El futuro de las pensiones de los abogados mutualistas vuelve a estar sobre la mesa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Esta vez, con un documento de 12 propuestas consensuadas entre Abogacía Española y las asociaciones, colectivos y sindicato de mutualistas, que pretende despejar las incertidumbres que todavía rodean el desarrollo reglamentario de la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González, y el presidente de su Comisión de Previsión Social y decano del Colegio de la Abogacía de Alicante, Ignacio Gally, se reunieron ayer con la ministra Elma Saiz para trasladarle las reivindicaciones compartidas por los profesionales afectados.
En el encuentro también participaron el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez Corujo, y el abogado Jaume García Vicente, elegido por las propias organizaciones de mutualistas para representarlas.
La petición central es que el reglamento avance con la máxima rapidez, pero sin dejar sin respuesta las distintas situaciones personales, económicas y profesionales de quienes pretenden incorporarse al sistema público de pensiones.
La norma que lo hace posible es la Ley 2/2026, de 29 de julio, por la que se modifica la Ley General de la Seguridad Social en relación con las mutualidades alternativas, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 31 de julio.
El texto legal fija un plazo de tres meses para que el Gobierno elabore el reglamento de desarrollo, un plazo que se agota el 29 de octubre.
Conocer la pensión antes de tomar una decisión irreversible
Uno de los aspectos fundamentales del documento es el derecho de los mutualistas a conocer las consecuencias económicas de su incorporación al RETA antes de formalizarla.
Las organizaciones reclaman una simulación individualizada, previa y vinculante, que permita al profesional conocer las condiciones de su integración en el sistema público y sus efectos sobre sus derechos de previsión social.
La propuesta cobra especial importancia porque la decisión de acogerse a la pasarela es irreversible.
También piden que los certificados expedidos por las mutualidades puedan ser cuestionados mediante la aportación de otras pruebas, aplicando los principios de libertad de prueba y contradicción.
El objetivo es que los interesados puedan comprobar y discutir los datos utilizados para determinar sus futuros derechos.
Qué hacer con el dinero acumulado en las mutualidades
Otro bloque de propuestas se refiere al tratamiento de los fondos acumulados durante la vida profesional en las mutualidades.
Las organizaciones plantean que el mutualista pueda destinar voluntariamente los excedentes de sus fondos a mejorar sus bases históricas de cotización y, con ello, las condiciones de su futura pensión pública.
También reclaman que el remanente que no pueda convertirse en cotizaciones permanezca como producto de ahorro o fondo complementario privado, sin que la incorporación al RETA implique necesariamente la pérdida de ese patrimonio.
En relación con el cálculo de las cotizaciones correspondientes a periodos anteriores, defienden la aplicación estricta de las bases mínimas históricas en sus valores nominales, sin actualizarlas conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC).
Asimismo, proponen que la imputación de las cotizaciones se realice desde los periodos más recientes hacia los más antiguos.
A ello añaden la petición de aplicar un coeficiente de mejora dentro de la horquilla legal comprendida entre 0,67 y 0,87.
Son cuestiones técnicas, pero con consecuencias directas sobre el reconocimiento de los periodos cotizados y el cálculo de las futuras prestaciones.
Los mayores de 52 años y los profesionales que ya cobran una pensión
Las propuestas también abordan situaciones personales que requieren un tratamiento específico.
Una de ellas es la delimitación restrictiva del concepto de «pensionista» a efectos de la exclusión legal de la pasarela.
Los colectivos consideran necesario concretar el alcance de esta categoría para evitar interpretaciones que puedan impedir el acceso de determinados profesionales al nuevo sistema.
Otra reivindicación afecta a los mayores de 52 años y a quienes desarrollaron parte de su actividad profesional antes de 1995.
Para estos supuestos, solicitan que el reconocimiento del tiempo de actividad profesional y la cuantía del fondo económico acumulado se traten como cuestiones independientes.
También reclaman que los profesionales que estén percibiendo una prestación por incapacidad temporal puedan mantenerla durante el proceso de incorporación al RETA.
Las aportaciones complementarias deben quedar fuera de la conversión obligatoria
Las organizaciones quieren que el reglamento distinga entre las aportaciones realizadas como alternativa al RETA y aquellas destinadas voluntariamente a mejorar la previsión social del profesional.
Por ello, reclaman que las aportaciones complementarias queden excluidas del perímetro obligatorio de la pasarela.
Otra petición es garantizar la efectividad y aplicación inmediata del complemento a mínimos del RETA.
El documento se completa con una reivindicación procesal: que los conflictos derivados de la aplicación de la pasarela correspondan a la jurisdicción social.
Junto a ello, solicitan la suspensión de los plazos de caducidad para preservar los derechos de los profesionales afectados.
Los mutualistas eligieron directamente a su representante
Las 12 propuestas son el resultado del trabajo conjunto desarrollado durante la reunión celebrada el 18 de septiembre en la sede de Abogacía Española.
En aquella sesión, las asociaciones, colectivos y sindicato de mutualistas pusieron en común sus planteamientos para identificar los puntos de coincidencia.
El documento consensuado no sustituye las reivindicaciones particulares de cada organización. El CGAE también remitirá al Ministerio los informes y propuestas elaborados individualmente por los distintos colectivos.
La participación de Jaume García Vicente en la reunión con la ministra responde igualmente a un acuerdo alcanzado con las organizaciones.
Su elección se produjo el 18 de septiembre, mediante una votación a puerta cerrada, después de que los representantes del CGAE abandonaran voluntariamente la sala para garantizar que la decisión correspondiera exclusivamente a las organizaciones de mutualistas.
La Abogacía Española insiste en la urgencia del reglamento
Salvador González reiteró ante la ministra que el desarrollo reglamentario debe tramitarse con la máxima celeridad y mantener un carácter eminentemente técnico.
El presidente del CGAE considera necesario que el texto aporte certezas, garantice la seguridad jurídica y contemple las distintas situaciones de los profesionales afectados.
«Llegamos a esta reunión con un trabajo muy concreto realizado por asociaciones, colectivos y sindicato, que hoy hemos podido trasladar directamente al Ministerio», explicó.
La reunión da continuidad a los contactos mantenidos entre Abogacía Española y el Ministerio.
En el encuentro anterior, González ya había solicitado a Saiz que la tramitación del reglamento fuera declarada urgente.
La ministra se comprometió entonces a trasladar esa petición al Consejo de Ministros.
