Rueda de prensa telemática mañanera, salvo que la comparación que lanzó Joaquín Merchán no lo es en absoluto: España ya resolvió una vez un problema de este calibre con un gran pacto de Estado.
Ahora, según el presidente del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales, ha llegado el momento de repetirlo con el absentismo laboral.
«Lo hicimos con las pensiones»: la comparación que marca el tono
Merchán no se andó con rodeos. «El absentismo ha dejado de ser un fenómeno coyuntural para convertirse en una tendencia estructural y en un asunto de Estado», advirtió durante la presentación del informe «Absentismo en España: un desequilibrio entre derechos laborales y productividad».
Un trabajo elaborado por la Fundación Justicia Social con la colaboración de Esteban Mante de Miguel, director general de gestión de Fraternidad-Muprespa, y el graduado social Juan Panella Martí.
Y fue más allá, apelando a la memoria reciente de la política española. «Lo hicimos con las pensiones cuando entendimos que jugarse la protección de millones de personas en cada ciclo electoral no era propio de un país serio. Aquel consenso nos llevó al Pacto de Toledo», señaló.
Su conclusión, la que dió título a toda la comparecencia: «Ha llegado el momento de hacer lo mismo con el absentismo laboral».
La comparación no es gratuita. Invocar el Pacto de Toledo es invocar tres décadas de consenso político sobrevivido a gobiernos de todos los colores. Todo un mensaje para un debate que, hasta ahora, ha vivido más de titulares cruzados que de acuerdos.
Salud mental, envejecimiento y saturación sanitaria: la fotografía que justifica el pacto
¿Por qué haría falta un acuerdo de ese calibre? El informe no busca un único culpable. Describe, más bien, un fenómeno multicausal donde se entrelazan el envejecimiento de la población trabajadora, los cambios normativos, la saturación de la atención primaria y nuevas realidades de salud —osteomusculares, sí, pero sobre todo mentales.
El dato más llamativo apunta ahí: la salud mental está ya detrás del 20% de las bajas médicas. Y no hablamos de trabajadores veteranos agotados tras décadas de oficio.
Muchas de esas bajas corresponden a personas de entre 20 y 35 años.
A esto se suma otro factor, casi demográfico: desde 2019, España cuenta con un millón y medio más de personas trabajadoras de entre 50 y 64 años. Más plantilla mayor, más desgaste físico acumulado, más bajas por patologías osteomusculares. La ecuación, sobre el papel, es sencilla.
«No hay fraude»: el matiz necesario antes de pedir un pacto
Aquí llega la advertencia que probablemente más se repita en las próximas horas. Antes de reclamar un gran acuerdo, Merchán fue tajante al desvincular el debate del absentismo de cualquier sospecha de fraude generalizado.
«Una persona trabajadora tiene que ejercer su derecho y nuestro deber como sociedad es cuidar de su salud y de su recuperación», defendió.
Y remató con una frase que marca el tono de todo lo que vendrá después: «No tengo cifras de fraude porque creo que no las hay. Las palabras son muy importantes y esa no debe ser la que gire en torno a este debate».
Legitimar sin acusar. Ese ha sido, en esencia, el equilibrio que ha intentado sostener durante toda la comparecencia, y la base sobre la que pide construir el pacto.
Convenios colectivos, no imposición: qué papel juega cada actor en el futuro acuerdo
El turno de preguntas trajo a colación una de las propuestas que más ruido ha generado en el debate público de los últimos días: rebajar el salario durante la baja médica.
Merchán no quiso pronunciarse a favor ni en contra de forma directa. Prefirió delegar la decisión donde, a su juicio, corresponde dentro de ese futuro marco de consenso: «La autoridad máxima en este tema la deben tener los convenios colectivos», respondió, recordando que ahí están representadas tanto las empresas como los sindicatos.
Que pague el Estado los primeros 15 días: la pieza que faltaba en el pacto
Pero si hay una propuesta destinada a dar que hablar, es esta: que el Estado asuma, con cargo a los presupuestos, el coste de los primeros 15 días de baja médica, actualmente soportados íntegramente por las empresas.
Consciente de que la idea puede leerse en clave de reivindicación empresarial, Merchán se adelantó a esa lectura. «Más que lanzarlo como un ataque, debemos lanzarlo como una propuesta de futuro», matizó.
La oferta final: una mesa técnica para sellar el pacto
Para cerrar, Merchán volvió a poner sobre la mesa el ofrecimiento del colectivo de graduados sociales: participar en una mesa de trabajo técnica que aborde el absentismo «desde el rigor y los datos», alejada del ruido político.
Es, en la práctica, el primer paso hacia ese Pacto de Toledo del absentismo que reclama.
Su frase final ha resumido la filosofía de todo el informe: «Los países serios protegen a la vez la salud de quienes trabajan, la viabilidad de quienes emplean y el sistema público que los ampara a todos. España ha demostrado que sabe hacerlo».
Queda por ver si el resto de actores —sindicatos, patronal, Gobierno— comparten esa lectura. O si, como tantas veces, la propuesta de pacto se queda en el papel del informe.
