La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) arranca este martes el análisis judicial de la Ley de Amnistía española con dos vistas fundamentales. El Alto Tribunal comunitario ha recibido ya cuatro cuestiones prejudiciales formuladas por órganos jurisdiccionales españoles que cuestionan si la nueva norma vulnera el Derecho de la Unión. Las respuestas serán jurídicamente vinculantes.
La primera vista, a las 9:00 horas, abordará la consulta del Tribunal de Cuentas sobre el alcance de la amnistía en materia de responsabilidad contable. El caso se centra en el expresidente catalán Carles Puigdemont y otros 34 excargos del Govern, por el presunto uso irregular de fondos públicos para financiar el referéndum del 1-O y actividades exteriores del ‘procés’.
El Ministerio Fiscal reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria, tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas (que las cifraba en 9,5 millones). Por su parte, Sociedad Civil Catalana (SCC) reclama 5 millones a 11 de los encausados.
Lo que plantea la cuestión prejudicial elevada por la consejera Elena Hernáez al TJUE es si la ley permite la extinción de responsabilidad por actos de corrupción financiados con fondos públicos, lo que podría contradecir los estándares mínimos de protección fijados por la normativa europea.
El Tribunal de Cuentas argumenta que la ley podría vulnerar el principio de igualdad, al establecer una excepción penal para delitos cometidos en nombre de la independencia de Cataluña sin un criterio objetivo y razonable.
Ya por la tarde, a las 15:00 horas, la Audiencia Nacional expondrá otra cuestión prejudicial ante los 15 jueces que componen la Gran Sala del TJUE. Una cuestión prejudicial de diferente índole. Fue elevada por la Sección Tercera de su Sala de lo Penal para que diera una respuesta sobre la aplicación de la Ley de Amnistía en el caso de terrorismo atribuido a varios miembros de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR).
Sus dudas se centraba sobre la la aplicación de la Ley de Amnistía en delitos de terrorismo podría ser contraria al Derecho comunitario y favorecer la impunidad de estos delitos. Como consecuencia –al igual que en el caso del Tribunal de Cuentas– el procedimiento quedó suspendido hasta que el TJUE se pronuncie.
Ambas vistas permitirán a los jueces del TJUE escuchar a las partes implicadas, incluidas las instituciones europeas.
La Comisión Europea, aunque no emitió dictamen formal sobre la norma pese a haberlo anunciado, ha enviado observaciones escritas en las que cuestiona la compatibilidad de la ley con los principios comunitarios.
Bruselas: advertencias por una “autoamnistía” y por límites procesales
En sus alegaciones, la Comisión subraya que la ley española “parece constituir una autoamnistía”, al haber sido fruto de un acuerdo político para asegurar la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y haber contado con el respaldo determinante de sus beneficiarios.
A juicio del Ejecutivo comunitario, esto pone en duda su conexión con el “interés general”, principio esencial en el orden jurídico europeo.
Además, Bruselas alerta de que el Derecho de la Unión se opone a normas nacionales que impongan un plazo rígido de dos meses para decidir sobre la aplicación de la amnistía, si ese límite impide al juez adoptar medidas esenciales —como recabar pruebas o escuchar a las partes— para decidir con fundamento.
También critica que no se haya permitido el debate contradictorio sobre aspectos clave del procedimiento, como sucedió con la exclusión de Sociedad Civil Catalana.
El contexto: aval del TC, pero sin pronunciamiento europeo
Aunque el Tribunal Constitucional español ha validado la Ley de Amnistía, la Comisión Europea ha evitado respaldarla expresamente. En su informe anual sobre el Estado de Derecho en la UE, publicado la semana pasada, se limitó a recoger la controversia y a señalar que será la justicia europea quien tenga la última palabra.
Esa palabra comenzará a construirse esta semana en Luxemburgo. Lo que está en juego no es solo la aplicación de la Ley de Amnistía, sino el equilibrio entre soberanía nacional y las exigencias del Derecho comunitario.
