La inseguridad jurídica, los continuos cambios legislativos y la falta de vivienda asequible han llevado a siete colegios profesionales catalanes a reclamar un pacto transversal para afrontar la crisis habitacional.
Notarios, abogados, procuradores, arquitectos, economistas, agentes inmobiliarios y administradores de fincas coinciden en que las soluciones requieren una actuación coordinada entre los profesionales y las administraciones públicas.
La petición se produjo durante la jornada «La vivienda en Cataluña: ¿un derecho real?», celebrada este lunes en el Colegio Notarial de Cataluña, en Barcelona, donde los participantes analizaron las consecuencias de las últimas reformas legislativas sobre propietarios, inquilinos y acceso a la vivienda.
Uno de los principales debates giró en torno a los efectos de las limitaciones del alquiler y las sucesivas prórrogas contractuales, medidas que algunos representantes profesionales consideran que pueden reducir la oferta disponible.
Los notarios advierten de los efectos de congelar los alquileres
José Alberto Marín Sánchez, decano del Colegio Notarial de Cataluña, defendió la necesidad de diseñar las políticas públicas a partir de estadísticas fiables que permitan conocer la evolución real del mercado. «Una política de vivienda sin datos es como un viaje sin brújula», advirtió.
Marín presentó información procedente de las estadísticas notariales de compraventas y alertó sobre las consecuencias que determinadas medidas de protección pueden tener en la movilidad residencial.
A su juicio, congelar las rentas y prolongar los contratos puede dificultar la rotación de viviendas, impidiendo que otros ciudadanos accedan a inmuebles disponibles.
El decano insistió en la obligación de proteger a las personas vulnerables, pero advirtió de que estas medidas pueden «poner un tapón» a los flujos habitacionales y producir efectos contrarios a los perseguidos.
La Generalitat pide compatibilizar los derechos de propietarios e inquilinos
La secretaria de Vivienda de la Generalitat, Lídia Guillén, reconoció la complejidad jurídica y social del problema. «Estamos convencidos del derecho a la vivienda sin dañar otros derechos. Seguramente, para garantizar el derecho a la vivienda hay que hacer regulaciones que impacten en otros derechos», señaló.
Guillén calificó la vivienda como un derecho «poliédrico», cuya protección requiere coordinar diferentes competencias administrativas y equilibrar intereses.
También reconoció que Cataluña no dispone de un sistema público de vivienda comparable al sanitario y defendió la colaboración con los colegios profesionales para desarrollarlo. «Sois imprescindibles, la Administración sola no puede», afirmó.
La abogacía alerta de la inseguridad jurídica y los desahucios
Cristina Vallejo, decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), puso el foco en las consecuencias de las nuevas regulaciones para los propietarios.
Durante su intervención aseguró que, en apenas tres días, se habían retirado 4.972 viviendas del mercado por la inseguridad jurídica derivada de los últimos decretos gubernamentales. La nota del encuentro no detalla la metodología utilizada para obtener esa cifra.
Vallejo también expuso el caso de un propietario que inició un procedimiento de desahucio en 2022, cuando estaban vigentes las medidas extraordinarias aprobadas durante la pandemia.
Según explicó, las sucesivas prórrogas y las nuevas disposiciones pueden prolongar la suspensión del procedimiento hasta 2030, un escenario que plantea interrogantes sobre la duración de los litigios y la efectividad de los mecanismos de protección.
El decano del Colegio de Procuradores de Barcelona, Javier Segura, coincidió en cuestionar determinados efectos de la regulación.
Segura sostuvo que limitar las actualizaciones de renta por debajo de la inflación puede reducir la rentabilidad de los propietarios y desincentivar la oferta. También advirtió de que las restricciones sobre el alquiler por habitaciones podrían perjudicar a los estudiantes al modificar las preferencias de algunos arrendadores.
El exceso de normas y la falta de oferta, entre los principales problemas
Lorenzo Viñas, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida, cuestionó la proliferación normativa. Según indicó, en los últimos diez años se aprobaron 34 normas relacionadas con la vivienda, frente a cinco durante los cinco años anteriores.
«Quizás hay un exceso normativo», planteó.
Desde el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña, Montserrat Junyent reclamó «un pacto lo más transversal posible para hacer efectivo el derecho a la vivienda». La representante advirtió del déficit de vivienda social y de las dificultades para acceder al alquiler en Barcelona y su área metropolitana.
Por su parte, Carlos Puig de Travy, decano del Colegio de Economistas de Cataluña, vinculó la escasez de vivienda con los problemas de movilidad laboral y captación de profesionales.
Sandra Bestraten, decana del Colegio de Arquitectos, señaló que construir viviendas continúa siendo lento y costoso. Recordó que las licencias tardan aproximadamente un año de media y defendió agilizar su tramitación e impulsar la construcción industrializada.
