El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, llamó por teléfono al director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, después de que se filtrara el correo electrónico de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así lo ha confirmado la Abogacía del Estado, en representación del DAO, en un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el denominado caso Leire Díez.
La llamada también tuvo su equivalente por parte de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, quien contactó con Llamas por el mismo motivo.
Tanto el DAO como la directora general están investigados por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia.
El magistrado trata de determinar si la apertura de tres informaciones reservadas a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil respondió a motivos legítimos o si, por el contrario, se utilizaron para presionar a los investigadores que trabajaban en causas judiciales relacionadas con el PSOE y el Gobierno.
La confirmación de ambas llamadas figura en un escrito de la Abogacía del Estado, presentado en respuesta a un requerimiento del instructor para que el DAO aclarase las circunstancias en las que se ordenaron aquellas actuaciones internas.
La llamada de Marlaska y el correo de Begoña Gómez
Una de las informaciones reservadas tuvo su origen en la filtración de un correo electrónico de Begoña Gómez, que aparecía en un anexo de comunicaciones intervenidas por la UCO durante la investigación judicial sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
La difusión de esos datos motivó las llamadas de Grande-Marlaska y Mercedes González al director adjunto operativo de la Guardia Civil, según explica su defensa.
«El motivo de aquella dación de cuentas no fue otro que la propia directora general estuvo en la génesis de la misma, a través de una llamada, así como otra del ministro del Interior», señala la Abogacía del Estado.
Y añade: «A través de ambas llamadas se puso en antecedentes al DAO sobre los perjuicios que había provocado la divulgación de los datos personales de personas ajenas a la investigación que se llevaba a cabo por la UCO ante un juzgado de Badajoz».
La defensa sostiene, por tanto, que las comunicaciones respondieron a la preocupación por la difusión de datos personales de personas ajenas al procedimiento judicial, y que esa circunstancia justificaba que se informara posteriormente a la directora general sobre las actuaciones realizadas.
«Se entendió necesario y oportuno comunicar qué se había hecho al respecto», explica el escrito.
El documento confirma que el ministro telefoneó al máximo responsable operativo de la Guardia Civil, aunque no atribuye a Grande-Marlaska una orden directa de abrir la información reservada.
Las otras informaciones reservadas y el papel de la directora general
La Abogacía del Estado también ha explicado al juez cómo se tramitaron las informaciones reservadas abiertas en distintas unidades dependientes del DAO.
Según la defensa de Llamas, la directora general de la Guardia Civil no intervino en el origen ni en la tramitación de las tres informaciones reservadas a las que se refiere este apartado del escrito.
«De las tres informaciones reservadas elaboradas en otras tantas unidades dependientes de la DAO no se remitió oficio ni del inicio ni del final de las mismas a la directora general, toda vez que esta estuvo ajena a su génesis y no tuvo participación ni conocimiento previo alguno en su origen ni en su tramitación», afirma.
La Abogacía del Estado sostiene que se trataba de asuntos internos cuya gestión correspondía al director adjunto operativo y a los mandos de las unidades afectadas.
«Eran cuestiones de gobierno interno que el propio DAO resolvía con los mandos a los que se le ordenaba la incoación», precisa.
Sin embargo, reconoce una excepción. En una de las informaciones reservadas, relacionada con hechos denunciados ante el Servicio de Asuntos Internos, Mercedes González sí recibió información verbal.
La razón, según el escrito, es que la directora general había recibido previamente una denuncia anónima sobre esos mismos hechos.
Ese anónimo, junto con otros enviados a diferentes destinatarios, entre ellos el propio DAO, constituía la base de la investigación interna.
Pedraz investiga si se trató de presionar a la UCO
Estas explicaciones se producen en el marco de la investigación judicial sobre una supuesta trama destinada a obstaculizar procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.
La causa examina el presunto papel del exdirigente socialista Santos Cerdán, a quien se atribuye el liderazgo de esa supuesta estructura, y de la exmilitante socialista Leire Díez, que habría ejercido funciones de coordinación.
Uno de los aspectos que investiga Pedraz es precisamente la apertura de informaciones reservadas a agentes de la UCO, una unidad que en aquel momento participaba en diversas investigaciones relacionadas con el entorno del partido y del Ejecutivo.
La cuestión que debe esclarecer el instructor es si esas actuaciones internas respondieron a irregularidades que debían investigarse o si fueron promovidas con la finalidad de presionar a los agentes.
La distinción tiene importancia jurídica porque la apertura de una información reservada, por sí sola, no constituye un delito. Lo determinante es si la decisión se adoptó de manera arbitraria o con la finalidad de interferir en el trabajo de los investigadores.
Por ahora, la Abogacía del Estado ha aportado la versión de Llamas sobre el origen de las actuaciones y la participación de los responsables del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Guardia Civil.
Corresponde al juez Pedraz valorar estas explicaciones y determinar si existen indicios de los presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia que investiga.
