El Tribunal Supremo ha archivado la causa contra el eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis «Alvise» Pérez, por difundir en su cuenta de X una falsa prueba de coronavirus atribuida al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. El magistrado instructor, Javier Hernández, considera que no existen indicios suficientes de falsedad documental ni motivos para perseguir penalmente las presuntas injurias.
La decisión coincide con otro movimiento judicial de signo contrario: la magistrada Carmen Lamela ha solicitado al Parlamento Europeo un suplicatorio para investigar a Alvise por un presunto delito de desórdenes públicos, relacionado con los mensajes difundidos en su canal de Telegram durante las protestas agrícolas de febrero de 2024.
En el primer procedimiento, Hernández concluye que los indicios de criminalidad por falsedad documental carecen de la «mínima consistencia» necesaria para justificar una solicitud de suplicatorio a la Eurocámara y proceder a la inculpación del eurodiputado.
Respecto a las posibles injurias, el instructor considera que la conducta no alcanzó el nivel de «humillación, grave menosprecio o descrédito» exigible para acudir a la vía penal.
Sin embargo, introduce un matiz importante: archivar la causa no significa que Illa carezca de protección jurídica frente a la difusión de aquella información.
«No quiere decir, ni mucho menos, que Salvador Illa no tenga derecho a proteger su honor y a reaccionar frente a conductas que injustamente menoscaban su fama o su propia estimación», precisa el magistrado.
Y concluye: «Lo que sí afirmo es que en este caso la vía penal no es la adecuada».
De esta forma, deja abierta la posibilidad de que el presidente catalán ejercite acciones civiles en defensa de su derecho al honor. El auto puede recurrirse ante el propio instructor y ante la Sala de lo Penal.
Lamela aprecia indicios de desórdenes públicos en los mensajes de Telegram
La situación es diferente en la investigación que dirige Carmen Lamela.
Esta causa, abierta el pasado julio, se refiere a las publicaciones difundidas entre el 6 y el 10 de febrero de 2024, durante las movilizaciones de agricultores.
Según la magistrada, los mensajes contenían «llamamientos reiterados a la ocupación, bloqueo y colapso» de diferentes espacios públicos.
En su auto, sostiene que las publicaciones «no se limitan a la expresión de una crítica política, a la adhesión a una protesta social o a la mera convocatoria de una movilización sectorial».
A su juicio, incorporaban llamamientos concretos al corte de carreteras, al bloqueo de accesos y centros logísticos y al colapso de ciudades.
También mencionaban la conveniencia de aprovechar la insuficiencia de efectivos policiales, mantener la coordinación entre los participantes y apoyar los piquetes y bloqueos.
Lamela considera que estos elementos justifican solicitar al Parlamento Europeo autorización para continuar el procedimiento penal, aunque advierte de que su valoración es provisional y se efectúa exclusivamente a los efectos del suplicatorio.
La instructora destaca, además, que los mensajes se publicaron antes de que Alvise adquiriera la condición de eurodiputado.
Por tanto, no se trata de opiniones o votos emitidos «en el ejercicio de sus funciones como diputado del Parlamento Europeo», circunstancia relevante para valorar el alcance de su inmunidad parlamentaria.
Cinco causas penales todavía abiertas
Con el archivo del procedimiento relativo a la falsa prueba de coronavirus de Illa, Alvise mantiene cinco investigaciones abiertas en el Tribunal Supremo.
Una se refiere a la supuesta financiación ilegal de SALF. Otra, al presunto acoso a la fiscal delegada de delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert.
También está investigado por presuntos delitos de acoso y revelación de secretos contra los dos eurodiputados elegidos junto a él en las listas de su formación y por supuestas coacciones al exalcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce.
La quinta causa es la relativa a los presuntos desórdenes públicos durante las protestas agrícolas.
En los cinco procedimientos el Supremo ha solicitado los correspondientes suplicatorios al Parlamento Europeo.
