La custodia, la convivencia con una nueva pareja, o la mayoría de edad de los menores de los hijos son factores que pueden cambiar el derecho de uso de la vivienda familiar. El Tribunal Supremo recuerda que su atribución no siempre se prolonga hasta los 18 años de los hijos ni mantenerse indefinidamente.
Cuando un matrimonio decide divorciarse, una de las cuestiones que más conflictos genera es determinar quién continuará residiendo en la vivienda familiar. Especialmente cuando existen hijos menores de edad, una hipoteca pendiente y ambos progenitores tienen dificultades para afrontar el coste de dos residencias independientes.
¿Quién tiene derecho a quedarse en la casa? ¿Influye que la vivienda pertenezca exclusivamente a uno de los cónyuges? ¿Qué sucede cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad o cuando quien permanece en ella comienza a convivir con una nueva pareja?
Para comprender estas cuestiones, imaginemos el caso de Ana y Javier, un matrimonio con dos hijos menores de edad y una vivienda adquirida durante el matrimonio, de la que ambos son propietarios al 50 %.
Tras el divorcio, Ana se atribuye la custodia de los hijos por lo que permanece en el domicilio con ellos, mientras que Javier debe alquilar otra vivienda, aunque continúa pagando su parte de la hipoteca.
Esta situación, habitual en numerosos procedimientos de familia, plantea una cuestión fundamental: ¿hasta cuándo puede mantenerse la atribución del uso de la vivienda familiar?
La respuesta depende del régimen de guarda y custodia, de las circunstancias económicas de los progenitores y de los cambios que puedan producirse con posterioridad al divorcio.
La propiedad de la vivienda no determina quién tiene derecho a utilizarla
Una de las confusiones más frecuentes consiste en identificar el derecho de propiedad con el derecho de uso de la vivienda familiar. Son, sin embargo, cuestiones jurídicamente diferentes.
El artículo 96 del Código Civil permite atribuir el uso de la vivienda familiar a uno de los cónyuges, incluso cuando el inmueble pertenece exclusivamente al otro.
Por tanto, aunque Javier fuera el único propietario, podría atribuirse judicialmente el uso a Ana y a los hijos comunes si concurren los requisitos legales.
Esta atribución no modifica la titularidad del inmueble ni supone una transmisión de la propiedad, sino una limitación de las facultades de utilización mientras permanezca vigente la medida.
Del mismo modo, la atribución del uso no altera por sí sola las obligaciones hipotecarias asumidas frente a la entidad financiera, de manera que el progenitor que abandona la vivienda continuará obligado a pagar el préstamo en los términos pactados con el banco.
¿Quién se queda con la vivienda cuando existen hijos menores?
El artículo 96.1 del Código Civil establece, como regla general y en defecto de acuerdo aprobado judicialmente, que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos comunes menores de edad y al progenitor en cuya compañía queden, hasta que todos ellos alcancen la mayoría de edad, límite introducido en una reforma del código civil el año 2021.
La finalidad de esta previsión es proteger las necesidades habitacionales de los menores y procurar que la ruptura matrimonial afecte lo menos posible a su estabilidad.
Por ello, cuando se establece una guarda y custodia exclusiva, lo habitual será atribuir el uso de la vivienda al progenitor custodio junto con los hijos, con independencia de quién sea el propietario.
No obstante, esta regla presenta particularidades, entre ellas las previstas legalmente para determinados hijos en situación de discapacidad, como veremos más adelante.
La situación cambia cuando se establece un régimen de custodia compartida
En estos supuestos, el Tribunal Supremo ha señalado que no procede aplicar automáticamente la regla prevista para la custodia exclusiva, sino que deben valorarse principalmente el interés más necesitado de protección y la titularidad de la vivienda.
La jurisprudencia limita, según cada caso concreto, el uso a 2, 3 o incluso a 5 años, como hace la Sentencia 586/2025, de 21 de abril, que consideró que, aunque la madre presentaba una situación económica más desfavorable, no resultaba proporcionado atribuirle el uso de la vivienda hasta la mayoría de edad de la hija común, por lo que estableció una limitación temporal de cinco años.
En la misma línea, la Sentencia 783/2025, de 19 de mayo, reiteró la necesidad de establecer límites temporales justificados cuando se atribuye el uso de la vivienda en situaciones de custodia compartida.
Por tanto, tener unos ingresos inferiores a los del otro progenitor no supone necesariamente un derecho a permanecer en la vivienda hasta que los hijos cumplan 18 años.
La «casa nido»: ¿una solución beneficiosa para los hijos?
Una alternativa que suele plantearse en los procedimientos de custodia compartida es el denominado sistema de «casa nido», por el que los hijos permanecen en la vivienda familiar y son los progenitores quienes se alternan en su utilización.
Aunque inicialmente puede parecer una solución beneficiosa para los menores, al evitarles continuos cambios de domicilio, su aplicación presenta importantes dificultades.
La Sentencia del Tribunal Supremo 1312/2024, de 14 de octubre, rechazó la imposición de este sistema cuando no existe acuerdo entre los progenitores y su relación es conflictiva.
Más recientemente, la Sentencia 427/2026, de 17 de marzo, ha insistido en que la casa nido exige un elevado grado de cooperación y entendimiento entre los progenitores, así como medios económicos suficientes para sostener esta organización familiar.
En ausencia de estas condiciones, su imposición judicial puede resultar contraria al interés superior del menor.
La estabilidad de los hijos no depende exclusivamente de permanecer en una misma vivienda, sino también de que sus progenitores puedan ofrecerles un entorno familiar adecuado.
¿Qué sucede si el progenitor que utiliza la vivienda comienza a convivir con una nueva pareja?
Volvamos al caso de Ana y Javier.
Imaginemos que, transcurridos varios años desde el divorcio, Ana inicia una nueva relación sentimental y su pareja comienza a convivir de forma estable en la vivienda familiar.
¿Puede Javier solicitar la extinción del derecho de uso? La respuesta es afirmativa, siempre que concurran las circunstancias que justifiquen dicha medida.
La Sentencia del Tribunal Supremo 1166/2024, de 23 de septiembre, siguiendo la doctrina establecida por la Sentencia del Pleno 641/2018, de 20 de noviembre, consideró que la convivencia estable con una nueva pareja puede determinar que el inmueble pierda su anterior carácter de vivienda familiar, al pasar a servir como residencia de una nueva unidad familiar.
En el supuesto examinado, el Tribunal Supremo acordó extinguir la atribución del uso, concediendo un plazo de un año para abandonar la vivienda.
Sin embargo, para garantizar las necesidades habitacionales de los hijos menores, incrementó la pensión alimenticia a cargo del padre, de 250 a 390 euros mensuales por hijo, con efectos desde el desalojo.
Esta resolución resulta especialmente relevante porque demuestra que la extinción del uso de la vivienda no implica desatender las necesidades de los hijos, que pueden satisfacerse mediante otras medidas económicas, como el incremento de la pensión.
Ahora bien, no cualquier relación sentimental permite solicitar la extinción del uso. Será necesario acreditar una convivencia estable y valorar las circunstancias concretas del caso.
Además, cuando existe una atribución judicial del uso, el propietario no puede recuperar unilateralmente la posesión del inmueble, sino que deberá acudir al procedimiento correspondiente.
Los hijos cumplen 18 años: ¿se extingue el derecho de uso?
Otra de las cuestiones que más dudas genera es qué sucede cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, pero todavía dependen económicamente de sus progenitores.
El Tribunal Supremo distingue claramente entre el derecho de uso de la vivienda familiar y la obligación de prestar alimentos.
Aunque los hijos mayores de edad pueden continuar teniendo derecho a recibir alimentos cuando concurran los requisitos legalmente exigidos, esta circunstancia no implica necesariamente mantener el uso exclusivo de la vivienda familiar.
La Sentencia del Tribunal Supremo 907/2026, de 11 de junio, abordó esta cuestión en un procedimiento en el que la vivienda había sido atribuida a la madre y a la hija común durante la minoría de edad de esta última.
Una vez alcanzada la mayoría de edad, el padre solicitó la extinción del derecho de uso.
El Tribunal Supremo estimó su recurso y declaró extinguida la atribución, concediendo a la madre un plazo de seis meses para abandonar el inmueble.
La Sala recordó que, una vez desaparecido el fundamento de protección vinculado a la minoría de edad, no cabe mantener indefinidamente el uso de la vivienda por el mero hecho de que el hijo mayor continúe conviviendo con uno de sus progenitores.
Por tanto, la mayoría de edad no supone necesariamente un desalojo inmediato, pero sí determina que desaparezca, como regla general, el fundamento específico que justificaba la atribución del uso por razón de la minoría de edad.
En estos casos, deberá valorarse si concurre alguna otra circunstancia que permita reconocer temporalmente el uso a uno de los excónyuges.
¿Y si uno de los hijos tiene una discapacidad?
El artículo 96.1 del Código Civil contempla expresamente la situación de los hijos comunes en situación de discapacidad cuando resulte conveniente la continuación del uso de la vivienda familiar.
En estos supuestos, la autoridad judicial podrá establecer un plazo adicional atendiendo a las circunstancias concurrentes.
Sin embargo, tampoco existe un derecho automático a permanecer indefinidamente en el inmueble. La Sentencia del Tribunal Supremo 757/2024, de 29 de mayo, analizó un supuesto en el que el uso había sido atribuido a la madre y a un hijo mayor de edad con discapacidad.
El Tribunal Supremo acordó extinguir la atribución del uso, estableciendo que la vivienda debía desocuparse quince días antes de su subasta o venta, e incrementó en 200 euros mensuales la pensión alimenticia a cargo del padre desde la desocupación.
Esta resolución pone de manifiesto que las necesidades habitacionales de los hijos con discapacidad deben ser especialmente consideradas, pero también pueden atenderse mediante medidas distintas de la atribución indefinida del uso de la vivienda.
¿Puede mantenerse el uso de la vivienda cuando ya no existen hijos menores?
Cuando no existen hijos menores en la situación prevista en el artículo 96.1, el apartado segundo de este precepto permite atribuir temporalmente el uso de la vivienda al cónyuge no titular cuyo interés sea el más necesitado de protección, siempre que las circunstancias lo hagan aconsejable. Sin embargo, esta atribución debe estar limitada temporalmente.
Así lo recordó el Tribunal Supremo en su Sentencia 808/2024, de 10 de junio, en la que corrigió una atribución del uso sin limitación temporal y estableció un plazo de un año.
Por tanto, aunque uno de los excónyuges se encuentre en una situación económica más desfavorable, ello no justifica necesariamente que pueda permanecer indefinidamente en la vivienda.
Será preciso valorar las circunstancias concretas y establecer, cuando proceda, un plazo proporcionado.
El derecho de uso de la vivienda familiar no puede convertirse en un derecho indefinido.
El domicilio familiar suele representar mucho más que un inmueble. Es el lugar donde han crecido los hijos, donde se han desarrollado las rutinas familiares y, en muchas ocasiones, el principal patrimonio económico de los progenitores.
Precisamente por ello, las decisiones sobre su uso tienen importantes consecuencias personales y económicas.
Sin embargo, la protección de las necesidades familiares debe conciliarse con los derechos de propiedad y con la evolución de las circunstancias de quienes integraban la familia.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha ido delimitando los criterios aplicables a situaciones muy diferentes: desde la atribución del uso cuando existe custodia exclusiva hasta los límites temporales en la custodia compartida, la convivencia con una nueva pareja o la mayoría de edad de los hijos.
Todas estas resoluciones responden a una idea común: el derecho de uso de la vivienda familiar debe mantenerse mientras exista una justificación jurídica que lo ampare, pero no puede convertirse en una atribución indefinida desligada de las circunstancias que motivaron su reconocimiento.
Esto no significa que cualquier cambio familiar permita recuperar automáticamente el inmueble. Cada situación requiere una valoración individualizada y, cuando existe una resolución judicial que atribuye el uso, será necesario acudir a los mecanismos legales correspondientes para solicitar su modificación o extinción.
En definitiva, la atribución de la vivienda familiar no debe entenderse como un premio para quien permanece en ella ni como una sanción para quien debe abandonarla.
Es una medida de protección cuya finalidad consiste en ofrecer una respuesta proporcionada a las necesidades familiares, sin convertir la vivienda que un día fue compartida en una fuente permanente de conflicto después del divorcio.
