¿Puede una instrucción administrativa cambiar el mapa electoral de España y llegar a influir en el reparto de hasta 23 escaños del Congreso de los Diputados? Guillermo Rocafort, profesor de Derecho y Economía y portavoz de la asociación Reconciliación y Verdad Histórica, sostiene que la aplicación de la Ley de Memoria Democrática ha abierto la puerta a una alteración del censo electoral mediante la concesión de la nacionalidad a descendientes de españoles residentes en el extranjero.
Una Ley que precisaba del informe del Consejo de Estado, que nunca se produjo.
Rocafort fue uno de los primeros en denunciarlo y ha llevado su batalla a los tribunales. En esta entrevista explica por qué considera que la instrucción dictada en octubre de 2022 por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, Sofía Puente, desbordó lo previsto en la ley y advierte de las consecuencias que, a su juicio, podría tener sobre las próximas elecciones generales.
Usted, como portavoz de la asociación Reconciliación y Verdad Histórica, fue quien destapó el caso del censo electoral. ¿Por qué?
Hay varias personas implicadas en esto, pero si hablamos de quién tiró de silbato y empezó a mover el asunto, fui yo.
La clave de toda la historia de la Ley de Memoria Democrática es que la propia ley no define el periodo en el que se debe aplicar sino que es una instrucción administrativa, lo cual es bastante extraño: afecta al principio de reserva de ley en materia de nacionalidad, que la Constitución exige que se regule solo por ley. Esa instrucción ha convertido, de facto, a quien la ha dictado en poder legislativo.
En realidad son dos instrucciones. Una se ajustaba a lo que decía la ley; la otra es la que está vigente ahora. La primera se publicó el 20 de octubre de 2022, el mismo día que entró en vigor la Ley de Memoria. La segunda —la que yo llamo «la chapuza»— salió el día 25 de octubre.
Cuando la ley estaba en fase de tramitación, pedí, por la Ley de Transparencia, todos los informes de impacto normativo de la Ley de Memoria Democrática. Me costó mucho conseguirlos, pero al final lo hice.
Así descubrí que el propio Ministerio de Justicia reconocía que esa ley requería un informe preceptivo del Consejo de Estado, y que se saltaron ese trámite y todos los demás requisitos. Decían, además, que la ley no iba a tener ningún coste económico, y luego resultó ser un desmadre.
Llegamos a convocar una manifestación, tuvimos problemas con la policía, y denunciamos a Mercedes González, que entonces ejercía la defensa jurídica del Gobierno. Y cuando finalmente pedí explicaciones por la vía de la transparencia, el Consejo de Transparencia me dio la razón.
«El objetivo es transformar el censo electoral», denuncia Rocafort, quien ha llevado a los tribunales la instrucción del Ministerio de Justicia que regula el acceso a la nacionalidad de los descendientes de exiliados.
¿Qué han hecho para combatirla desde el punto de vista legal?
Presentamos un recurso que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene ahora mismo sobre la mesa. La Abogacía del Estado alega básicamente falta de legitimación: dice que no cabe una acción popular y que nosotros somos solo una asociación. Pero esto es un asunto de nacionalidad y de derecho al voto, y cualquier asociación tiene legitimación para plantearlo.
También enviamos un requerimiento pidiendo que resolviera el órgano competente, porque quien nos había contestado no tenía competencia para hacerlo; le dijimos que elevara la cuestión a la ministra.
Con el paso de los años hemos visto que esto se ha ido agravando —al principio intuíamos que era grave, pero no hasta el punto que sabemos ahora—, así que la semana pasada interpusimos un contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional por silencio administrativo, ya que el Ministerio de Justicia nunca resolvió aquel requerimiento.
Hemos reactivado y ampliado esa vía porque cada día sale una noticia nueva y más escandalosa. En paralelo, interpusimos una querella criminal contra Sofía Puente.
¿Qué establece exactamente la instrucción sobre quién puede considerarse exiliado?
La instrucción que aprobó Sofía Puente como directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia el 25 de octubre de 2022 establece que todos los españoles que salieron de España entre 1936 y 1955 se presume que lo hicieron por motivos políticos: son considerados exiliados sin más trámite. Se les concede la nacionalidad de modo automático.
Quienes salieron entre 1955 y 1978 también pueden reclamar la condición de exiliado político, pero deben demostrarlo documentalmente.
¿De qué forma modificaría esto el censo electoral?
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha resuelto que solo podrán votar quienes acrediten un motivo real de exilio: rompe la presunción y exige el documento.
Eso va a bloquear a los consulados, porque no sé cómo lo van a gestionar: tendrán que revisar caso por caso si la persona tuvo carnet de un partido, una condena o simplemente una carta pidiendo asilo político. Y eso va a ser prácticamente imposible, porque han pasado casi cien años y nadie conserva ese tipo de documentación; yo mismo no tengo casi nada de mis abuelos.
Lo que esto tiene que ver con el censo es que, a mi juicio, el objetivo es inflarlo. El perito informático Gabriel Araujo elaboró un informe en el que asegura que 158 municipios van a tener más electores fuera que dentro.
Otro informe, este de la consultora De Madrid a Europa, no permite calcular cuántos diputados cambiarían de signo por esta vía, ya que sus autores no aventuran a qué partido iría el voto exterior adicional.
Lo que sí aporta es una medida del riesgo: si el CERA hubiera votado en 2023 con la participación media que ha registrado desde 1986 (un 2,01% del total del censo), el volumen de papeletas adicionales habría bastado para superar el margen del último escaño en 16 de las 52 circunscripciones.
Si la participación hubiera alcanzado el máximo histórico registrado en cada provincia (un 4,19%), esa cifra se elevaría a 23 circunscripciones. Dicho de otro modo: entre 16 y 23 escaños se sitúan, según el escenario, dentro del margen en el que el voto exterior podría ser determinante. Y esto es lo que puede ocurrir en las próximas elecciones. Que ese voto exterior decida el resultado final.
Dicho de otro modo: la Ley de Memoria Democrática podría alterar el reparto de entre 16 y 23 escaños por el voto exterior.
Lo que usted me cuenta es una especie de gerrymandering a la española. Ya sabe, la manipulación de los límites de las circunscripciones electorales con el objetivo de favorecer a un partido político o a un determinado grupo de votantes, alterando la distribución territorial del electorado para obtener una ventaja en la asignación de escaños. En este caso lo que se buscaría es lo mismo: ganar.
En Estados Unidos son maestros en la materia. Aquí, además, se está adscribiendo a muchas de estas personas a localidades que ni siquiera existían en 1955, como Tres Cantos, en la Comunidad de Madrid. Es un problema serio porque al final cambia el mapa electoral.
O sea, usted ve esto como un plan claro para modificar el escenario electoral.
Absolutamente. Hay precedentes de sobra: las primarias de Pedro Sánchez, el pucherazo del Frente Popular en febrero de 1936, la manipulación del referéndum de fusión entre Villanueva de la Serena y Don Benito, o el caso de Almería, cuando rechazó incorporarse a la Junta de Andalucía y el PSOE también actuó de forma irregular.
En mi opinión, el PSOE tiene experiencia manipulando censos.
El Partido Popular hizo algo parecido con la ley que reconoció la nacionalidad a los sefardíes expulsados por los Reyes Católicos quinientos años atrás. Una cosa y la otra se asemejan, ¿no le parece?
Esa ley de nacionalidad para los sefardíes viene de más atrás. Ya en los años veinte, con Miguel Primo de Rivera, España protegió a las comunidades sefardíes. Y después, durante la Segunda Guerra Mundial, la España de Franco contribuyó a salvar a varios miles de sefardíes de la persecución en Hungría y Grecia. La ley que aprobó después el Partido Popular seguía esa misma lógica: quien tuvo que salir de España durante o después de la Guerra Civil debería poder recuperar la nacionalidad.
La cuestión es por qué esa misma lógica no se aplica a todos por igual. Aznar, en 1996, dio la nacionalidad española a los supervivientes de las Brigadas Internacionales. ¿Por qué entonces no se le concede también al Cuerpo de Tropas Voluntarias italiano o a la Legión Cóndor?
Al fin y al cabo, mucha gente huyó también del otro bando, del Frente Popular, porque los iban a matar, y se instaló en Francia y en otros países. ¿Por qué no se reconoce a sus descendientes? ¿O es que los descendientes de quienes simpatizaron con el otro bando no tienen derecho a lo mismo? Ese es el problema: es una ley maniquea.
Para que se haga una idea: en Italia, que sigue el ius sanguinis, el derecho de sangre, quienes más han defendido el reconocimiento de los italianos en el exterior están ahora preocupados, porque han detectado compra de votos, sobre todo en algunas circunscripciones grandes.
Y fíjese quién ha impulsado ese reconocimiento en Italia: la derecha patriótica, de perfil filofascista y autoritario, el entorno de Alianza Nacional, heredera del Movimiento Social Italiano y hoy convertida en Fratelli d’Italia. Aquí, en cambio, el paradigma es justo el contrario: quien lo pide es la izquierda.
Hay un precedente parecido en la política exterior rusa: cuando se desintegró la URSS, quedaron entre 40 y 50 millones de rusos fuera de las nuevas fronteras, y Moscú repartió pasaportes a manos llenas. Orbán ha hecho algo similar con la minoría húngara que quedó fuera de Hungría.
¿Está usted diciendo que se está reconociendo la nacionalidad a las familias del bando republicano y no a las del bando nacional?
También muchas familias del otro bando tuvieron que salir. La guerra duró tres años y medio y desde Valencia no dejaron de zarpar barcos de la Cruz Roja llenos de españoles que huían de la represión hacia otros países, incluida América, y que después no volvieron.
El portavoz de Reconciliación y Verdad Histórica cuestiona la transparencia del sistema electoral español y reclama un mayor control sobre el escrutinio provisional y la actuación de Indra.
¿Pero la ley, en teoría, cubre a todos los que salieron, fuera cual fuera el bando?
Una cosa es lo que cubre la ley sobre el papel, y otra muy distinta el énfasis que se pone en la práctica. Aquí siempre se habla de los exiliados del Frente Popular. Estoy convencido de que, si sigues esa vía sin identificarte como descendiente de ese bando, el Gobierno no te la va a reconocer, algo que además resulta humillante para quien tiene que demostrarlo.
Por otro lado, un abogado que nos asesora en este asunto me ha contado que, desde que Sofía Puente llegó al cargo en 2020, se está bloqueando a los solicitantes de origen sefardí, que hasta entonces no habían tenido problemas, pese a la enorme complejidad de los árboles genealógicos que presentan, con hasta cinco siglos de antigüedad.
A su juicio, ¿cuál era el objetivo de esa instrucción del Ministerio de Justicia que modificaba la interpretación de la Ley de Memoria Democrática?
Transformar o modificar el censo electoral: eso es lo fundamental de todo. Creo que fui yo quien empezó a usar la palabra «pucherazo» para esto.
¿Cómo ha respondido la Justicia?
Por lo que veo, está funcionando bien. En un primer momento, la Junta Electoral Central dijo que la instrucción no tenía visos de ser legal. Iustitia Europa y Vox recurrieron ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, la cual dictó un auto obligando a remitir toda la información de este caso. Lo que, de facto, ha paralizado el proceso de nacionalizaciones.
El ponente del auto fue nada menos que un exmagistrado del Tribunal Constitucional, Antonio Narváez.
Desde 1978 existe una confianza general de que el sistema electoral funciona correctamente. Usted, sin embargo, habla de manipulación con el objetivo de que el partido en el Gobierno se mantenga en el poder. Eso son palabras mayores…
Totalmente. Hay algo que queda al margen de esta polémica concreta: el escrutinio provisional, el que se conoce la noche electoral, no tiene ningún valor legal. El que sí tiene valor legal es la suma posterior de las actas realizada por las juntas provinciales.
¿Por qué entonces no se hacen esas sumas de inmediato? ¿Por qué se dan por válidos los datos de Indra esa misma noche, solo para saber cuanto antes quién ha ganado, que la televisión lo anuncie y Ferraz pueda sacar pecho? A mi juicio, eso es irregular: el escrutinio provisional se basa en tabulaciones de Indra que no se someten a ninguna auditoría ni inspección independiente. Lo dice hasta la OSCE, que ha señalado que nadie supervisa lo que hace Indra puertas adentro.
Las auditorías, además, son confidenciales y clasificadas. Y eso que cualquier país que envía observadores internacionales —la OEA, la OSCE— suele hacer valoraciones muy críticas cuando vienen a España, porque el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ya ha dicho que la transparencia es uno de los principios electorales básicos, y aquí no la hay.
El Ministerio del Interior, a través de la Subdirección General de Procesos Electorales, no es nada transparente: cuando le dieron el contrato a Indra, creo que en 2019, fue un escándalo, porque se hizo por adjudicación directa.
Las actas de las mesas y colegios electorales no se publican de inmediato: el dato provisional se da por bueno esa noche y, tres días después, las juntas provinciales confirman esos datos sin apenas revisión, aunque la LOREG exige que se sumen las actas una a una. En Madrid, sumarlas correctamente lleva más tiempo que en Melilla, pero hay que hacerlo: lo que hay que garantizar es que esos datos están correctamente tabulados.
Tampoco entiendo por qué la Junta Electoral Central no tiene un sistema informático propio en lugar de subcontratar a una empresa como Indra, que vende armas a Ucrania y que ha estado implicada en casos de reparto de precios en contratos ferroviarios e informáticos.
La Junta Electoral debería tener su propio sistema y sus propios auditores trabajando la noche electoral, junto a Indra o en su lugar. El cómputo inicial nunca debería tratarse como cómputo definitivo, que es lo que ocurre en la práctica. Esa es mi opinión, amigo.
Para terminar, ¿cree usted de verdad que la democracia española está en peligro por estas supuestas manipulaciones?
Sin duda. Y no es solo cosa del PSOE. Los partidos, al final, actúan de forma bastante solidaria entre ellos. Fíjese que el PP no abrió la boca hasta antes del verano, y mientras tanto a quienes denunciábamos esto nos llamaban conspiranoicos, de la ultra o prorrusos.
Al final, ningún partido quiere que se pongan en duda sus propios resultados o sus futuras victorias, así que los procedimientos van a seguir siendo los mismos: hay miedo a quedar deslegitimados.
Lo que hay que exigir es limpieza y transparencia. Creo que el sistema, en su conjunto, no va a permitir que surjan opciones nuevas, porque el reparto ya está hecho entre los de siempre. Por eso me parece bochornoso que ahora el PP saque pecho, cuando ha estado cuatro años callado.
