Pagar los recibos, retirar dinero del banco, gestionar la pensión o encargarse de las cuentas de unos padres mayores son situaciones habituales en muchas familias. Lo que comienza como una ayuda para facilitarles la vida puede convertirse en un problema jurídico cuando uno de los hijos utiliza ese acceso para disponer del patrimonio en beneficio propio.
La frontera no siempre resulta evidente. Especialmente cuando existen poderes notariales, autorizaciones bancarias o situaciones de deterioro cognitivo que dificultan que la persona mayor supervise cómo se administra su dinero.
La ley establece una distinción fundamental: estar autorizado para administrar el dinero de otra persona no equivale a ser su propietario. Ni siquiera un poder notarial permite disponer libremente de unos fondos en beneficio propio.
Y cuando se traspasan determinados límites, lo que comenzó como una ayuda familiar puede terminar en una reclamación civil, un enfrentamiento entre hermanos o incluso un procedimiento penal por apropiación indebida.
Un poder notarial no es una autorización para hacer lo que se quiera
Para Pol González, abogado de familia, la frontera jurídica entre ayudar y apropiarse del patrimonio de los padres está en la finalidad de las operaciones y en las facultades que estos hayan concedido a sus hijos.
Cuando una persona mayor autoriza a uno de sus descendientes a gestionar sus asuntos económicos, las operaciones deben responder a sus intereses y respetar los límites de esa autorización.
El abogado explica que es habitual que los clientes acudan al despacho porque sus padres, debido a su edad, ya no pueden realizar cómodamente determinadas gestiones bancarias.
En estos supuestos, recomienda acudir al notario y otorgar poderes que permitan actuar en representación del progenitor, siempre que este pueda prestar válidamente su consentimiento. Pero insiste en una cuestión fundamental: delimitar las facultades del apoderado.
Pol González Mansilla, abogado especializado en Derecho de Familia, explica los límites legales de la gestión del patrimonio de los padres por parte de sus hijos y las consecuencias de sobrepasarlos.
«Siempre recomendamos concretar muy bien las facultades», señala. Un padre puede autorizar a su hijo a pagar recibos, gestionar cuentas o realizar determinadas operaciones bancarias sin querer que tenga capacidad para vender una vivienda o disponer de otros bienes.
Abel Marín, abogado especializado en Derecho sucesorio y socio fundador de Marín & Mateo Abogados, coincide en que disponer de un poder no equivale a recibir autorización para actuar libremente. «El poder está para cumplir las órdenes del poderdante», explica.
Para ilustrarlo, plantea el supuesto de un padre que se marcha al extranjero y encarga a su hija vender un apartamento. En ese caso, la hija estaría cumpliendo las instrucciones recibidas. Algo muy distinto sería aprovechar su ausencia para vender el inmueble sin autorización material y quedarse con el dinero.
Qué sucede cuando los padres pierden facultades
La situación se complica cuando aparecen enfermedades como el alzhéimer o un deterioro cognitivo que dificulta controlar las operaciones patrimoniales.
Pol González recomienda anticiparse mediante poderes preventivos, que permiten designar a la persona encargada de gestionar determinados asuntos cuando el otorgante necesite apoyo. «Esto lo tenemos que tener todos», afirma, destacando su utilidad para evitar procedimientos judiciales innecesarios.
También aconseja seleccionar cuidadosamente al representante: «Lo ideal es que sea una persona de la máxima confianza que administre patrimonialmente».
Estos poderes pueden mantener su eficacia cuando sobreviene una necesidad de apoyo, dependiendo de su contenido. Cuando resultan insuficientes, puede ser necesario establecer judicialmente una curatela.
González subraya que las medidas judiciales permiten controlar la actuación del curador mediante obligaciones de rendición de cuentas. «Va a estar controlada y va a tener que justificar todo lo que haga», explica sobre la persona sometida a esa supervisión.
¿Puede existir responsabilidad penal entre padres e hijos?
El Código Penal contempla situaciones en las que un hijo que se apropia del dinero de sus padres puede quedar exento de responsabilidad penal. Así lo establece el artículo 268, que recoge una figura conocida como excusa absolutoria por parentesco, aplicable a determinados delitos patrimoniales cometidos entre familiares directos.
Esta excepción responde a la voluntad de evitar que ciertos conflictos económicos familiares terminen en condenas penales, favoreciendo su resolución por la vía civil. Sin embargo, quedar libre de responsabilidad penal no significa poder quedarse con el dinero: el hijo seguirá obligado a reparar el perjuicio económico causado, lo que puede implicar devolver las cantidades apropiadas.
La protección tiene límites importantes. No se aplica cuando existe violencia, intimidación o abuso de la vulnerabilidad de la víctima por razón de edad o discapacidad. Esto resulta especialmente relevante cuando los afectados son padres mayores que padecen enfermedades como el alzhéimer o la demencia y sus hijos se aprovechan de esa situación.
Por otra parte, el artículo 252 del Código Penal castiga la administración desleal, cuando alguien se excede en las facultades que tiene para gestionar un patrimonio ajeno y causa un perjuicio económico, mientras que el artículo 253 regula la apropiación indebida.
Pol González advierte de que las operaciones realizadas fuera de las facultades concedidas «podrían ser constitutivas de un delito». Además, recuerda que también pueden impugnarse por la vía civil cuando concurren los requisitos legales.
Conflictos tras el fallecimiento
Abel Marín explica que muchas irregularidades salen a la luz cuando fallecen los padres y los herederos comienzan a revisar los movimientos bancarios. Transferencias desconocidas, retiradas de efectivo o ventas de inmuebles pueden desencadenar enfrentamientos familiares.
Recuerda el caso de un nieto que, convencido de que estaba adelantando parte de su futura herencia, habría retirado unos 15.000 euros de la cuenta de su abuelo, a razón de 500 euros diarios, antes de su fallecimiento. Sin embargo, ser heredero no da derecho a disponer anticipadamente del patrimonio de una persona viva.
Otro motivo de conflicto aparece cuando uno de los hijos considera que merece recibir más herencia por haberse ocupado del cuidado de sus padres. Pone como ejemplo al hijo que abandona su trabajo durante dos años para atender a sus progenitores, sacrificando ingresos, tiempo con su pareja y atención a sus propios hijos.
«Son servicios», insiste, y recuerda que, si hubiera que contratar a una tercera persona para prestarlos, supondrían un coste económico considerable. Por eso, propone recurrir a legados retributivos o disposiciones testamentarias que reconozcan y compensen esos cuidados.
Marín explica que, cuando se trata de una verdadera remuneración por servicios prestados, su tratamiento jurídico puede ser distinto del de una simple atribución hereditaria, aunque deberá analizarse su naturaleza y su incidencia en los derechos legitimarios.
