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AJFV y JJpD celebran las 500 nuevas plazas de jueces, pero critican que no estarán operativas hasta 2027

En su opinión, ese calendario retrasará el impacto real de la medida sobre la carga de trabajo que actualmente soportan jueces y tribunales.

10/07/2026 11:07

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) han valorado positivamente la creación de 500 nuevas plazas para jueces anunciada por el Gobierno, aunque han mostrado su preocupación por el calendario previsto para su puesta en funcionamiento, al considerar que el grueso de las incorporaciones no será efectivo hasta 2027.

En un comunicado conjunto, ambas asociaciones se han pronunciado pocos días después de que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunciara, tras la reunión del Consejo de Ministros del pasado martes, la creación de 500 plazas para jueces y otras 200 para fiscales.

AJFV y JJpD sostienen que la medida responde a «una reivindicación común de todas las asociaciones judiciales» y atiende su demanda de incrementar la planta judicial y el número de integrantes de cada tribunal para hacer frente al aumento de la litigiosidad y a la elevada carga de trabajo que soporta la Administración de Justicia.

«Esta decisión va en la dirección correcta, la de adecuar la dimensión de nuestros tribunales a las necesidades crecientes de profesionales del derecho y ciudadanía», señalan ambas asociaciones.

A su juicio, se trata de «un impulso importante» que debería tener continuidad mediante nuevas iniciativas que contribuyan a corregir el «déficit crónico» de plazas existente en la carrera judicial.

Unas plazas de jueces que no llegarán hasta 2027

Por ello, reconocen el «esfuerzo» realizado por el Ministerio de Justicia, al tiempo que le instan a convertir esta actuación en el inicio de una política sostenida de ampliación de la planta judicial y no en una medida excepcional.

No obstante, AJFV y JJpD lamentan que las primeras plazas no entren en funcionamiento hasta el 31 de diciembre de 2026 y que la mayor parte de las nuevas incorporaciones no estén operativas hasta junio y noviembre de 2027.

En su opinión, ese calendario retrasará el impacto real de la medida sobre la carga de trabajo que actualmente soportan jueces y tribunales.

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