Teresa Peramato vetó la atenuante muy cualificada de confesión que el fiscal jefe Anticorrupción quería pedir para el comisionista. Alejandro Luzón acata la orden pero se reserva la palabra en el juicio oral.
Siete años. Esa es la pena que pedirá finalmente la Fiscalía Anticorrupción para Víctor de Aldama. No cuatro. No tres y medio. Siete. La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, cerró en persona esa puerta.
Peramato transmitió al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que no procedía aplicar la atenuante muy cualificada de confesión al empresario que ha destapado las entrañas de la trama Koldo desde el estrado. Luzón no comparte el criterio. Lo acata.
La diferencia no es menor. Una atenuante muy cualificada habría partido la pena por la mitad. De siete años a tres y medio. Una distancia enorme. La fiscal general la cortó de raíz, sin dar explicaciones públicas sobre su posición, que en todo caso le evita incomodar al Gobierno que la nombró.
El fiscal que obedece pero no calla
El artículo 25 del Estatuto del Ministerio Fiscal lo permite con una precisión quirúrgica: el fiscal que recibe una instrucción de su superior «deberá atenerse a las mismas en sus dictámenes pero podrá desenvolverse libremente en sus intervenciones orales en lo que crea conveniente al bien de la justicia».
Es decir: Luzón pedirá siete años en papel. Pero podrá defender en sala, con voz y argumentos, que Aldama merece más.
Fuentes fiscales confirman que el responsable de Anticorrupción considera que la colaboración del empresario ha sido decisiva.
Sin Aldama, sin sus confesiones detalladas durante la instrucción, la dimensión real de la trama habría permanecido enterrada.
Los amaños en obras públicas, la entrega periódica de fajos de efectivo, el concierto con Ábalos y con Koldo García para que las adjudicaciones fluyeran en la dirección correcta: todo eso tiene nombre, fechas y cifras gracias, en buena medida, al comisionista.
En su escrito de acusación provisional, Luzón ya lo reconocía con claridad: las manifestaciones de Aldama eran «relevantes, veraces» y, sobre todo, no autoexculpatorias.
El empresario no echó la culpa a otros. Se implicó. Admitió su participación «de manera inequívoca» en el acuerdo que le permitía defender sus intereses ante la Administración a cambio de sobornos.
El número uno de la trama
El malestar en Moncloa y en la dirección del PSOE no tiene un origen abstracto. Aldama, cuando declaró como acusado durante ocho horas el pasado 29 de abril, señaló a Pedro Sánchez como «el número uno» de la organización criminal que controlaba su ministro de Transportes.
Afirmó que el partido se financió ilegalmente con comisiones de constructoras y con cupos de petróleo venezolano. Y arrastró en sus declaraciones a Begoña Gómez, a quien situó interviniendo a favor del Instituto de Empresa para quedarse con unos edificios de la SEPI en el barrio de Velázquez.
En ese contexto, doblar la rebaja de pena para Aldama habría sido políticamente indefendible para quien ostenta la jefatura del Ministerio Público.
La acusación en números
Las conclusiones definitivas de Luzón mantienen la petición original: siete años de prisión para Aldama por un delito de organización criminal y otro delito continuado de cohecho.
A eso se suma una multa de 3.713.981 euros por aprovechamiento de información privilegiada. La atenuante simple de confesión —el mínimo legal, la mitad inferior de la pena— sigue en pie.
Lo que no estará en el escrito, pero sí en la voz del fiscal en la sala, es el argumento de que Aldama merece más.
Las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, van más lejos: piden una rebaja en dos grados para el empresario al que la UCO bautizó como «nexo corruptor».
Luzón se quedará en medio. Entre la orden de su superior y su propia convicción. La ley le da la palabra.
