A comienzos del segundo día de huelga de jueces y fiscales contra las reformas propuestas por el Gobierno nacional en materia de Justicia, aún se desconocen las cifras oficiales del seguimiento del primer día de parón. Unas cifras que, según las asociaciones, ascienden hasta el 75%. Sin embargo, el Ministerio de Justicia reduce esa cifra hasta casi un tercio, destacando que el seguimiento fue de apenas un 28%.
Las reformas anunciadas por el Gobierno del acceso a ambas carreras y de la Fiscalía han provocado que cinco de las asociaciones de jueces y fiscales hayan convocado una huelga durante los días 1, 2 y 3 de julio. Ello, al considerar que suponen un ataque al Estado de Derecho. Especialmente, debido a la falta de comunicación que han tenido con los creadores de esta nueva norma.
En concreto, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
Una huelga que comenzaba este martes, 1 de julio. Y que las asociaciones convocantes pronto tildaban de «éxito». Ello, calculando que cerca de un 75% de jueces y fiscales habrían secundado este parón.
Cifras que, sin embargo, este segundo día de huelga distan mucho de las ofrecidas desde el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de Félix Bolaños.
Bolaños cifra el seguimiento de la huelga en un 28,75%
Así pues, Félix Bolaños ha cifrado en un 28,75% el seguimiento de la primera jornada de huelga de jueces y fiscales. Ello, asegurando que «cualquier parecido a la realidad» de la cifra de seguimiento que dieron las asociaciones judiciales y fiscales «es pura coincidencia». «Igual que los motivos de la huelga que están alegando», subrayaba.
Después de insistir en que respeta la movilizaciones y el derecho a huelga de jueces y fiscales, ha recordado que ese derecho conlleva «un deber», que es que la obligación de no trabajar conlleva «no cobrar ese día de trabajo», y para ello hay que comunicarlo al «organismo pagador, en este caso el Ministerio» de Justicia.
«Y en este momento, el número de personas que se nos ha comunicado y que, por tanto, les deduciremos el día de salario, ha sido exactamente de cero. Es decir, ni el comité de huelga está en huelga, porque no nos han comunicado quiénes son las personas que han secundado el paro y a las que tenemos la obligación de deducir ese día de salario», ha dicho.
Bolaños ha mencionado la posición del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) y de la propia Fiscalía, que dicen que la huelga «no tiene base legal». Ello, al no existir «ninguna regulación». Y aún así, «el derecho a huelga conlleva el derecho a no trabajar y el deber a que se deduzca el día no trabajo». «Y si no se nos comunica ningún nombre, pues lo tendremos que llamar de otra manera, pero huelga no será», ha concluido.
Cerca del 48,8% de los juicios suspendidos, según el ICAM
Por su parte, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha cifrado en un 48,8% los procedimientos suspendidos por la huelga de jueces y fiscales, según su propio informe sobre el paro contra las reformas del Ejecutivo central que afectan a la Justicia.
Según recoge el ICAM, este trabajo se basa en datos recopilados de las distintas Salas de Abogacía de la región y de la Agenda Judicial Electrónica. Un informe que revela una «afectación significativa en la actividad judicial» con «fuerte incidencia en Madrid».
Según el informe del ICAM, la jornada ha provocado una suspensión relevante de señalamientos judiciales, con cientos de procedimientos paralizados. La jornada de huelga ha tenido un impacto significativo sobre la actividad judicial, con una significativa tasa de suspensiones de juicios y vistas programadas.
Aunque las cifras son estimativas «la magnitud del paro queda reflejada». De un total de 945 juicios señalados, 461 fueron suspendidos. Lo que representa 48,8% de suspensión total; mientras que 484 juicios se celebraron conforme a lo previsto.
«Este nivel de cancelaciones ha generado un efecto de parálisis significativa en juzgados de todos los órdenes jurisdiccionales. Penal, civil, social y de violencia de género», afirma el ICAM.
