La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha manifestado su “absoluta preocupación” ante la propuesta de nombramiento realizada por la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, para varios puestos de responsabilidad dentro del Ministerio Fiscal, incluidos destinos en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal Constitucional y fiscalías especializadas como Anticorrupción o Antidroga.
En una nota de prensa, la asociación lamenta que Peramato “continúe en la línea de sus dos anteriores predecesores desperdiciando la oportunidad” de “devolver el prestigio a la Fiscalía”.
Según la APIF, la situación actual “perjudica a los fiscales” y “solo favorece a los intereses del Gobierno y a los compañeros mayoritariamente de una concreta asociación de fiscales beneficiarios del sistema”.
El «control político» en los nombramientos de Peramato
La APIF considera especialmente controvertida la propuesta relativa al fiscal de Sala jefe de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. A su juicio, la designación “trata de asegurar la continuidad con las posiciones mantenidas por la Fiscalía General del Estado en asuntos sensibles para el Gobierno” y no responde a un proceso basado en la valoración de “méritos y capacidad”.
La asociación sostiene que en los últimos años se han producido “discrepancias fundamentales” entre los fiscales del Tribunal Supremo y algunos fiscales jefes de sección, así como con la teniente fiscal del alto tribunal, en asuntos que consideran de interés para el Gobierno.
En este contexto, la APIF menciona específicamente investigaciones relacionadas con terrorismo, como la causa sobre el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco o el procedimiento relativo a Tsunami Democràtic, ambos seguidos en la Audiencia Nacional.
Según explica la asociación, la junta de fiscales del Tribunal Supremo se ha mostrado partidaria de impulsar la investigación en estos asuntos. Sin embargo, afirma que los cargos de jefatura nombrados por fiscales generales recientes elevan los procedimientos a instancias superiores, que finalmente adoptan decisiones que, a juicio de la opinión pública, resultan favorables a los intereses del Gobierno y sus socios.
La APIF advierte también de un “grave riesgo de control político” en los nombramientos propuestos, dado que algunos de los designados podrían tener que pronunciarse en el futuro sobre responsabilidades penales de dirigentes políticos aforados ante el Tribunal Supremo.
En su comunicado, la asociación sostiene que se ha prescindido de fiscales que, a su juicio, cuentan con cualidades acreditadas de mayor profesionalidad para asumir esas responsabilidades, citando como factores su pertenencia a la Academia de Legislación y Jurisprudencia, su experiencia en la Sección Penal del Tribunal Supremo, una mayor antigüedad y un currículum que consideran más adecuado.
Los criterios defendidos por la Fiscalía General
Por su parte, el Ministerio Fiscal señaló el pasado viernes que la fiscal general del Estado fundamentó sus elecciones en criterios de mérito y capacidad, atendiendo al currículum y experiencia de los aspirantes y a los planes de actuación presentados, que —según explicó— “se alinean especialmente con el proyecto de política criminal que defiende la Fiscalía”.
En concreto, Peramato designó como fiscales de sala jefes de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo a José Javier Huete, Ana Isabel García y María Farnés Martínez. Para el equipo destinado en el alto tribunal también eligió a Diego Villafañe, Antonio Colmenarejo y María Isabel Gómez.
Asimismo, nombró a Beatriz López como fiscal ante la Audiencia Nacional y a Raquel Muñoz e Ignacio Rodríguez como fiscales ante el Tribunal Constitucional.
En cuanto a las fiscalías especializadas, la fiscal general designó a Virna María Alonso para la Fiscalía Anticorrupción y a Marcelo Juan de Azcárraga para la Fiscalía Antidroga.
También promovió a Javier Rufino como fiscal de Sala contra los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico, de medio ambiente e incendios.
Por otro lado, confirmó a la ex fiscal general del Estado María José Segarra para continuar como fiscal de Sala de personas con discapacidad y mayores.
Según explicó el Ministerio Público, en total se convocaron 19 plazas. No obstante, dos de ellas —las de fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Cuenca y de Lugo— no recibieron candidaturas, por lo que deberán convocarse nuevamente.
