La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) solicitaba al Supremo este pasado 30 de julio la suspensión cautelar de Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado (FGE), tras su procesamiento por un presunto delito de revelación de secretos. Una petición ante la que el Tribunal Supremo se ha pronunciado, dando un plazo de tres días a las partes para sus alegaciones.
Esta semana, se confirmaba el procesamiento del fiscal general del Estado, en relación a la presunta filtración de datos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Una decisión que llevaba a García Ortiz a un paso del banquillo. Y que provocaba que la APIF, personada en la causa, solicitara este pasado 30 de julio al Supremo que se suspendiera cautelarmente al Fiscal General del Estado de sus funciones.
Escrito en el que, además, aseguraba la dirección letrada de la APIF que «la suspensión es imprescindible para garantizar el correcto desarrollo del proceso», en tanto que si García Ortiz continuara siendo FGE en el acto del juicio oral «él sería el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir y, en calidad de tal, podría impartirle órdenes».
Tres días para las alegaciones sobre la suspensión de García Ortiz
Petición de la APIF ante la que, apenas un día más tarde, ha respondido el Tribunal Supremo.
Así pues, en una providencia, a la que ha tenido acceso Confilegal, el instructor de la causa, Ángel Luis Hurtado, ha dado tres días a la Fiscalía y resto de partes personadas para que se pronuncien respecto a la petición de la APIF sobre la suspensión provisional de su cargo, «una vez se dicte auto de apertura de juicio oral».
Tiempo que tendrán las acusaciones para «alegar lo que a su derecho convenga», y tras el que el Supremo podría determinar el futuro del, hasta ahora, FGE, que ha asegurado que no dimitirá de su cargo, a pesar de su procesamiento.
