Las agresiones contra los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no solo tienen consecuencias físicas y psicológicas para los agentes. También generan un impacto económico relevante para las administraciones públicas. Un estudio elaborado por la Universidad Nebrija cifra en 417.154.281 euros el coste directo para el Estado de las agresiones registradas en 2021.
El informe, titulado El coste de la violencia contra los agentes de Policía y Guardia Civil en España, analiza los recursos que se movilizan después de una agresión y pone de manifiesto que sus consecuencias trascienden el ámbito estrictamente policial.
Aunque el estudio utiliza datos correspondientes a 2021, la cuestión ha mantenido su relevancia en los últimos años en el ámbito europeo. En mayo de 2025, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo realizó una misión a Algeciras y Barbate para analizar, entre otros asuntos, los riesgos a los que están expuestos los agentes y la creciente violencia contra las fuerzas policiales, así como sus consecuencias para la seguridad pública y el entorno económico.
En marzo de 2026, además, el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo publicó un informe específico sobre la profesión policial como actividad de alto riesgo. El documento señala que los agentes están expuestos a amenazas y agresiones físicas y verbales que pueden provocar daños tanto físicos como emocionales.
Las investigaciones tras las agresiones a Policía y Benemérita
El estudio de la Universidad Nebrija parte de que cada agresión contra un agente pone en marcha una cadena de actuaciones que implica a los servicios policiales, sanitarios y judiciales y que puede prolongarse durante semanas, meses o incluso años.
Para calcular su impacto económico, los investigadores analizaron datos procedentes, entre otros organismos, del Ministerio del Interior, el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Trabajo, el Consejo General del Poder Judicial y el Instituto Nacional de Estadística, que fueron combinados mediante un modelo de estimación económica.
Los resultados muestran que el mayor coste no procede de la atención sanitaria a los agentes lesionados, sino de la investigación policial posterior a las agresiones.
En concreto, el estudio estima en aproximadamente 348 millones de euros el coste de las investigaciones policiales dirigidas a esclarecer los hechos, identificar a los responsables y desarrollar las diligencias correspondientes.
A esta cantidad se añaden 41,1 millones de euros vinculados al funcionamiento de la Administración de Justicia, que incluyen tanto el coste de los procedimientos judiciales como las costas derivadas de los procesos.
Más de 28 millones por las consecuencias físicas
Las consecuencias físicas de las agresiones representan, por su parte, más de 28 millones de euros. Esta cifra incluye la asistencia médica a los agentes heridos, los costes derivados de las bajas por enfermedad y las indemnizaciones relacionadas con lesiones permanentes.
Según el estudio, las bajas por enfermedad provocadas por estas agresiones tuvieron una duración media de 36,6 días.
Una parte de los agentes afectados sufrió además secuelas permanentes, que generaron costes adicionales para la Administración. A estos efectos económicos se suma el impacto emocional y psicológico que las agresiones pueden tener tanto sobre los propios agentes como sobre sus familias.
Los autores del estudio advierten de que los 417 millones de euros calculados para 2021 no representan el impacto económico total de la violencia contra los agentes.
La falta de información pública desagregada impide incorporar otros costes indirectos derivados de estos episodios. Entre ellos figuran los daños ocasionados en bienes públicos y privados, la pérdida temporal de efectivos como consecuencia de las bajas laborales, el incremento de la carga de trabajo para el resto de agentes y los costes penitenciarios asociados a las condenas.
También quedan fuera de la estimación otras consecuencias sociales y económicas derivadas de estos episodios.
La prevención como vía para reducir el impacto
Los resultados del estudio plantean también una dimensión económica de las políticas de prevención.
La protección de la integridad de los agentes y de la ciudadanía constituye el objetivo principal, pero reducir el número y la gravedad de los enfrentamientos puede tener asimismo un efecto sobre el gasto sanitario, policial y judicial.
En este contexto, Axon considera que la inversión en tecnologías de seguridad pública orientadas a prevenir incidentes, favorecer la desescalada y mejorar la gestión de las intervenciones puede contribuir a reducir tanto la frecuencia como la gravedad de estos episodios.
El estudio de la Universidad Nebrija incorpora así el análisis económico al debate sobre la seguridad pública en España y plantea la necesidad de conocer el coste que generan los incidentes violentos para evaluar el impacto de las políticas públicas y orientar las inversiones hacia soluciones que permitan proteger a los agentes y mejorar la seguridad de la ciudadanía.
