión, la estabilidad del actual Gobierno español.
