La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha declarado este viernes como investigada ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que se considera «víctima» del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y ha negado haber dado instrucciones a la Unidad Central Operativa (UCO) sobre investigaciones judiciales que afectan al Gobierno.
González ha comparecido en el marco del denominado caso Leire Díez, en el que se investiga una presunta trama que habría liderado Cerdán y coordinado la exmilitante socialista Leire Díez con el objetivo de desbaratar procedimientos judiciales que afectaran al PSOE o al Ejecutivo.
La directora general de la Guardia Civil fue imputada después de que la UCO reflejara en uno de sus informes que mantuvo tres reuniones con Díez.
Sin embargo, durante su declaración ha manifestado que se siente víctima de la presunta trama investigada.
Una situación ante la que González, ante la Audiencia Nacional, ha asegurado que, de haber sabido que Leire Díez había sido enviada por Santos Cerdán, no habría accedido a reunirse con ella.
Las reuniones de Mercedes González con Leire
Al igual que sostuvo en su comparecencia ante la Comisión de Interior del Senado, González ha reconocido haberse reunido en dos ocasiones con Díez, quien, según su versión, se presentó como periodista freelance. No obstante, ha negado que se produjera una tercera reunión, pese a que la UCO la recogió en uno de sus informes.
En uno de esos encuentros, siempre según las fuentes jurídicas, Díez le habló del comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo.
En ese momento, González aseguró que dio por finalizada esa conversación.
La directora general de la Guardia Civil estaba citada inicialmente para declarar el jueves, pero el juez Santiago Pedraz aplazó su interrogatorio debido a la duración de la comparecencia del director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo, Manuel Llamas.
El magistrado atribuye tanto a Mercedes González como a Manuel Llamas la presunta comisión de delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, después de que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares, encabezadas por el PP, solicitaran sus imputaciones.
