La Fiscalía General del Estado ha acordado reforzar la investigación sobre la posible comisión de delitos relacionados con la creación y difusión de pornografía infantil a través de herramientas de Inteligencia Artificial en redes sociales, a petición del Gobierno.
La decisión fue adoptada este martes por la fiscal general, Teresa Peramato, durante la primera Junta de Fiscales en la que participa desde su toma de posesión el pasado mes de diciembre.
En dicha reunión se acordó encomendar esta labor a la Unidad Especializada de Criminalidad Informática del Ministerio Fiscal, encargada habitualmente de investigar delitos cometidos en entornos digitales.
Según ha informado la propia Fiscalía, la fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente, expuso durante la Junta las posibles vías de intervención, así como el tratamiento de este fenómeno en otros países europeos.
La decisión de Peramato ha contado con el consenso de los miembros de la Junta de Fiscales, órgano que asiste a la fiscal general en materias doctrinales y técnicas y que debe ser oído antes de la adopción de decisiones de esta naturaleza.
La fiscal general trasladará al Gobierno su resolución de forma motivada en los próximos días.
Acabar con la pornografía infantil en las redes sociales
En este contexto, la Fiscalía ha recordado que el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal faculta al Gobierno para interesar de la fiscal general que promueva actuaciones ante los tribunales en defensa del interés público.
En aplicación de este precepto, el Ejecutivo se dirigió al Ministerio Fiscal el pasado 17 de febrero solicitando la promoción de acciones dirigidas a investigar y perseguir la pornografía infantil generada mediante Inteligencia Artificial.
En paralelo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó la semana pasada su intención de recurrir a este mecanismo, subrayando que “la impunidad de los gigantes debe acabar”, en referencia a plataformas como X, TikTok y Meta.
Según manifestó, estas redes sociales “están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas”, por lo que, a su juicio, el Estado debe intervenir.
Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, valoró la medida como “un paso más para garantizar los derechos de la infancia en redes sociales”.
Asimismo, recordó que en enero su departamento solicitó a la Fiscalía que investigara si la red social X había podido incurrir en delitos de pornografía infantil, destacando que ahora el Consejo de Ministros ha activado el citado artículo 8 para investigar a las grandes plataformas.