«Ningún juez debe verse obligado a ejercer su función bajo la presión o la amenaza de quienes pretendan condicionar sus decisiones».
Con esta contundente advertencia, los seis vocales electivos de la Asociación de Fiscales (AF) en el Consejo Fiscal han expresado su respaldo a la magistrada Beatriz Biedma ante las informaciones sobre presiones e intimidaciones vinculadas a su labor jurisdiccional.
En un comunicado difundido este jueves, Ana López Riera, Esther Moreno Amaya, José Francisco Ortiz Navarro, Macarena Ortiz Tejonero, Javier Ródenas Molina y Alberto Rodríguez Fernández reclaman firmeza institucional y subrayan que la prudencia ante una investigación en curso no puede servir de excusa para la indiferencia.
«La prudencia exigible ante una investigación en curso no puede confundirse con indiferencia ante hechos que, de confirmarse, comprometerían gravemente las condiciones en que debe administrarse justicia», afirman.
Al mismo tiempo, subrayan que su pronunciamiento no implica anticipar conclusiones sobre los hechos investigados ni atribuir responsabilidades.
Los seis representantes electivos de la AF recuerdan que el Ministerio Fiscal tiene el mandato constitucional de velar por la independencia de los tribunales y advierten de que la prudencia ante una investigación no debe confundirse con indiferencia.
Un mandato constitucional del Ministerio Fiscal
Los firmantes invocan el artículo 124.1 de la Constitución, que encomienda al Ministerio Fiscal la misión de velar por la independencia de los tribunales.
Desde esa premisa, defienden que la independencia judicial no constituye una prerrogativa de los jueces, sino una garantía del conjunto de los ciudadanos, que tienen derecho a que sus asuntos se resuelvan «sin injerencias, presiones ni condicionamientos ajenos a la ley».
Los vocales insisten en que expresar solidaridad con Biedma no supone sustituir la actuación de los órganos competentes. Se trata, explican, de recordar una exigencia elemental.
Una defensa «sin excepciones»
Los representantes de la AF concluyen que la independencia judicial «no admite excepciones por razón del asunto enjuiciado, de las personas afectadas ni de la repercusión pública de las decisiones».
Su defensa, añaden, no puede responder a criterios de oportunidad, sino que constituye una exigencia permanente del Estado de Derecho y una responsabilidad de todas las instituciones llamadas a preservarlo.
