Un juicio de reclamación de cantidad, programado para 2030. Una realidad que no es anecdótica, sino que se ha convertido en una constante dentro de la jurisdicción social, donde cada vez son más los abogados que lamentan un «colapso judicial» silencioso que tiene, como víctima protagonista, a los ciudadanos.
Digitalización, MASC, tribunales de instancia.
Muchas son las normativas y propuestas legislativas que se han realizado e implantado en los últimos años, algunas de ellas con fuertes inversiones económicas, para encontrar una vía de «agilización» de la Justicia.
Y es que, para muchos profesionales del Derecho, una Justicia tardía, no es Justicia, ni una verdadera garantía de un Estado de Derecho como el que presume ser el español.
Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, una realidad parece hacerse hueco entre los profesionales del Derecho: un colapso judicial casi imposible de justificar.
3.000 euros que tendrán su juicio en 2030
Retrasos que acaban afectando en casos personales, en los que la demora de la Justicia, se convierte en una pesadilla económica y familiar.
«Mi cliente es un hombre que cogió una incapacidad temporal porque comenzó con una enfermedad. Pruebas y demás tratamientos. Y, de esa incapacidad temporal, pasó a una incapacidad permanente», explica la abogada María Núñez.
Un cambio ante el que se aplica la sentencia del Supremo, en la que se expone que las vacaciones deben abonársele al trabajador.
«Todas las vacaciones de ese tiempo, del año 2024, del 2025, y la parte correspondiente de 2026 hasta que le dan la incapacidad permanente. Pero la empresa no paga», explica la letrada a Confilegal.
Un caso ante el que, tras el fracaso de la conciliación, se presentó la demanda correspondiente de reclamación de cantidad.
Y es aquí donde la abogada recibía una desagradable sorpresa.
«Recibo el decreto de admisión a trámite de la demanda, con el señalamiento para el 15 de enero de 2030. Me cuesta hasta decirlo», critica.
«Me he llevado las manos a la cabeza. Es una reclamación de cantidad de cerca de 3.000 euros. no es más, no es un procedimiento complejo», lamenta.
Colapso en la jurisdicción de lo Social
Un caso que, sin embargo, no es el único, siendo muchos los casos que afectan a la jurisdicción de lo Social que se han visto «abandonados» en los tribunales hasta dentro de cuatro años.
«La madre de Clara murió esperando su juicio por incapacidad a causa de un cáncer. Había sido citada para 2030», rezaba la campaña «SOS Social» del ICAM a este respecto.
Un colapso de la Justicia que preocupa al colegio madrileño: «el orden social tutela derechos que inciden directamente en el sustento y en las condiciones de vida de las personas», recordaba al respecto Eugenio Ribón.
«Es una locura que estemos celebrando juicios a tres años vista», lamentaba María Núñez en este sentido.
Una crítica en la que no sólo se pone en relieve el colapso de la jurisdicción Social, sino de todo el entramado de la Justicia española que, para la letrada, «no funciona como debería». Especialmente, en cuanto a la defensa de los derechos de los ciudadanos.
«Y la ley nueva ha llegado a empeorarlo todo aún más. Es preocupante cómo están todos los juzgados de lo social en España. No hay ninguno que funcione medianamente bien. Nos plantamos con despidos a más de un año vista; reclamaciones, mínimo tres años», lamenta.
Un bloqueo judicial en el que el calendario no parece entender de digitalización, mediación prejudicial, o tribunales de instancia, sino de años de retraso en la defensa de los derechos de los españoles.
