La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha reclamado que el próximo inspector jefe de la Inspección de la Fiscalía General del Estado sea designado con “criterios distintos a los de afinidad ideológica”, en un contexto marcado por la inminente renovación del cargo.
En un comunicado, la asociación advierte de la “proximidad” del vencimiento del mandato de la actual jefa de la Inspección, María Antonia Sanz Gaite, cuyo cese está previsto para el próximo mes de mayo.
APIF subraya que este nombramiento resulta “crucial para garantizar la autonomía del trabajo de los fiscales” y defiende que debe adoptarse con consenso, al tratarse de “un puesto determinante” dentro de la estructura del Ministerio Fiscal.
La asociación sostiene que la jefatura de la Inspección “no puede ser utilizada como control escorado políticamente de la carrera fiscal”, tanto en el ejercicio de sus funciones inspectoras como por su condición de miembro nato del Consejo Fiscal.
La APIF, preocupada por el uso político de la Fiscalía
En este sentido, enmarca su preocupación en el contexto de la reforma del sistema de investigación penal que impulsa el Gobierno, que prevé atribuir la instrucción a la Fiscalía en sustitución del juez instructor.
Según APIF, este cambio exige dotar al fiscal de un estatuto de independencia “análogo” al del actual juez de instrucción, dentro de los parámetros constitucionales.
Asimismo, la asociación alerta del “riesgo de que la responsabilidad disciplinaria pueda utilizarse como instrumento de control político del contenido de las resoluciones judiciales”.
Por ello, APIF reclama que la persona designada para el cargo sea un fiscal “de reputado prestigio” y “alejado de la politización que desafortunadamente vive el Ministerio Fiscal”.
El comunicado insiste en que el jefe de la Inspección participa, como miembro nato del Consejo Fiscal, en la propuesta de nombramientos, lo que a juicio de la asociación incrementa la relevancia del puesto.
Finalmente, advierte de que “la combinación de la política de nombramientos con la del régimen disciplinario” no debe convertirse en un mecanismo de “recompensa al próximo y amenaza al discrepante”, y concluye señalando que la actuación de la Fiscalía General del Estado se encuentra “bajo la sospecha de actuación subordinada a los intereses del Gobierno de la Nación”.
