Hay un género literario patrio que ninguna facultad de Filología se ha atrevido todavía a catalogar como tal, y que merecería cátedra propia: la declaración institucional post-crisis. Esa pieza maestra de la prosa administrativa donde nadie miente exactamente, nadie recuerda nada, y la verdad acaba flotando en el limbo como un expediente atascado en Correos desde el franquismo tardío.
El último capítulo de esta saga nacional lo protagonizan Gonzalo Sanz y Miguel Ángel Pérez Triano, jefe de Gabinete y delegado del Gobierno en Ceuta respectivamente, hasta que el ayer el primero decidió que ya estaba bien de hacer de comparsa en la función y presentó su renuncia por correo electrónico.
Porque hasta las dimisiones con aroma a escándalo institucional se tramitan ya con la épica de un aviso de que ha caducado la contraseña.
En su carta, Sanz jura y perjura que sí, que él le trasladó «personalmente» a Triano los mensajes de WhatsApp que el CNI envió el 29 de julio, un día —repítanlo despacio, saboreando el detalle— antes de que cientos de personas cruzaran en masa desde Marruecos.
Un dato temporal tan escandalosamente oportuno que cualquier guionista de sobremesa lo habría descartado por excesivo, por «demasiado evidente hasta para la televisión pública».
Y sin embargo aquí no es guion: aquí es jueves, y es España.
Oficialmente, la renuncia responde a motivos «personales y familiares», esa fórmula todoterreno que en el diccionario político nacional significa lo mismo que «sin comentarios» pero con corbata y tono compungido.
El problema es que el propio Sanz se encarga de reventar su propia coartada dos párrafos más abajo, señalando la «evidente incompatibilidad» entre lo que él cuenta y lo que su jefe ha repetido en público con la disciplina de un catecismo: que no sabía nada, que no vio nada, que no oyó nada.
Los tres monos sabios, pero con despacho oficial y coche con escolta.
Nada de mensajes. Nada de llamadas. Nada de que alguien, en algún despacho con aire acondicionado pagado con dinero público, supiera que en redes sociales se estaba cociendo una entrada irregular coincidiendo con la Fiesta del Trono marroquí, y que ese alguien decidiera que aquello no merecía ni una llamada de más.
La Delegación, discípula aventajada de Poncio Pilato
La Delegación del Gobierno ha reaccionado con la calidez emocional de un parte meteorológico y la convicción de quien ya ha ensayado la frase delante del espejo: fue Triano quien pidió la dimisión, no al revés, y el delegado jamás —jamás, subrayado y en mayúsculas— tuvo conocimiento del contenido de esas conversaciones. Aquí no ha pasado nada, circulen, no hay nada que ver, ni siquiera un WhatsApp.
Y por si el desmentido general no bastara, la institución ha bajado hasta el detalle más quisquilloso, con la precisión de un contable revisando el IVA: el CNI, insisten, no dio ninguna cifra de personas que pudieran movilizarse, solo el número de seguidores de ciertos grupos en redes sociales.
Una matización que aspira a sonar tranquilizadora y que en realidad tiene el mismo efecto que un abogado defensor explicando, muy serio, que su cliente no robó el banco: simplemente dejó la puerta abierta y avisó de que había gente mirando la cerradura.
Es la misma escuela retórica de manual que España lleva perfeccionando desde que el Estado tiene cloacas dignas de ese nombre: no negar el hecho, redefinirlo hasta que dé pereza seguir preguntando.
Del caso Filesa al GAL, de Gürtel al último WhatsApp fantasma de un delegado que no leía sus mensajes, el país tiene una tradición casi olímpica en el deporte de «yo no sabía nada», con el pódium reservado siempre para quien mejor domine el arte de mirar exactamente hacia otro lado en el segundo decisivo.
Mientras tanto, la maquinaria burocrática seguía su ballet particular
Lo casi entrañable —si uno se empeña en buscarle ternura a esto— es que, en paralelo a este vodevil de versiones cruzadas, la Delegación jura que llevaba meses avisando como loca a los ministerios competentes de la presión migratoria: refuerzo del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, despliegue de la USECIC en la frontera, petición de una unidad del GRS, otra de la UIP para labores de seguridad ciudadana, y los trámites, faltaría más, para levantar un Centro de Atención Temporal de Extranjeros.
O sea: la maquinaria burocrática, torpe pero viva, funcionaba a pleno rendimiento, generando oficios y desplegando unidades como un pequeño ejército de formularios.
Y sin embargo, justo en el instante en que un mensaje muy concreto sobre una fecha muy concreta pasó de una pantalla a otra, la memoria institucional sufrió, providencialmente, un apagón selectivo. Qué casualidad más disciplinada.
Entre tanto comunicado calculado y tanto silencio administrativo, hay que reconocerle a Sanz algo que en este gremio escasea más que un tren puntual: la incomodidad de decir en voz alta lo que otros prefieren enterrar bajo una nota de prensa bien maquetada.
No sabemos si su versión es la completa, ni si detrás de su renuncia hay algo más de lo que cuenta. Pero, al menos, ha tenido la decencia de no sumarse al coro del «aquí no ha pasado nada», ese himno que en la política española se sabe de memoria hasta el apuntador.
