Parecía imposible, pero estuvo cerca. La larga pelea legal por los recortes a las renovables —un asunto que España arrastra desde hace más de diez años— estuvo a punto de salpicar a la Roja. Hasta que un juez de Washington dijo basta.
El magistrado John D. Bates, del tribunal federal del Distrito de Columbia, ha parado los pies a Blasket Renewable Investments, un fondo que lleva tiempo persiguiendo bienes españoles en Estados Unidos para cobrarse una vieja deuda.
¿Su última ocurrencia? Seguir el rastro del dinero que mueven la selección española y la Federación de Fútbol (RFEF) durante el Mundial de 2026, que se juega este año en EE.UU., Canadá y México.
No le ha funcionado.
De dónde viene el lío
Para entenderlo hay que mirar atrás. En 2013, con Mariano Rajoy en el Gobierno, España recortó las ayudas que recibían las instalaciones de energías renovables.
Aquel cambio de reglas sentó fatal a muchos inversores extranjeros, que llevaron el caso a tribunales internacionales de arbitraje y ganaron: España fue condenada a indemnizarles con cientos de millones.
El problema fue cobrar. Una cosa es ganar y otra que el dinero llegue. Por eso varios acreedores empezaron a reclamar en distintos países, sobre todo en Estados Unidos. Blasket, que había comprado uno de esos derechos de cobro —un laudo de 47 millones de dólares—, se lanzó a buscar bienes que embargar.
Cuando el fútbol entra en escena
Aquí la historia se vuelve curiosa. Para localizar dinero español en EE.UU., el fondo empezó a enviar requerimientos legales a empresas estadounidenses que trabajan con la selección durante el Mundial, pidiéndoles contratos y datos financieros.
Su apuesta: que la selección y la RFEF están tan unidas al Estado que sus ingresos podrían servir para pagar las deudas de España. En román paladino, intentaban atar a la Roja a Moncloa.
España se defendió. Pidió anular esos requerimientos por considerarlos abusivos, irrelevantes y una forma de acoso a la federación. Blasket respondió que España ni siquiera tenía derecho a oponerse, porque las peticiones iban dirigidas a terceros.
Lo que dijo el juez
Bates no compró el argumento. Y fue claro: la federación y la selección son entidades jurídicas independientes, y nada demuestra que sean una mera tapadera del Estado. Es decir, sus cuentas no sirven para cobrar una deuda que es de España, no del fútbol.
El juez sí admite que el fondo puede seguir buscando bienes que pertenezcan de verdad al Estado. Pero la RFEF y la selección quedan fuera. De paso, rechazó otra pretensión: meter al Banco de España en el saco de lo embargable, algo que las partes ya habían descartado de antemano.
El razonamiento se apoya en una idea sólida del Derecho estadounidense: no basta con que algo tenga vínculos públicos o reciba apoyo del Estado para tratarlo como si fuera el propio Estado.
Hace falta probar un control total y permanente. Y eso, aquí, nadie lo ha demostrado.
¿Final feliz? Aún no
Cuidado con los excesos de optimismo. La decisión no resuelve los problemas de fondo. Los acreedores siguen rastreando otros bienes y el Gobierno mantiene abiertos muchos frentes.
Conviene recordar la magnitud del agujero: España debe unos 2.316 millones de euros a las empresas afectadas por aquellos recortes.
Lo que sí deja claro este fallo es una frontera: la selección y la RFEF no son, sin más, el Estado español. Al menos mientras nadie lo demuestre.
Y con eso, de momento, el Mundial de 2026 se libra de convertirse en un capítulo más de esta larga batalla legal entre España y los inversores de las renovables.
