El Gobierno ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este próximo martes los dos reales decreto-ley sobre vivienda que el Congreso de los Diputados tumbó el pasado viernes. Una decisión que llegará a la Diputación permanente, después de que Pedro Sánchez haya convocado elecciones, y que podría suponer un fraude de ley.
Tras un fin de semana de «reflexión», Pedro Sánchez se mostraba ante las cámaras de televisión este lunes para anunciar, finalmente, su decisión de disolver las Cortes Generales y convocar elecciones para el próximo 29 de noviembre.
Un anuncio esperado, pero que ha traído, apenas un poco más tarde, una segunda noticia del Ejecutivo que ha sembrado la polémica: la decisión del Ejecutivo de llevar nuevamente los decretos de vivienda, rechazados por el Congreso de los Diputados el pasado viernes, al Consejo de Ministros.
Un movimiento político de Sánchez que busca la aprobación de estas medidas del Ejecutivo gracias a la convocatoria de elecciones.
Y es que, al estar disueltas las Cortes Generales, y tras el «sí» del Consejo de Ministros, la posibilidad de aprobar estos decretos queda en manos de la Diputación Permanente: un «pequeño hemiciclo» que cuenta con mayoría favorable al Gobierno de Pedro Sánchez y que, presumiblemente, dará el «sí» a los decretos rechazados por el Parlamento hace menos de una semana.
«El artículo 78.2 CE dispone que, disueltas las Cámaras o expirado su mandato, la Diputación Permanente asume las facultades del Congreso», recuerda el juez Miguel Guerrero, alias Iuristóteles, en X.
La aprobación de los decretos, un posible fraude de Ley
Una Diputación Permanente que no reproduce, tal y como recuerda el juez, la proporción del Pleno del Parlamento.
«La DP, en esta legislatura, tiene 69 diputados (68 más la presidenta de la Cámara). El bloque que votó a favor del primer Decreto (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Mixto y presidencia) suman 35 votos mientras que él bloque que votó en contra (PP, Vox y Junts) suman 34. La aprobación de un Decreto-Ley exige mayoría simple de votos, no mayoría absoluta», explica.
Una diferencia que es clave para la aprobación de los Decretos.
Y es que lo que se plantea es que, a través de la disolución de las Cámaras, se consiga la aprobación de un texto que ya fue rechazado por el Congreso de los Diputados.
Ello, olvidando un punto fundamental: «la Diputación Permanente solo debe actuar por urgencia extrema», recuerda el juez Luis Sanz, conocido como MagistraThor.
«Reaprobar el texto días después, reservando la convalidación a un órgano que sustituye a las Cortes porque ahí sí da la aritmética de votos es, evidentemente, un fraude de ley», sostiene Guerrero.
Especialmente, debido a la falta de urgencia de los decretos-ley sobre vivienda. Y al rechazo del Congreso de los Diputados, representante de la soberanía popular, a estos textos.
«Hacer esto solo dos días después de que el Congreso haya negado la convalidación es de una gravedad extrema. No es gobernar sin el Parlamento. Sería gobernar contra el Parlamento», señala MagistraThor.
Análisis que, sin duda, ponen el foco en la polémica actual: la decisión del Gobierno de continuar legislando, pese a la cita con las urnas del próximo 29-N.
