Más de 3.000 inversores. Más de 185 millones de euros presuntamente esfumados –aunque las partes afirman que la cifra supera los 260 millones–. Y, desde el pasado 14 de septiembre, una certeza que llevaban meses esperando tanto las víctimas como los procesados: el instructor de lo que ya se perfila como una de las mayores estafas piramidales ligada a las criptomonedas investigada en España da por terminado su trabajo.
El magistrado José Luis Calama Teixeira, titular de la Plaza nº 4 del Tribunal Central de Instancia —antes Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional—, firmó ayer el auto que declara concluso el Sumario Ordinario 7/2025, la pieza central de la investigación sobre Madeira Invest Club (MIC), la plataforma que su fundador, conocido en redes como ‘Cryptospain’, habría convertido en una estructura piramidal.
El sumario se inició a raíz de la denuncia presentada contra Álvaro Romillo y Madeira Invest Club por la Asociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios, a la que se unieron después la Asociación de Usuarios de Criptomonedas y la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, cuya representación lleva Emilia Zaballos, de la firma Zaballos Abogados.
El juzgado la admitió a trámite el 4 de octubre de 2024, por estafa agravada, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
«Chiringuito financiero»
La CNMV ya alertó en su momento calificando a Madeira Invest Club de «chiringuito financiero».
La instrucción mostró músculo desde el primer momento. Apenas dos días después de admitirse la denuncia inicial, la Asociación que representa Zaballos pidió a Calama el embargo de un patrimonio valorado en unos 25 millones de euros: un chalet en Boadilla del Monte, tres fincas, diez plazas de garaje y un punto de atraque en Alicante.
«Confiamos en la agilidad del magistrado instructor para la protección de dicho patrimonio», explicó entonces la socia directora del despacho, Emilia Zaballos.
A esa lista se sumaba el yate Omnia, valorado en 23 millones y atracado en Dubái. El propio Romillo —aún no detenido— había reconocido ser su propietario.
El auto de procesamiento dictado ayer ha fijado el banquillo de los diez acusados: el propio Álvaro Romillo Castillo, Borja Lara Varas, Alejandro Pérez Frías, Pedro Estanislao Bris García, Domingo Romillo Iriarte, Mihaela Munteanu Manole –esposa de Romillo–, Daniel Alcázar Jiménez, Rosa María de Oliveira de Castro, Yolanda Nieto Galera y Juan José Moreno Ruiz.
Delito continuado de estafa cualificada
Según esa resolución, los hechos serían constitutivos de un delito continuado de estafa cualificada por su especial gravedad —»delito masa» del artículo 74.2 del Código Penal, en relación con los artículos 248, 249 y 250.2—. La pena base de cuatro a ocho años debería elevarse en uno o dos grados, hasta un máximo de dieciocho años.
El auto no descartaba además un delito de organización criminal, con otros cuatro a ocho años de prisión. Y acordó abrir una pieza separada —PDP 4/2025— para el blanqueo de capitales, vía que sigue abierta y que esta conclusión no afecta.
La instrucción se amplió meses después por el frente fiscal. Un informe de la Agencia Tributaria sobre posibles delitos fiscales entre 2022 y 2024 llevó al juez, mediante auto de 1 de abril de 2026, a extender el procesamiento de los diez a los ejercicios 2023 y 2024, con carácter subsidiario: para el caso de que los hechos no se calificaran como delito contra el patrimonio.
Todos prestaron declaración indagatoria por ambos autos de procesamiento el 11 de mayo. Fue el último trámite sustancial antes de darse la instrucción por agotada.
Amparándose en el artículo 622.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal —que obliga al instructor a declarar terminado el sumario en cuanto considera practicadas las diligencias pertinentes—, Calama remite los autos y las piezas de convicción al tribunal de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La causa se tramitará como Procedimiento Ordinario 8/2025.
Las partes disponen de diez días para comparecer con abogado y procurador antes de que el tribunal fije fecha de juicio. Quienes no lo hagan verán designados a unos y otro de oficio.
Madeira Invest Club se presentaba como un club privado de inversores —la entrada costaba unos 2.000 euros anuales— que ofrecía colocar el dinero de sus socios en arte digital, vehículos de lujo, whisky, inmuebles o criptomonedas. Las rentabilidades prometidas, según la fuente y el momento, oscilaban entre el 20% y el 53% anual.
«Algunos de los damnificados tenían posibles, sí. Pero hay mucha gente que hipotecó sus casas y pidió préstamos o invirtió todos los ahorros que poseían», subraya Zaballos, cuya acusación particular ha sido de las más activas en esta causa.
La cifra de perjudicados también creció: de los más de 2.700 que calculaba Zaballos Abogados a los 3.062 del auto de diciembre.
Romillo en prisión provisional
Romillo fue detenido en noviembre de 2025 por la Guardia Civil, en la operación PONEI, tras localizarse una cuenta en Singapur con 29 millones de euros. Seguía en prisión provisional cuando se dictó el procesamiento, que fijó para los diez una fianza solidaria superior a los 247 millones.
El caso rozó también la esfera política. Una asociación de víctimas pidió sin éxito remitir la instrucción al Tribunal Supremo para investigar al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, al que Romillo habría entregado 100.000 euros, alegando que ese vínculo explicaba la paralización de la plataforma. El juzgado rechazó la petición al no apreciar indicios suficientes para justificar el aforamiento.
Con la instrucción cerrada, el foco se traslada a la Sala de lo Penal. Deberá decidir sobre la apertura de juicio oral y señalar la vista que sentará en el banquillo a Romillo y a los otros nueve procesados.
