El PSOE ha comunicado al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid que abonó un total de 44.859 euros a Leire Díez por trabajos de asesoría de comunicación en Cantabria entre 2015 y 2017, una cantidad superior a los 15.612 euros que había reconocido previamente en el marco de la investigación que se sigue contra la exmilitante socialista.
Según un escrito remitido al juez Arturo Zamarriego, el partido ha revisado la documentación contable de la federación socialista cántabra y ha constatado que Díez no solo prestó servicios durante 2017, como se había informado inicialmente, sino que desarrolló su actividad desde 2015 y lo hizo como trabajadora autónoma dependiente.
De acuerdo con la información facilitada al juzgado, Leire Díez trabajó para el PSOE de Cantabria en dos periodos distintos: desde el 1 de septiembre de 2015 hasta el 28 de febrero de 2017 y, posteriormente, entre el 1 de marzo y el 7 de septiembre de 2017.
Por los servicios prestados durante el primer periodo, el partido señala que abonó 32.903 euros brutos. En el segundo tramo, el importe ascendió a 11.956 euros, cantidad que incluye la indemnización derivada de la rescisión unilateral del contrato.
Se multiplica el pago a Leire Díez
La nueva información remitida al juzgado modifica los datos facilitados por el PSOE el pasado mes de diciembre, cuando comunicó un pago total de 15.612 euros brutos a la exmilitante por trabajos realizados en 2017 en Cantabria.
En aquel escrito también se indicaba que Díez había sido concejal del Ayuntamiento de Vega de Pas entre 2011 y 2015 dentro del Grupo Municipal Socialista.
La investigación dirigida por el juez Zamarriego trata de esclarecer si Leire Díez lideró una supuesta actuación delictiva continuada y coordinada junto al empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, ambos también investigados.
Según la causa, dicha actuación habría tenido como finalidad obtener información comprometida o irregular para tratar de anular o perjudicar investigaciones relacionadas con casos de relevancia que afectan a políticos y empresarios.
Los mismos hechos son objeto de investigación en la Audiencia Nacional.
El magistrado Santiago Pedraz analiza si se creó una red presuntamente dirigida por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán con el objetivo de desestabilizar procedimientos judiciales que afectan tanto al partido como al Gobierno presidido por Pedro Sánchez.
