El expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola ha ratificado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que la aerolínea acordó destinar el 1 % de los 53 millones de euros de su rescate —unos 530.000 euros— a pagar la supuesta mediación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para conseguir la ayuda pública.
Martínez Sola, que ha declarado en calidad de investigado, no ha podido precisar, sin embargo, qué gestiones concretas habría realizado Zapatero.
Según su versión, la compañía atravesaba una situación límite y sus responsables asumieron que aquel pago era necesario para aumentar las posibilidades de que el rescate saliera adelante.
El dinero no se entregó directamente al expresidente socialista, sino a Julio Martínez Martínez, empresario al que los exdirectivos de Plus Ultra vinculan estrechamente con Zapatero y que se convirtió en el interlocutor de la aerolínea.
Martínez Sola ha explicado al juez que la prioridad de la compañía era una: conseguir el rescate. Por esa razón, ha asegurado, no realizaron un seguimiento de las actuaciones que Zapatero pudiera haber llevado a cabo para favorecer su concesión.
La declaración se produce después de que Martínez Sola y el exCEO de Plus Ultra Roberto Roselli, también investigado, remitieran el pasado julio sendos escritos al juez Calama, pocas horas antes de abandonar sus cargos en la aerolínea.
En esos documentos reconocieron haber pagado «elevadas cantidades de dinero» a Martínez Martínez por la supuesta intermediación del expresidente del Gobierno.
El magistrado investiga a Zapatero por su presunto papel al frente de una red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de realizar gestiones relacionadas con el rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra en 2021 por el Gobierno de Pedro Sánchez, además de otras operaciones.
Los exdirectivos sostuvieron en sus escritos que tuvieron «plena conciencia» de que Martínez Martínez, propietario de Análisis Relevante, y Zapatero «sí tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar».
Según explicaron, aceptaron esa situación de forma sobrevenida ante la necesidad de salvar a la compañía, aunque desconocían qué acuerdos pudieran existir entre ambos.
Las propias defensas llegaron a utilizar el término «mordida» para describir esa pretensión de cobro.
Lo hicieron apoyándose en una conversación intervenida por la Policía Nacional entre Roselli y Rodolfo Reyes, empresario venezolano y antiguo consejero de Plus Ultra, incorporada a uno de los informes policiales enviados al juez.
«Así que por ahí vendrá la mordida», afirmó Roselli en aquella conversación.
«Una medida desesperada»
Martínez Sola y Roselli han admitido que nunca llegaron a tener «constancia fehaciente» de cuáles fueron las actuaciones concretas realizadas para influir o favorecer que la SEPI concediera el rescate.
Pero sí reconocieron algo relevante: Plus Ultra asumió «como una medida desesperada» que debía contratar a Martínez Martínez para conseguir ese objetivo, sabiendo que mantenía relación con Zapatero.
La aerolínea terminó comprometiendo aproximadamente 530.000 euros, equivalentes al 1 % de la ayuda pública recibida.
Los exdirectivos calificaron las supuestas prestaciones contratadas como labores de «acompañamiento», una denominación que sus propias defensas consideran eufemística.
Los pagos se distribuyeron entre 2020 y 2025 a través de varias sociedades vinculadas a Martínez Martínez.
De acuerdo con los escritos presentados ante la Audiencia Nacional, 249.000 euros fueron abonados a Análisis Relevante; 98.617 euros, a Voli Analítica; y otros 110.799 euros, a Domotic Europe.
A esas cantidades se añadieron pagos en especie.
Martínez Martínez pretendía inicialmente, según los exdirectivos, recibir íntegramente los 530.000 euros comprometidos.
Finalmente aceptó que dentro de esa cifra se contabilizaran 69.000 euros en billetes de clase ‘business’ facilitados por Plus Ultra desde 2021.
La operativa se habría documentado mediante unas 40 facturas, por importes comprendidos entre 6.050 y 7.250 euros, bajo el concepto «Honorarios mensuales. Elaboración de informe».
El problema, según reconocieron los propios responsables de la aerolínea, es que esos informes o bien no existieron o los seis o siete que llegaron a elaborarse carecían de verdadera utilidad para Plus Ultra.
Las defensas describieron esa facturación como una actividad «encubridora».
La compañía habría intentado posteriormente realizar «una regularización completa y más exacta» de los 530.000 euros, pero ese proceso quedó interrumpido por la operación policial antes de que pudiera cerrarse definitivamente la contabilidad.
Los antiguos responsables de Plus Ultra también admitieron la existencia de otros pagos a Martínez Martínez, aunque sin concretar su cuantía.
Estos últimos responderían, según su versión, a trabajos realizados en Venezuela, entre ellos la negociación para aplazar una deuda con Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Una llamada de Zapatero desde un número oculto
El origen de la relación se remonta, según Martínez Sola y Roselli, a abril de 2020, en plena paralización del tráfico aéreo provocada por la pandemia.
Plus Ultra se encontraba entonces en una situación financiera crítica y buscaba vías para conseguir liquidez.
Rodolfo Reyes habría preguntado a Martínez Sola qué contactos podían utilizar para llegar a «personas en puestos de influencia» que pudieran «favorecer el acceso a cualquier tipo de ayuda».
Reyes le remitió a Manuel Fajardo, quien, según el relato de los exdirectivos, le indicó que Zapatero «podría ayudarle» y que tanto el expresidente como Julio Martínez Martínez se pondrían en contacto con él.
La llamada llegó al día siguiente.
«En efecto, al día siguiente, 30 de abril de 2020, Martínez Sola recibió una llamada desde un número oculto, resultando ser José Luis Rodríguez Zapatero», afirmaron las defensas.
La conversación duró unos diez minutos.
Martínez Sola explicó al expresidente socialista la situación económica de Plus Ultra y la necesidad de que la compañía pudiera acceder a financiación mediante un crédito ICO.
Según la versión ofrecida por los exdirectivos, Zapatero respondió que su intervención «podría ser de ayuda» y que realizaría «las gestiones oportunas».
También le indicó que, a partir de ese momento, debía mantener el contacto con una persona de su confianza: Julio Martínez Martínez.
Hay, no obstante, una precisión relevante en el relato de los investigados: en aquella conversación Zapatero no pidió dinero ni habló de honorarios.
«En dicha conversación con Zapatero no habló nada de honorarios, ni tampoco solicitó nada a cambio de sus gestiones», dejaron expresamente consignado las defensas.
Plus Ultra rechaza ser una «sociedad pantalla»
Los exdirectivos han reconocido ante la Audiencia Nacional que la gestión de Plus Ultra pudo incurrir en irregularidades.
«Plus Ultra ha cometido errores, no se discute», afirmaron.
Pero rechazan que esos hechos permitan concluir que la aerolínea fuera una «sociedad pantalla» o una empresa carente de actividad económica real.
Para defenderlo, invocan su evolución económica, los puestos de trabajo mantenidos, el pago recurrente de nóminas y las aportaciones realizadas a la Seguridad Social y a Hacienda.
Todo ello, sostienen, demuestra la existencia de «una organización empresarial activa, con capacidad de prestación continuada de servicios y con positivo impacto económico verificable en la sociedad española».
Su tesis es que fue precisamente la situación extrema provocada por la pandemia la que llevó a la aerolínea a aceptar una operativa que ahora se encuentra bajo investigación judicial.
Una «situación desesperada de obtención de liquidez fruto de una pésima coyuntura económica», según sus propias palabras, que terminó colocando a Plus Ultra en el centro de una investigación por una presunta operativa de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
