El Tribunal Constitucional (TC) ha dado este martes un paso hacia la aplicación de la amnistía al delito de malversación del procés. El magistrado José María Macías, ponente del recurso de amparo presentado por Jordi Turull, ha aceptado redactar una nueva propuesta de sentencia conforme al criterio de la mayoría del tribunal, favorable a aplicar la medida de gracia.
Macías ha asumido que su ponencia inicial, partidaria de respaldar la decisión del Tribunal Supremo de excluir la malversación de la amnistía, no cuenta con los apoyos necesarios.
El magistrado, perteneciente al sector conservador del Constitucional, presentará en próximos plenos una nueva propuesta de resolución ajustada al criterio mayoritario.
La decisión definitiva todavía no se ha adoptado, pero el cambio de orientación de la ponencia puede tener consecuencias directas sobre la situación procesal del expresidente catalán Carles Puigdemont y del resto de dirigentes independentistas afectados.
EL BENEFICIO PERSONAL, EN EL CENTRO DE LA CONTROVERSIA
El recurso de amparo que examina el Constitucional fue presentado por Jordi Turull, exconsejero de la Generalitat y actual secretario general de Junts.
Turull impugna la interpretación del Tribunal Supremo que impide aplicar la amnistía al delito de malversación cometido durante el procés, al considerar que existió un beneficio personal para los dirigentes independentistas.
La ponencia inicial de Macías defendía la desestimación del recurso porque no apreciaba que las resoluciones del Supremo incurrieran en arbitrariedad, irrazonabilidad manifiesta o error patente.
Tampoco consideraba que hubieran privado a Turull de una respuesta judicial fundada en Derecho.
«La interpretación llevada a cabo por la Sala Segunda del Tribunal Supremo no puede tildarse de sorpresiva o imprevisible, y mucho menos de caprichosa o fruto de una supuesta animadversión hacia el recurrente», sostenía el magistrado.
Macías entendía que la interpretación del Supremo se ajustaba a la doctrina vigente sobre los elementos del tipo penal de malversación.
Sin embargo, la mayoría del Constitucional mantiene un criterio diferente sobre la aplicación de la amnistía a esta modalidad delictiva, lo que ha llevado al ponente a aceptar la elaboración de una nueva propuesta de sentencia.
EL SUPREMO MANTIENE SU NEGATIVA A AMNISTIAR A PUIGDEMONT
La deliberación del Constitucional se produce después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) descartara que el referéndum ilegal afectara a los intereses financieros de la Unión Europea, uno de los argumentos utilizados por el Supremo para excluir la malversación de la amnistía.
Pese a ello, el Tribunal Supremo ha mantenido su negativa a aplicar la medida de gracia a Puigdemont, que continúa procesado al no haber sido juzgado.
El magistrado instructor del procés, Pablo Llarena, rechazó recientemente su petición de amnistía y se negó a levantar la orden nacional de detención que pesa sobre él.
Llarena argumentó que el pronunciamiento del TJUE no resolvía la cuestión del beneficio personal que aprecia en la malversación investigada.
También recordó que las sentencias dictadas hasta ahora por el Constitucional sobre la constitucionalidad de la amnistía no habían abordado específicamente esa interpretación.
Según explicó, dichas resoluciones «no han dejado sin efecto la interpretación del beneficio personal realizada en esta causa, aunque tampoco constituyan una validación específica de esa interpretación».
Respecto a la orden de detención, el instructor precisó que su negativa no impedía revisar las medidas cautelares si concurrían otras circunstancias concretas que justificaran su modificación.
LA SENTENCIA SOBRE TURULL PUEDE ACELERAR LA DECISIÓN SOBRE PUIGDEMONT
El pronunciamiento del Constitucional sobre el recurso de Turull será relevante para determinar cómo debe aplicarse la amnistía al resto de dirigentes independentistas investigados por malversación.
Entre los recursos pendientes figuran los presentados por Puigdemont, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva y Dolors Bassa, que serán examinados en próximos plenos.
Fuentes del Tribunal Supremo han indicado a Europa Press que Llarena agilizará su decisión sobre la aplicación de la amnistía a Puigdemont cuando conozca el contenido y los fundamentos jurídicos de la sentencia del Constitucional sobre Turull.
Si considera que el criterio establecido por el tribunal de garantías resulta extensible al expresidente catalán, el instructor podrá pronunciarse sobre su situación sin esperar a que el Constitucional resuelva específicamente el recurso de amparo de Puigdemont.
