La digitalización en la justicia es una realidad palpable que ya está transformando la gestión administrativa. Entre estos asuntos, destaca la automatización de expedientes y procedimientos de extranjería.
Esta evolución fue abordada en la mesa redonda Digitalización y modernización de la Justicia en materia de nacionalidades del I Congreso Nacional de Extranjería organizado por el Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM).
Bajo la moderación de Carlos Rodríguez-Noriega, secretario del Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España (CGCGAE), Aitor Cubo, director general de transformación digital de la Administración de Justicia, y Carlos Mora, director técnico del Congreso reflexionaron acerca de que, a pesar de que la transformación digital lidera el cambio, el freno se encuentra en la falta de coordinación entre administraciones.
La automatización ahorra tiempo y dinero en la Justicia
Cubo comenzó situando a los asistentes cuando en 2020 nació en el Ministerio de Justicia el proyecto de Justicia 2030, un plan de trabajo común que tiene como palanca de transformación de la sociedad el impulso del Estado de Derecho y el acceso a la Justicia.
Entre los puntos de mayor impacto se encuentra la transformación digital, siendo pioneros en el avance de la inteligencia artificial y la robotización. Sobre este último aspecto, Cubo destacó que ha permitido reducir drásticamente los tiempos de espera en la tramitación de ciertos expedientes, entre ellos, los de extranjería.
«En el caso de las nacionalidades, la tramitación tiene de plazo un año desde que se inicia hasta que se cierra. Hemos hecho un cálculo y desde el Ministerio hemos hecho más de 23 millones actuaciones automatizaciones. Esto supone un ahorro emocional, además de un ahorro de dos millones de horas y más de 25 millones de euros de las arcas públicas», explicó Cubo. Foto: Beatriz Rivera/Confilegal.
«Con esto mejoramos no solo mejoramos el ahorro público, también mejoramos el servicio público, cumplimos con los plazos que los servicios que mejoran la vida de los ciudadanos», añadió.
Si la transformación digital avanza… ¿qué es lo que está frenando?
Durante su intervención, Mora defendió la necesidad de abordar la política migratoria desde una perspectiva más coordinada entre administraciones. A su juicio, la gestión de la migración implica a numerosos departamentos y organismos, pero «existe una excesiva fragmentación y una falta de coordinación» que dificulta la eficacia del sistema.
En este sentido, puso el foco en las Oficinas de Extranjería, a las que definió como «el verdadero corazón del sistema», y recordó que su actual dependencia de distintos ministerios evidencia la necesidad de una reforma organizativa.
Como posible solución, valoró positivamente la propuesta de crear una Agencia Estatal de Movilidad Humana, una iniciativa que, afirmó, permitiría «unificar y coordinar la gestión migratoria».
También defendió aprovechar las nuevas tecnologías para agilizar la tramitación de expedientes y reducir los plazos de resolución. En concreto, planteó que procedimientos como la reagrupación familiar puedan resolverse en un plazo máximo de tres o cuatro meses.
Por último, subrayó la importancia de mejorar la coordinación entre los distintos organismos que intervienen en los expedientes, especialmente en la emisión de informes, y destacó que la reducción de asuntos pendientes demuestra que «se está avanzando en la buena dirección», aunque todavía queda margen de mejora.
