Moisés Barrio Andrés llegó al Derecho casi por casualidad, después de que sus padres le convencieran para aplazar su intención de estudiar Ingeniería Informática en el extranjero. Aquella decisión terminó convirtiéndolo en letrado del Consejo de Estado, académico y uno de los juristas españoles punteros especializados en Derecho digital e inteligencia artificial.
Su trayectoria combina Derecho y tecnología: antes de consolidar su carrera jurídica fundó la empresa tecnológica IDESOFT, de la que fue CEO hasta 2016.
Es letrado del Consejo de Estado desde 2009. Actualmente ejerce, además, como delegado de Protección de Datos del Consejo de Estado; mantiene actividad docente y académica vinculada, entre otras instituciones, a la Universidad Carlos III de Madrid y a la Escuela de Práctica Jurídica de la UCM.
Barrio ha participado en la elaboración de la Carta de Derechos Digitales de España, forma parte del Consejo Asesor sobre Innovación, Abogacía y Justicia Digital de la Abogacía Española y figura en el Comité de Ética de la Cátedra Internacional DemIA de la Universidad de Salamanca.
Hoy, con décadas de experiencia a caballo entre la tecnología y el Derecho público, Barrio defiende que la IA está poniendo a prueba algunas de las categorías jurídicas más básicas y advierte de un desafío inmediato para los tribunales: controlar una Administración cada vez más automatizada sin aceptar que «lo dice el sistema» pueda sustituir a una verdadera motivación.
En esta entrevista con Confilegal, Barrio repasa su trayectoria, analiza el impacto de los algoritmos sobre la actuación administrativa y explica qué puede aportar su experiencia ante una eventual nueva etapa en la función jurisdiccional.
¿Cuándo decidió que quería dedicarse al Derecho?
Hasta el bachillerato, mis pasiones eran la informática y las humanidades. Pero a mediados de los noventa, cuanto estaba en BUP y COU, el plan docente de ingeniería informática en nuestras universidades era demasiado teórico y no contemplaba la entonces incipiente revolución de las redes y de Internet.
Me plantee ir a estudiar a Estados Unidos o Canadá, pues allí la ingeniería informática sí estaba alineada con la práctica. Mis padres me aconsejaron que probase antes un año a estudiar Derecho y que, si no me gustaba la carrera, al curso siguiente me fuera al extranjero.
Acertaron de plano.
¿Qué le llevó a preparar las oposiciones al Consejo de Estado?
El temario es el más completo de todos los cuerpos existentes, con más de 500 temas y cubre todas las ramas del ordenamiento jurídico.
Junto a los habituales ejercicios de cante de temas y de caso práctico, en nuestro caso con un expediente real y con doce horas para su resolución, la oposición tiene un segundo ejercicio precioso, en el que estudiamos temas de Historia del Derecho, de Derecho Comparado, Historia política de España desde el siglo XV, Historia de las relaciones internacionales a partir de la Edad Moderna, Filosofía del Derecho y del Estado, así como también Economía.
Y el tercer ejercicio es una disertación, como máximo de una hora, al modo de las antiguas oposiciones a cátedras. En Consejo de Estado no hay temarios ya redactados que se puedan comprar, cada opositor tiene que redactar sus temas y consultar una media de 10 artículos, libros o sentencias para poder confeccionar cada uno.
Eduardo García de Enterría, también Letrado del Consejo de Estado, lo expresaba muy bien: muchos cuerpos saben derechos, pero un Letrado del Consejo de Estado es de los pocos que sabe Derecho.
¿Qué le han enseñado estos años como letrado del Consejo de Estado?
Las importantes diferencias que existen entre la academia y la situación real y necesidades de nuestras Administraciones Públicas, el impacto que tienen los dictámenes del Consejo de Estado en las decisiones del Gobierno y el sentido de prudencia y excelencia, fruto de la composición plural, de origen profesional y edades, que tienen el Pleno, la Comisión Permanente y el cuerpo de Letrados del Consejo de Estado.
¿Cómo ha cambiado su visión de la Administración desde que comenzó su carrera?
Desde un enfoque puramente rígido y de control hacia un modelo flexible que prioriza el factor humano y la adaptación tecnológica.
¿Por qué decidió especializarse en Derecho digital cuando todavía era una materia incipiente?
Aprendí a programar a finales de los 80, y en 1992, fundé una empresa fabricante de software y desarrolladora de soluciones informáticas para empresas, pymes y autónomos, que fue pionera en Internet.
Este conocimiento técnico de la programación, de la IA y de las tecnologías sobre las que funciona Internet y el mundo digital, me ha permitido ocuparme de la respuesta que el Derecho debe dar a las popularmente denominadas “nuevas” tecnologías y la vigente Sociedad digital.
«La IA tensiona categorías jurídicas básicas: autoría, responsabilidad, consentimiento, prueba, personalidad jurídica, libre competencia y tutela judicial efectiva».
¿Internet ha cambiado también nuestra forma de entender el Derecho público?
Totalmente. Desde la invención de la imprenta, Internet ha sido probablemente el siguiente invento disruptivo.
Gracias a Internet, las personas disponemos de nuevas oportunidades para intercambiar y compartir conocimientos e ideas, liberar nuestra creatividad y participar en la vida social y política. Internet representa un nuevo medio de comunicación, un instrumento fundamental para garantizar una efectiva libertad de expresión.
También tiene el potencial de fortalecer el desarrollo personal y permite otros tantos derechos constitucionales como el de participación política, los derechos de reunión y asociación, los derechos culturales, etc.
¿Es la inteligencia artificial el mayor desafío jurídico al que nos enfrentamos actualmente?
Así es. La IA tensiona categorías jurídicas básicas: autoría, responsabilidad, consentimiento, prueba, personalidad jurídica, libre competencia y tutela judicial efectiva.
En 2026 ya no es teoría. Hay litigios masivos en curso sobre entrenamiento con obras protegidas, sanciones por alucinaciones o absurdos algorítmicos en escritos judiciales elaborados con IA, consecuencias bien tangibles sobre sus efectos en el empleo, el medio ambiente o el Estado social, y una oleada de regulación desigual.
¿Está preparada la Justicia para controlar una Administración cada vez más automatizada?
Parcialmente. La Justicia se diseñó en la era analógica para controlar actos humanos motivados: un expediente, una resolución administrativa, unas razones que se pueden leer y contradecir.
Una Administración automatizada produce otra cosa: sistemas que filtran, puntúan, deniegan o priorizan a miles de personas con reglas opacas, datos sesgados y una “motivación” que a menudo es una predicción o puntuación, no un razonamiento causal.
A mi juicio, controlar el output, el resultado, sin poder examinar el diseño, los datos, los umbrales y los fallos sistemáticos es un control incompleto.
Afortunadamente tenemos avances muy positivos. Por ejemplo, la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha reconocido en el caso Bosco el acceso al código fuente, y el Pleno del CGPJ ha dictado una importante Instrucción para la utilización de sistemas de inteligencia artificial en el ejercicio de la actividad jurisdiccional.
¿Qué papel debe desempeñar un juez cuando una decisión administrativa ha sido tomada con ayuda de un algoritmo?
El juez no debe convertirse en informático ni en un simple notario del algoritmo. Su papel sigue siendo el de controlar su legalidad y garantizar la tutela judicial efectiva, adaptado a una decisión que ya no nace solo de un funcionario.
Este papel es ahora más importante y más complejo, y aborda nuevas dimensiones.
En primer lugar, hay que identificar qué hizo exactamente la máquina. No es lo mismo un sistema que calcula un plazo o cruza datos reglados que uno que puntúa riesgos, deniega una ayuda o prioriza inspecciones.
El juez debe exigir que la Administración aclare si el algoritmo fue de apoyo o decisorio, qué variables usó, y si hubo intervención humana real y en qué momento. Es crucial exigir una motivación pertinente. “Lo dice el sistema” no es motivación.
«Ser magistrado del Tribunal Supremo requiere una trayectoria de exigencia: dominio del Derecho, constancia y una reputación construida durante décadas».
El ciudadano —y el juez— necesitan una motivación en los términos ius fundamentales definidos por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Si esa explicación no existe o es inútil, hay un vicio de forma o de indefensión, aunque el resultado pudiera ser correcto.
También a mi juicio el control jurisdiccional debe preservar la reserva de lo humano donde la ley o los derechos de los ciudadanos lo exigen.
Cuando hay discrecionalidad, valoración de circunstancias personales, sanción o impacto grave en derechos, el juez debe comprobar que no se delegó de hecho la decisión en la IA. Un “visto bueno” automático no es control humano.
El juez no sustituye el criterio técnico de la Administración, pero sí verifica que alguien responsable humano haya ejercido el juicio que la norma atribuye a una autoridad.
Después de tantos años en el Consejo de Estado, ¿qué le atrae ahora de la función jurisdiccional? Porque usted es uno de los candidatos a magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo como jurista de reconocido prestigio.
Los asuntos que dictamina el Consejo de Estado son prácticamente los que también enjuicia la Sala de lo Contencioso-Administrativo y además un dictamen del Consejo de Estado tiene grandes similitudes con una sentencia.
Por eso, históricamente y hasta la jubilación de Jorge Rodríguez-Zapata, ha habido un letrado del Consejo de Estado en la Sala Tercera, para que, como dice la exposición de motivos de la Ley Orgánica del Poder Judicial entre la carrera judicial y “el resto del universo jurídico” haya intercambio, no un cuerpo cerrado, con perspectivas y sensibilidades distintas en “un ejercicio que se caracteriza por la riqueza conceptual y la diversidad de enfoques”.
En mi caso, tengo una profunda vocación de servicio público con el aprendizaje como motor personal y una experiencia singular, que aúna mi condición de letrado del Consejo de Estado con un exhaustivo conocimiento de la tecnología desde los años 80 y mis aportaciones al Derecho digital.
Y he tenido la fortuna de participar en los comités de expertos que han redactado las principales normas reguladoras de la sociedad digital, tanto en España, en la UE y en Latinoamérica.
¿Qué representa para un jurista poder ejercer como magistrado del Tribunal Supremo?
Ser magistrado del Tribunal Supremo requiere una trayectoria de exigencia: dominio del Derecho, constancia y una reputación construida durante décadas.
Pero no convierte a nadie en dueño de la verdad jurídica. Creo firmemente que el buen magistrado del Supremo sabe que su autoridad nace de la argumentación, de la colegialidad de la Sala y de la sección y de la fidelidad al Derecho, no del cargo.
