La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acudido este jueves, 12 de noviembre, al Tribunal de Cuentas para recabar nueva documentación sobre las donaciones recibidas por el PSOE, después de detectar discrepancias al cotejar la información contable aportada por el partido con la que ya había facilitado el órgano fiscalizador.
La actuación, realizada en presencia de una letrada de la Administración de Justicia, ha sido ordenada por el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, responsable de la investigación del denominado «caso Koldo».
Las diligencias forman parte de una pieza separada declarada secreta en diciembre de 2025 para esclarecer posibles irregularidades en los pagos en metálico realizados por el PSOE entre 2017 y 2024.
Según fuentes, los agentes han detectado que determinados conceptos no coinciden entre los documentos examinados, lo que ha motivado el nuevo requerimiento.
La información solicitada se refiere específicamente a las donaciones recibidas por la formación socialista.
Una pieza secreta para investigar los pagos en efectivo
El origen de esta investigación se encuentra en las pesquisas desarrolladas inicialmente por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente sobre el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García.
Durante aquella instrucción surgieron dudas sobre determinadas liquidaciones de gastos realizadas por el PSOE y sobre los mecanismos utilizados para reembolsar en efectivo cantidades adelantadas por cargos y trabajadores del partido.
La sospecha judicial era que Ábalos y Koldo pudieron aprovechar las deficiencias de control del sistema de reintegros para introducir dinero de procedencia presuntamente ilícita en el circuito de pagos de la organización.
Puente trasladó esas cuestiones a la Audiencia Nacional para que se investigaran separadamente.
A partir de esa información, Ismael Moreno abrió una pieza específica y reclamó al PSOE la documentación correspondiente a los pagos en metálico realizados durante ocho años.
La formación entregó en diciembre de 2025 un dispositivo de almacenamiento electrónico con la relación de los pagos y sus justificantes.
Los documentos incluían reintegros de gastos anticipados por dirigentes, empleados, afiliados, simpatizantes y voluntarios que habían desarrollado actividades relacionadas con el partido.
El magistrado acordó mantener bajo secreto esta parte de las actuaciones mientras se practicaban las diligencias pendientes.
La UCO compara la documentación del partido con la del Tribunal de Cuentas
Los agentes llevan meses analizando la información facilitada por el PSOE y contrastándola con la que obra en poder del Tribunal de Cuentas, encargado de fiscalizar la contabilidad de las formaciones políticas.
El nuevo requerimiento pretende aclarar las diferencias detectadas en ese examen.
La relevancia jurídica de esta comprobación reside en determinar si los movimientos económicos investigados cuentan con respaldo documental y si existe correspondencia entre las cantidades declaradas y las operaciones efectivamente realizadas.
El Tribunal de Cuentas tiene atribuida la fiscalización externa de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, incluidas sus cuentas anuales y las donaciones recibidas.
Sin embargo, la existencia de discrepancias contables no implica necesariamente la comisión de un delito. Su trascendencia dependerá de la naturaleza de las diferencias y de las explicaciones que puedan obtenerse mediante las nuevas diligencias.
Anticorrupción apuntó a un posible desfalco contra el propio PSOE
La investigación también contempla otra hipótesis: que las irregularidades hubieran perjudicado económicamente a la formación socialista.
La Fiscalía Anticorrupción señaló durante la instrucción la posibilidad de que se hubiera cometido un delito de desfalco contra el propio partido, además de otras eventuales conductas irregulares.
Esta posibilidad es jurídicamente distinta de la sospecha de que el sistema de reintegros pudiera haberse utilizado para blanquear dinero procedente de actividades ilícitas.
Por el momento, no consta que el PSOE tenga formalmente la condición de investigado en esta pieza, según las informaciones publicadas sobre las diligencias.
El secreto de las actuaciones impide conocer el alcance completo de las pesquisas y las conclusiones alcanzadas hasta ahora por los investigadores.
La presencia de la UCO en el Tribunal de Cuentas coincide este jueves con otra actuación relacionada con una investigación de la Fiscalía Europea.
Esta segunda causa se refiere a un posible fraude con fondos comunitarios destinados a financiar las pulseras telemáticas utilizadas para controlar las órdenes de alejamiento en casos de violencia de género.
Se trata de dos investigaciones independientes, dirigidas por autoridades distintas y con objetos diferentes.
Mientras la Fiscalía Europea examina el posible uso fraudulento de fondos de la Unión Europea, el juez Moreno trata de esclarecer las irregularidades contables detectadas en la investigación de los pagos en efectivo del PSOE.
Las nuevas diligencias permitirán a la UCO profundizar en el análisis de las donaciones y determinar si las discrepancias documentales tienen alguna relación con los movimientos económicos que dieron origen a esta pieza del «caso Koldo».
