El exmiembro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Juan Sánchez Yepes, investigado por el magistrado instructor de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, por supuestamente revelar secretos contra su propia unidad, ejercía como profesor de derechos humanos en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro.
La Dirección General de la Guardia Civil no ha esperado. Ha abierto expediente disciplinario al capitán Sánchez Yepes y lo ha suspendido cautelarmente de todas sus funciones.
El detonante: el auto magistrado Pedraz en el ‘caso Leire Díez’, que sitúa a este oficial en el corazón de una presunta operación para desacreditar a la propia UCO desde dentro.
Sánchez Yepes no estaba en primera línea. Llevaba un tiempo alejado del trabajo de campo, ejerciendo como profesor de temas internacionales y derechos humanos en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro.
Un destino discreto, alejado del foco. Hasta que el magistrado Pedraz tiró del hilo.
Un capitán con varios frentes abiertos
La investigación lo señala en dos direcciones simultáneas. De un lado, una causa previa relacionada con un fraude en el sector de los hidrocarburos, en la que la propia UCO participa como instructora.
De otro, y según el auto de Pedraz, su presunta implicación en la trama del ‘caso Leire Díez’, vinculada a la etapa de Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE.
El magistrado sospecha que desde esa trama se promovieron denuncias ante la Fiscalía General del Estado con un objetivo preciso: hacer germinar —son palabras del magistrado— «el despectivo y contaminante título de la ‘UCO patriótica'».
Y que esas mismas maniobras acabaron «impulsando la sospecha sobre sus actuaciones ante la directora general de la Guardia Civil, que motivó la apertura de sendos expedientes de información reservada».
Dicho de otro modo: habrían intentado corroer la credibilidad de la unidad de élite de la Guardia Civil desde sus propias filas.
La reunión de diciembre y la información comprometida
El auto desgrana con detalle una reunión celebrada en diciembre de 2024. El abogado Jacobo Teijelo —que llevaba la defensa de Sánchez Yepes en el caso de los hidrocarburos— le presentó a Leire Díez como una «persona del PSOE».
Estaban también Teijelo y Javier Pérez Dolset. De esa reunión existe una grabación que ya obra en la causa.
En ese encuentro, Sánchez Yepes proporcionó información sobre el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO, siendo plenamente consciente de que se trataba de información reservada.
«Eso mañana se publica y saben que soy yo y me machacan hasta en el carnet», llegó a decir el propio capitán. Una frase que el juez no ha pasado por alto.
El comandante Villalba y la oferta de Leire Díez
Pero Sánchez Yepes no fue el único guardia civil en el punto de mira de la ex militante socialista.
En marzo de 2025, Leire Díez mantuvo dos reuniones con el comandante Rubén Villalba, investigado a su vez en el ‘caso Koldo’.
Villalba levantó actas de esos encuentros —que constan en las actuaciones judiciales— en las que describe cómo Díez le ofreció financiarle la defensa jurídica a cambio de que declarara como testigo protegido ante la Policía Nacional «contra la Guardia Civil y, concretamente, contra la UCO».
La propuesta, de confirmarse, tiene una gravedad institucional difícilmente exagerable.
La UCO llama a la puerta de Guzmán el Bueno
La respuesta de la UCO fue contundente y rápida. El pasado 27 de mayo, agentes de la unidad se personaron en la sede central de la Dirección General de la Guardia Civil, en la calle Guzmán el Bueno de Madrid, para recabar las informaciones reservadas internas abiertas en relación con una posible filtración.
Ese mismo día, o en el marco de las mismas diligencias, la UCO acudió también a la sede del PSOE en la calle Ferraz y practicó registros en los domicilios de Santos Cerdán en Milagro (Navarra), del exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías en Madrid y de Javier Pérez Dolset en Móstoles.
El magistrado Pedraz ordenó esas diligencias porque investiga, entre otras líneas, si hubo pagos desde el PSOE a la presunta trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.
