«No hay una justicia de dos velocidades, la de territorio ministerio y la de no ministerio. Hay una justicia de trece velocidades distintas». Así resume Alberto García Barrenechea, presidente del Consejo General de Procuradores de España (CGPE) desde el pasado 10 de abril y antes decano del Colegio de Madrid, el mapa desigual de la implantación de la Ley de Eficiencia después de un año y cuatro meses de su entrada en vigor.
En su primera gran entrevista al frente del Consejo, denuncia que la Comisión de Calidad que la propia ley prevé sigue sin constituirse un año y cuatro meses después de su entrada en vigor.
Reclama además que Abogacía y Procura pasen a formar parte del CTEAJE, el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, órgano de cooperación y coordinación creado para dirigir la implantación y el desarrollo de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia en España, del que ambas profesiones están excluidas.
«La justicia se ha convertido en una cuestión básicamente tecnológica, y eso es triste», apunta.
Alerta también de que la desaparición del arancel mínimo abre la puerta a que plataformas de gestión procesal «que presentan miles de pleitos por toda España» hundan los precios de la profesión.
Pero el diagnóstico más duro lo reserva para la ejecución de sentencias: según los datos de su propio Consejo, solo se ejecuta un tercio de las resoluciones judiciales, con expedientes que pueden demorarse hasta 66 meses.
«Puedes tener tu sentencia, pero si no la ejecutas, de poco vale ese papel», resume García Barrenechea, para quien ganar un pleito y no cobrar nunca es, hoy, la otra cara de la justicia española.
¿Han hecho cálculos económicos sobre el efecto de la Ley de Eficiencia en la procura?
Cálculos económicos no. Lo que hemos hecho, esta misma semana, es pedir a todos los consejos autonómicos que nos trasladen cómo se ha ido aplicando la ley en todo el territorio.
Primero para tener datos de funcionamiento que no son económicos, y luego para comparar la zona ministerio que, como sabe la componen las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Islas Baleares y Murcia, junto con Ceuta y Melilla, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, y la zona de no ministerio, que son las 12 Comunidades Autónomas con competencias de Justicia transferidas.
Con el objetivo de ver, después de un año y cuatro meses cómo ha sido la implantación de esta Ley de Eficiencia en toda España.
Los datos son claros: casi todos coinciden en una valoración bastante crítica, no tanto del modelo —que probablemente sea bueno con el tiempo— como de su implantación. Se critica la premura, que ha supuesto un bloqueo, y a partir de ahí la falta de tecnología y de expediente digital.
La ley ha supuesto una reorganización interna de la justicia: han desaparecido los juzgados unipersonales, convertidos en departamentos. ¿Opina usted que todo se había previsto o ha habido mucha improvisación?
Ha habido mucha improvisación. Y no lo digo solo yo: las propias asociaciones judiciales lo dicen también. A los jueces les ha supuesto no sé si una pérdida de poder pero sí una falta de ubicación.
Siguen siendo los mismos, con la misma carga de trabajo, pero les han cambiado de sitio. Con tiempo, esta reorganización probablemente sea eficaz; con esta implantación, no lo es.
No se entiende bien la figura del presidente del tribunal de instancia ni su relación con el resto de jueces a su cargo. Han pasado de ser jueces a ser plazas, y eso es una pérdida de poder.
El ministro Bolaños habla como si sus datos representaran a toda España, pero la «zona ministerio» cómo bien ha explicado son solo 5 Comunidades Aultónomas. ¿Los procuradores son víctimas de esa asimetría?
Somos una de las víctimas. El territorio ministerio tiene un expediente digital implantado en un coeficiente muy alto; el resto de comunidades, prácticamente no.
No hay una justicia de dos velocidades, ministerio y no ministerio: hay trece velocidades distintas de Justicia. La del Ministerio y la de cada una de las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas, Ceuta y Melilla. Si compara los problemas de Ceuta con los de Cataluña o Barcelona, no tienen nada que ver.
Aun así, en el informe que le comentaba, los problemas de fondo son bastante transversales: principalmente pérdida de control de los asuntos y falta de interlocución con la nueva oficina judicial.
«No hay una justicia de dos velocidades, sino de trece»: el presidente de los procuradores retrata el mapa desigual de la Ley de Eficiencia.
Hay una reivindicación constante entre los decanos de procuradores: conectar con el Ministerio. ¿Existe esa conexión?
Existe muy buena conexión. Hace 15 días tuvimos una reunión con la plana mayor del Ministerio: el ministro, el secretario de Estado, prácticamente todas las direcciones generales, junto con la Abogacía y los graduados sociales.
Estábamos convocados para una cuarta reunión que entiendo que no se va a celebrar, porque a esta hora no se nos ha confirmado. La relación es buena, pero hay carencias de fondo: el Ministerio no tiene en cuenta a los operadores jurídicos en reformas de este calado.
Es inconcebible que ni Abogacía ni Procura formemos parte del CTEAJE. Nos enteramos de lo que se hace cuando ya está hecho.
¿No formaron parte del CTEAJE ni siquiera durante la pandemia?
No, ni de la Comisión de Calidad tampoco. Esa Comisión está contemplada en la propia ley y, a día de hoy, sigue sin constituirse.
Debería haberse formado cuando se inició la implantación, precisamente para detectar desde dentro los problemas que Abogacía, Procura y el resto hemos ido señalando desde fuera.
La justicia se ha convertido en una cuestión básicamente tecnológica, y eso es triste: se piensa en la tecnología, no en el ciudadano que hay detrás de cada procedimiento y cada formulario. La digitalización es necesaria, pero no debe olvidar la tutela judicial efectiva.
Otra reivindicación constante es la del arancel: les han quitado el mínimo y han reducido el máximo de 300.000 a 70.000 euros. ¿Hay solución?
Recientemente se resolvieron los tres recursos contencioso-administrativos que se interpusieron contra el arancel máximo.
Los tres, con el mismo ponente y la misma sección, van en el mismo sentido: los aranceles que fijó el Ministerio son conformes a derecho. Esa vía judicial se ha cerrado y tenemos que acatarlo.
Pero un arancel de mínimos tenía una razón de ser que uno de máximos no garantiza: la supervivencia de la profesión.
Tardamos más de 20 años en tener un arancel nuevo, aprobado en 2024, y no fija actualización anual por IPC. Con un 3% aproximado, en diez años habremos perdido un 30% de su valor solo por esa vía.
¿Y el arancel mínimo, que sí ha desaparecido?
Su desaparición provoca que los precios se hundan. Antes, el mínimo daba un sustento: sabías que ibas a cobrar una cantidad determinada por un monitorio.
Al eliminarlo, permites que el precio caiga, y eso no beneficia al procurador medio, sino que puede beneficiar a las grandes plataformas de presentación. Me cuesta llamarlas de procura: son plataformas de gestión procesal que presentan miles de pleitos en toda España.
El arancel mínimo daba garantías de un precio equilibrado en todo el territorio; sin él, ese equilibrio se rompe, y frente a quien ofrece un monitorio por cinco euros no se puede competir.
¿Cuántos procuradores han perdido en los últimos dos años?
No sé el número exacto, pero ahora mismo somos unos 9.100 ejercientes en toda España. Hace diez años estaríamos rondando los 12.000. Uno de los problemas de la procura es la falta de gente que se incorpore; hay que incentivar la profesión desde el punto de vista profesional, económico y académico.
García Barrenechea reclama la entrada de Abogacía y Procura en el CTEAJE y denuncia que la Comisión de Calidad sigue sin constituirse un año y cuatro meses después de la entrada en vigor de la ley.
Una vía para incentivarla son los agentes de ejecución.
Sin duda. La Ley Orgánica nos da facultades de ejecución que antes no teníamos. En el mundo hay 103 países con una figura de agente de gestión similar.
Nosotros ya tenemos capacidad de certificación: puedo entregar una cédula de citación o emplazamiento a una persona sin necesidad de dos testigos, y al día siguiente certifico si la ha querido firmar o no, con plena validez.
El siguiente paso es poder ejecutar directamente. Eso ocurre no solo en España, sino en toda Europa, África, Asia y Sudamérica, y desatascaría muchísimo la justicia.
Hace tres años este Consejo publicó una encuesta, realizada por Sigma 2, según la cual solo se ejecutaba un 25,4 por ciento de las sentencias.
Así es. Ese mismo informe decía que con ese 25,4 por ciento de las sentencias ejecutadas se recuperaban 3.657 millones de euros. Pero de las pendientes, el 74,6 por ciento, que no se ejecutaban, con la misma celeridad, se dejaban de ingresar 10.742 millones de euros.
La realidad es que las ejecuciones pueden tardar hasta 66 meses. Puedes tener tu sentencia declarativa, pero si no la ejecutas, de poco vale ese papel. Y si la otra parte conoce los trucos para despatrimonializarse, cuando termines de ejecutar ya no quedará nada que cobrar.
¿El foco de resistencia en esta materia son los letrados de la Administración de Justicia?
Ahí falta pedagogía. Si llevamos una ejecución, siempre es bajo la tutela del letrado de la Administración de Justicia: le pido permiso, le rindo cuentas, cabe recurso frente a sus decisiones.
No es un problema de los LAJ, sino del sistema, que está mal estructurado. Hay que trabajar con ellos, no contra ellos; cuando se explica bien en los foros, muchos LAJ entienden la propuesta.
¿Cuánto tiempo lleva como presidente?
Desde el 10 de abril; antes fui decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid. Un cargo que compaginé con el de secretario del CGPE durante un año. Hasta las recientes elecciones.
Habiéndome explicado el panorama para la procura, ¿cuáles son sus retos?
El principal reto es estabilizar la profesión: darle viabilidad, que alguien de fuera quiera hacerse procurador. Para eso hay que formar a la gente, desarrollar las competencias que ya tenemos y solicitar las que no.
El sistema judicial, en mi opinión, es un sistema fallido –por ahora– y hay que aprovechar el talento de profesiones como la nuestra para otras funciones.
También hay que estabilizar económicamente el Consejo y, a partir de ahí, proteger y favorecer la profesión.
Solo se ejecuta el 25,4% de las sentencias, según la encuesta Sigma 2 del propio Consejo, con procedimientos que pueden demorarse hasta 66 meses.
¿En qué situación ha quedado la mutualidad de la procura, tras rechazarse su fusión con la de la Abogacía?
En su momento se votó no a la fusión; yo, personalmente, voté a favor, porque entiendo que juntos somos más fuertes. Uno de los logros de la nueva ley es que se garantiza la actividad de la Mutualidad más allá del horizonte de 2030.
Pero hasta que no se apruebe el reglamento, muchas cuestiones básicas —el IPC, el traspaso de fondos, los coeficientes correctores, el acceso a los complementos— quedan pendientes. La ley de la pasarela al RETA es buena y hay que aplaudir el trabajo de quienes la sacaron adelante, pero tenemos que esperar a que se elabore el reglamento, porque puede cambiar prácticamente todo lo que contiene.
O sea, que el conde de Romanones, autor de aquella famosa frase que dijo, «hagan ustedes las leyes y déjenme a mí los reglamentos», está plenamente vigente.
(Se ríe abiertamente) Muy vigente, sí señor.
Una de las críticas ha sido la de dejar fuera a los pensionistas.
Es cierto que no se facilitaron los datos necesarios, y también es verdad que los jubilados tienen un problema añadido: al estar ya percibiendo una pensión, no tienen posibilidad de mejorar la prestación, lo que complica el encaje jurídico.
Pero son, sin duda, los grandes perjudicados de esta reforma.
¿Ha hablado con el presidente de la mutualidad de la Procura sobre la situación de su colectivo?
Los números que presenta la mutualidad cada año son buenos en rentabilidad. El problema es que somos pocos y una profesión muy envejecida: antes teníamos una pirámide con mucha gente sosteniendo a pocos, y ahora se ha invertido.
Hasta que no veamos por vía reglamentaria cómo se hace el traspaso de fondos, no podré decir con certeza si la mutualidad tiene viabilidad, aunque creo que sí la tiene. Soy positivo.
