Dos tragedias ferroviarias en apenas nueve meses. Ciento veinte muertos, según la suma de los balances inicialmente publicados. Y una pregunta que empieza a resultar insoportable: ¿quién responde cuando las cosas salen tan rematadamente mal?
Las condolencias son necesarias. Los minutos de silencio, también. Pero ninguna democracia debería conformarse con que las responsabilidades políticas terminen donde comienzan las declaraciones institucionales.
El 18 de enero, el accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, se cobró 46 vidas. El pasado 28 de octubre, entre Los Yébenes y Urda, en Toledo, la colisión de un AVE con un tren de Iryo ha vuelto a sembrar el horror.
El expediente inicial de investigación recoge 74 fallecidos, una cifra todavía provisional que difiere del balance de 69 comunicado por las autoridades de Castilla-La Mancha.
Detrás de cada cifra hay una persona que salió de casa esperando regresar. Familias que nunca volverán a ser las mismas. Proyectos interrumpidos para siempre. Y un dolor que merece bastante más que discursos cuidadosamente preparados.
Conviene dejar algo claro desde el principio. Los dos accidentes pueden responder a causas completamente distintas. Pretender encontrar un origen común sin pruebas sería una temeridad, especialmente desde una perspectiva jurídica.
Pero una cosa es no anticipar culpabilidades y otra, muy distinta, renunciar a exigir explicaciones.
Según las informaciones conocidas hasta el momento, una incidencia en el sistema de seguridad LZB habría provocado la detención de varios trenes en Urda.
Posteriormente, desde el centro de control se habría autorizado la reanudación de la marcha del AVE cuando otro convoy permanecía detenido en la misma vía.
Corresponderá a las investigaciones determinar exactamente qué sucedió, qué protocolos resultaban aplicables y si fueron respetados.
La pregunta del millón
Ahora bien, hay una pregunta que difícilmente puede esquivarse: ¿cómo es posible que una infraestructura ferroviaria dotada de sofisticados sistemas de protección termine desembocando en una catástrofe semejante?
Los mecanismos de seguridad están precisamente para impedir que un fallo aislado tenga consecuencias irreparables. Si un error humano puede llegar a superar todas las barreras de protección, habrá que averiguar cómo ocurrió, qué controles existían y por qué no consiguieron evitarlo.
Porque señalar un posible error humano no basta, por sí solo, para explicar el funcionamiento -o el fracaso- de todo un sistema.
Durante años hemos escuchado anuncios de inversiones históricas, modernizaciones extraordinarias y cifras millonarias destinadas a nuestras infraestructuras ferroviarias.
Magnífico.
Pero los ciudadanos no viajan sobre discursos ministeriales, presupuestos anunciados ni estadísticas seleccionadas para una rueda de prensa.
Viajan sobre vías, instalaciones, señales y sistemas de seguridad que deben funcionar. Y funcionan bien.
¿Cuánto se presupuestó y cuánto se gastó?
Sería interesante conocer, sin demasiados adornos ministeriales, cuánto dinero se presupuestó, cuánto se gastó realmente, qué cantidades llegaron al mantenimiento y cómo se comprobó que las instalaciones reunían las condiciones de seguridad exigibles.
Porque una cosa son los millones que aparecen en las comparecencias oficiales y otra los que efectivamente se invierten en proteger a quienes utilizan el ferrocarril.
Inaugurar una línea permite cortar cintas y hacerse fotografías. Mantenerla en condiciones exige bastante más trabajo y bastante menos propaganda. Y, naturalmente, no suele haber cámaras esperando para inmortalizarlo.
Nada de esto significa atribuir los accidentes a una falta de mantenimiento que todavía no se ha acreditado. Significa exigir transparencia sobre unas obligaciones públicas cuya importancia nadie debería discutir.
La investigación de Adamuz continúa abierta. Su complejidad exige tiempo, medios suficientes e independencia. Sería tan injusto reclamar conclusiones precipitadas como utilizar la duración de las investigaciones para aplazar indefinidamente cualquier explicación institucional.
Y aquí aparece una cuestión que, entre tanto comunicado y tanta declaración solemne, parece haberse olvidado.
La responsabilidad penal y la responsabilidad política no son lo mismo.
La primera exige acreditar hechos delictivos, atribuirlos a personas concretas y respetar todas las garantías del proceso. Corresponde a los tribunales, no a los ministros, a los partidos ni a los tertulianos.
La segunda tiene que ver con la gestión pública, con las decisiones adoptadas, con los deberes de quienes ejercen responsabilidades institucionales y con la confianza que los ciudadanos depositan en sus gobernantes.
Y para exigir responsabilidades políticas no hace falta esperar a que un juez dicte una sentencia condenatoria.
No existe un delito denominado «mala gestión política»
Porque, hasta donde alcanza mi conocimiento del Código Penal, no existe un delito denominado «mala gestión política». Pero tampoco existe principio democrático alguno que convierta la ausencia de responsabilidad criminal en un certificado de buena gestión.
De hecho, si para asumir responsabilidades políticas hubiera que esperar siempre a una sentencia penal firme, algunos responsables podrían jubilarse tranquilamente, cobrar su pensión y escribir sus memorias antes de verse obligados a ofrecer una explicación convincente.
El ministro de Transportes debe dar cuenta de las decisiones y actuaciones comprendidas en su ámbito de competencia, del funcionamiento de los protocolos de seguridad y de las medidas adoptadas para prevenir nuevos accidentes.
Y el presidente del Gobierno debe promover una respuesta institucional transparente, rigurosa y proporcionada a la gravedad de los hechos.
No se trata de atribuirles responsabilidad penal ni de afirmar, antes de conocer los resultados de las investigaciones, que una decisión política concreta provocó las tragedias.
Se trata de algo bastante más elemental: rendir cuentas por la gestión de un servicio público esencial.
Porque gobernar no consiste únicamente en comparecer cuando hay buenas noticias. También exige dar la cara cuando llegan las malas. Especialmente cuando son tan terribles como estas.
España fue durante décadas un referente internacional en alta velocidad ferroviaria. Un logro colectivo de ingenieros, técnicos, trabajadores y empresas que situaron a nuestro país entre los más avanzados del mundo.
Ese prestigio no pertenece a ningún Gobierno. Pertenece a quienes lo hicieron posible y a una sociedad que tiene derecho a conservarlo.
Esclarecer los hechos
Por encima de cualquier discusión política están las víctimas, sus familiares y los heridos. Y merece reconocimiento el trabajo de los sanitarios, servicios de emergencia, fuerzas de seguridad, profesionales ferroviarios y ciudadanos que se han volcado en las labores de auxilio.
Pero respetar a las víctimas no consiste solamente en guardar silencio durante un minuto. Consiste también en esclarecer los hechos, corregir las deficiencias que se acrediten y procurar que una tragedia semejante no vuelva a repetirse.
La presunción de inocencia protege frente a las condenas sin pruebas. No constituye una patente de inmunidad frente a la crítica política.
Y tampoco estaría de más recordar que dimitir no equivale necesariamente a confesarse culpable de un delito.
Doy por supuesto que la palabra «dimisión» sigue figurando en el diccionario de la Real Academia Española. Lo que ya no tengo tan claro es que figure con la misma frecuencia en el vocabulario habitual de algunos responsables políticos.
No toda tragedia obliga a una dimisión. Pero ninguna responsabilidad institucional debería quedar descartada de antemano por el simple hecho de que todavía no exista una resolución judicial.
España necesita recuperar la confianza en sus trenes. Y también en quienes tienen la obligación de velar por la seguridad de un servicio público esencial.
Las investigaciones deben continuar con independencia y rigor. Las víctimas y sus familias merecen respuestas. Y los responsables públicos tienen la obligación de ofrecer explicaciones sin refugiarse en el calendario de los procedimientos judiciales.
El tren de la responsabilidad podrá llegar con retraso. Lo verdaderamente intolerable sería descubrir que quienes deben rendir cuentas ni siquiera han comprado el billete.
