El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha acordado la apertura de juicio oral contra el BBVA, su expresidente Francisco González y otras 14 personas, entre las que figuran exdirectivos de la entidad bancaria y mandos policiales, por una serie de presuntos encargos ilegales que habrían sido realizados al comisario jubilado José Manuel Villarejo entre los años 2004 y 2016.
La decisión se recoge en el auto de apertura de juicio oral correspondiente a la pieza 9 de la macrocausa Tándem, que investiga los negocios privados de Villarejo. Según el auto recogido por Europa Press, el magistrado envía a juicio al banco por supuestos delitos de cohecho y otros presuntos 52 delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
En el caso de Francisco González, expresidente de la entidad, el instructor acuerda sentarle en el banquillo por supuestos delitos de cohecho activo y pasivo, 42 presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, grupo criminal, administración desleal y falsedad documental.
A José Manuel Villarejo, el magistrado le atribuye otros 42 presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, además de cohecho activo y pasivo propio, integración en organización criminal y falsedad de documento mercantil.
Multa de 181 millones de euros a BBVA
El juez Antonio Piña ha fijado una cantidad de 1,17 millones de euros para asegurar las responsabilidades civiles de los acusados. En el auto, el magistrado apercibe a los investigados de que, si no depositan esa fianza en el plazo de tres días, se procederá al embargo de sus bienes.
Tras esta resolución, las defensas de los acusados disponen ahora de un plazo de diez días para presentar sus escritos de defensa y proponer las pruebas que consideren oportunas de cara a la vista oral.
La Fiscalía solicita 173 años de prisión para Francisco González y 174 años de cárcel para Villarejo. En el caso del BBVA, el Ministerio Público reclama una multa de 181 millones de euros.
La apertura de juicio oral llega después de que la Audiencia Nacional confirmara el pasado 20 de febrero el procesamiento del banco, de su expresidente y de varios exdirectivos de la entidad por estos presuntos hechos.
En relación con Francisco González, la Sala Tercera de la Audiencia Nacional, en línea con el instructor, señaló que algunos de los contratos con CENYT, el grupo empresarial de Villarejo, fueron ordenados por el entonces presidente del BBVA.
Según aquella resolución, González “ya sabía quién era esta entidad y sus métodos de investigación por los contratos anteriores”.
Fue en junio de 2024 cuando el entonces juez instructor, Manuel García Castellón, propuso juzgar al banco, a González y a Villarejo, entre otros investigados, por delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
En un auto de 268 páginas, García Castellón situó el origen de los hechos en la contratación por parte del BBVA del comisario de Policía Julio Corrochano, a quien Piña también envía ahora a juicio, en septiembre de 2002.
Según relató el instructor, dicha contratación contó con la expresa aquiescencia del entonces presidente ejecutivo de la entidad, Francisco González, y permitió establecer un enlace entre el banco y antiguos compañeros de Corrochano en la Policía.
Entre ellos se encontraban los comisarios en activo José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía Nacional.
El juez describió el recurso a Villarejo como “anómalo” e “ilegal”
En su resolución, el instructor explicó que Villarejo habría utilizado de forma fraudulenta las posibilidades que le otorgaba su especial posición dentro del organigrama de necesidades operativas de la Policía.
Según el relato judicial, el comisario habría puesto en marcha una estructura empresarial con la que lucrarse haciendo uso de esa posición y de la confianza generada entre muchos de sus compañeros policías.
El auto señalaba que Julio Corrochano, conocedor de esa doble actividad de Villarejo a través del Grupo CENYT, comunicó a Francisco González la existencia de ese recurso, que el instructor calificó como “anómalo” e “ilegal”, garantizando además la total discreción y opacidad si se recurría al mismo.
El juez añadió que, dada la ausencia de un programa de control y supervisión sobre las decisiones ejecutivas dentro de la entidad, González autorizó y permitió que solo un núcleo muy reducido de altos directivos de los servicios centrales corporativos del banco conociese estos encargos.
A partir de ese contexto, el instructor concluyó que se firmaron una serie de contratos para poner en marcha determinados proyectos de inteligencia.
Esos trabajos habrían incluido seguimientos, intervención de tráfico de llamadas, consultas de bases de datos de personas y averiguación de patrimonio de distintas personas.
Entre los afectados por esos presuntos encargos figurarían empresarios, abogados y periodistas, siempre según el relato recogido en las resoluciones judiciales de esta pieza de la macrocausa Tándem.
La pieza 9 se centra, por tanto, en los presuntos encargos realizados desde el BBVA al entorno empresarial de Villarejo durante más de una década, entre 2004 y 2016, y en la posible responsabilidad penal de la entidad, de su expresidente y del resto de acusados.
Tras conocerse la apertura de juicio oral, fuentes del BBVA han trasladado que la entidad “siempre ha defendido que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad penal” para el banco.
Con esta resolución, la causa entra en una nueva fase procesal. Las defensas deberán presentar ahora sus escritos y proponer las pruebas que estimen oportunas antes de la celebración del juicio oral en la Audiencia Nacional.
