En los últimos años hemos asistido casi semanalmente a un intento de acoso y derribo al Estado de derecho, un plan estratégico coordinado para destruir todos los controles democráticos al más puro estilo kichnerista, para convertir la democracia en una mera fachada tras la cual no exista nada.
Un plan preconcebido y orquestado, utilizando el poder, los resortes del estado, a colaboracionistas ambiciosos y a terminales de comunicación para otorgar a la clase política dirigente, a sus familiares y a sus círculos afines una suerte de inmunidad.
Una acción política basada en un narcisismo exacerbado de quien padece el “síndrome de Hubris” propio de aquel que desprecia la democracia, la considera un mero instrumento para conservar el poder sin más objetivo que ostentarlo de forma omnímoda.
Una patología inherente a quien carece de escrúpulos, hipotecando la convivencia en una travesía hacia la nada fruto de discursos falaces y propaganda subvencionada con recurso públicos.
Si hace ocho años hubiesen leído éste diagnóstico cualquier lector pensaría que constituía una descripción de la Argentina de Kirchner, de los inicios de otros países latinoamericanos que se encaminaban hacia el precipicio de regímenes autocráticos porque es eso lo que sucede cuando los controles democráticos que han de preservar los derechos y libertades se convierten en papel mojado al servicio de quien ostenta el poder ejecutivo.
La destrucción del Estado de derecho supone la aniquilación de la libertad.
Atacar y calumniar a los jueces
Ocho años después contemplamos con pesar que todo eso ha constituido la base de la acción política del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez Pérez-Castejón, en ausencia de apoyo parlamentario y de programa político, en la absoluta orfandad de cualquier principio y límite moral, el motivo por el que pasará a la historia será la trayectoria de un dirigente político sin escrúpulos que con el “Yo” como única consideración no dudó en degradar y atacar a todas las instituciones democráticas, por el simple hecho de cumplir con la función que la Constitución del 78 les otorga en garantía de la democracia, de la libertad y de los derechos de todos y cada uno de los españoles.
Un breve recorrido por su trayectoria política causa un enorme hastío y una infinita vergüenza democrática. Durante estos ochos años ha utilizado su Gobierno y sus ministros para atacar y calumniar a jueces y magistrados que investigaban casos de corrupción de su familia y de su entorno personal, con manifiesta temeridad procesal ha hecho uso de la abogacía del estado para presentar querellas infundadas contra el magistrado que de forma independiente investigaba a su esposa por tráfico de influencias, ha atacado al Tribunal Supremo imputando a sus magistrados delitos de prevaricación acusándoles, a sabiendas de la falsedad de su imputación, de resolver causas por motivaciones políticas.
Ha nombrado como Fiscal General del Estado a su Ministra de Justicia, el sucesor nombrado en lugar de actuar como máximo garante de la legalidad se ha puesto al servicio del Gobierno y con oprobio se ha convertido en el primer Fiscal General condenado e inhabilitado por la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones para perjudicar a una rival política del Presidente.
Se ha emprendido una campaña de acoso y derribo contra la magistrada que investigaba al hermano del Presidente, se ha atacado a la Audiencia Provincial de Badajoz por condenarle, se ha acusado de corporativismo a la Presidenta del Tribunal Supremo y a aquellos vocales del Consejo General del Poder Judicial que han ejercitado de forma independiente sus funciones en defensa de la independencia judicial.
Presión sobre la presidenta del Supremo
A través de su ministro de Justicia ha intentado en vano presionar a la Presidenta del Tribunal Supremo y ha pretendido interferir en los nombramientos de altos cargos judiciales e incluso en la potestad disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, en una tentativa desesperada para tratar de denigrar a magistrados incómodos o para utilizar la misma con un objetivo espurio, destruir la independencia judicial para evitar que incomoden al Presidente.
Ha sembrado de dudas la apariencia de imparcialidad del Tribunal Constitucional, nombrando como magistrados del TC al ex ministro de justicia y una ex alto cargo del Gobierno. El Presidente, desdiciéndose hasta el infinito de su palabra dada en clara demostración de que carece de la misma, incluso ha amenazado con modificar el sistema de elección de vocales del CGPJ para politizar la designación aún más, haciéndola depender en exclusiva del Gobierno y de sus socios parlamentarios, en contra de lo exigido por Grupo de Estados contra la corrupción.
Y por supuesto ha incumplido de manera reiterada las exigencias de la Unión Europea para que el Consejo General del Poder Judicial sea elegido por jueces y magistrados.
La lista de agravios y ataques para soslayar todos los resortes democráticos en un clima de incompetencia y corrupción de cargos del Gobierno ha sido infinita. Pero siendo de una gravedad extrema lo anterior, lo más lamentable ha sido la actitud de un número reducido de integrantes de distintas instituciones que con postergación de su imparcialidad y del juramento que en su día hicieron se han puesto al servicio de un dirigente político que no comulga ni con el Estado de derecho ni con la democracia.
Denuncia pública del vocal Carlos Hugo Preciado
En ese contexto estos días hemos asistido a la denuncia pública de un vocal del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Hugo Preciado, que en un ejercicio de valentía y también en una demostración de autonomía e independencia ha acusado a nueve vocales del llamada “sector progresista” de obedecer las consignas del Gobierno.
La denuncia no puede pasar desapercibida y ni tan siquiera ha sido desmentida por los aludidos. Las afirmaciones del vocal Preciado ponen de relieve una sospecha compartida por la mayoría de los integrantes del Poder Judicial: Determinados vocales del CGPJ no formularían votos con imparcialidad y conforme a derecho, sino que actuarían como terminales del Gobierno de la Nación, rindiendo pleitesía a quien les propuso en contravención de sus funciones constitucionales, soslayando cualquier tipo de imparcialidad y defensa de la independencia judicial.
La denuncia pública del vocal Preciado se concreta en las siguientes afirmaciones :
“Bolaños ha intentado dar instrucciones sobre a quién votar y dirigir sus votaciones”.
“Bolaños ha intentado condicionar al bloque progresista del CGPJ y dirigir sus votaciones”.
“Los vocales progresistas más afines a Bolaños siguen directamente las consignas del Ministerio”.
“Me negué a seguir las instrucciones de Bolaños y convirtieron en el chivo expiatorio”.
“Bolaños intentó evitar que el CGPJ eligiera libremente a su presidenta, pero no consiguió”.
“Los progresistas afines al Ministerio querían controlar la Comisión Permanente”.
“Isabel Perelló es rabiosamente independiente y se ha negado a seguir las directrices de Moncloa”.
La gravedad de las afirmaciones del vocal Preciado revelarían una práctica institucionalizada en una minoría de vocales, que a diferencia de la mayoría que sí ejercen sus funciones con plena independencia, actuarían como comisarios políticos del Gobierno en el seno del CGPJ, tratando de instrumentalizar nombramientos y el ejercicio de la potestad disciplinaria según las directrices que les marca un gobierno presidido por un Presidente que carece de valores democráticos y que ataca reiteradamente a jueces y magistrados por el ejercicio independiente de su jurisdicción.
Honra al vocal Preciado no sólo su independencia en el ejercicio de sus funciones sino también su valentía en la denuncia pública de quienes, en una aberración constitucional y a través de una ilegal disciplina de voto, pretenderían convertir al CGPJ en un apéndice del Gobierno de la Nación.
Diez preguntas sobre los «vocales progresistas»
A partir de aquí y ante el silencio de los vocales aludidos surgen las preguntas en atención a los acontecimientos sucedidos desde el inicio del mandato del actual Consejo General del Poder Judicial :
1.- ¿Los llamados “vocales progresistas” obedecieron órdenes de Moncloa en la votación del Presidente del CGPJ y boicotearon el nombramiento de aquellos Presidentes de Sala del Tribunal Supremo que no contaban con el beneplácito de Moncloa?
2.- ¿Los llamados “vocales progresistas” mantuvieron contactos con Moncloa y siguieron sus directrices en nombramientos de altos cargos judiciales, postergando el mérito y la capacidad de magistrados que no fuesen del agrado del Gobierno de la Nación?
3.- Cuando los llamados “vocales progresistas” se opusieron a que el CGPJ emitiese comunicados en defensa de la independencia judicial y de rechazo de la campaña de acoso y presiones que el Gobierno de Sánchez Pérez-Castejon ejercía sobre jueces y magistrados… ¿Cumplían órdenes de Moncloa o actuaban de forma independiente? ¿Se opusieron al comunicado en defensa de la magistrada Biedma por indicaciones del Gobierno de la Nación al afectar a las llamadas periodísticamente “cloacas del PSOE”?
4.- Cuando los vocales José María Fernández Seijo, Lucía Aviles y Ricardo Bodas emitieron sendos votos particulares, filtrados a diarios afines al Gobierno antes de la notificación a los interesados, para que sancionasen a dos magistrados por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión con críticas al Gobierno y a afines del Gobierno, en un expediente incoado por una denuncia del Partido Socialista… ¿Actuaban independientemente u obedecían las órdenes del denunciante? ¿Por qué votaron en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de libertad de expresión de jueces? ¿Ha habido vocales que han filtrado a diarios afines a Moncloa, votos en la Comisión Permanente o en la Disciplinaria en relación a expedientes reservados y secretos? ¿Lo hicieron a las órdenes del Gobierno de la Nación?.
5.- Cuando la vocal Argelia Queralt publicitada por la red social “X” votos particulares en relación al magistrado Peinado y concedía entrevistas a un diario catalán afirmando que “se habían retrasado mucho con Peinado y que el corporativismo se hizo valer más que el interés ciudadano… ¿Actuaba imparcialmente o se sumaba a la campaña del Gobierno contra dicho magistrado, reproduciendo los mensajes de Ministros, tratando además de utilizar la potestad disciplinaria como ariete para socavar la investigación en torno a la esposa del Presidente?
6.- Cuando el vocal José María Fernández Seijo presentó su dimisión y después dimitió de su dimisión… ¿Obedecía a meros motivos personales o era una suerte de estrategia o protesta política al no poder imponer las órdenes que en nombramientos y composición de comisiones procedían del Gobierno de la Nación?
7.- Cuando el vocal José María Fernández Seijo afirmó en la cadena Ser que “determinados jueces actuaban como operadores políticos”, reproduciendo literalmente las afirmaciones del Gobierno de la Nación para desacreditar a magistrados del Supremo y a jueces de instrucción… ¿Era un reconocimiento personal de los hechos denunciados por el vocal Carlos Hugo Preciado y de su proceder en el seno del CGPJ? ¿Se sumaba a la estrategia del Gobierno para desacreditar a Jueces y Magistrados cuyas investigaciones resultaban incómodas para el Gobierno o era una afirmación genérica emitida con suma ligereza por motivos estrictamente imputables a su opinión personal?
8.- ¿Pueden unos vocales que obedezcan consignas de Moncloa continuar en el ejercicio de sus funciones? ¿Su continuidad supone un riesgo para la independencia judicial y para la propia autonomía del Consejo General del Poder Judicial?.
9.- De ser ciertos los hechos denunciados por el vocal Preciado… ¿Dónde queda el prestigio profesional y la independencia de aquellos “vocales progresistas” que además tienen la condición de magistrados?
10.- De ser ciertos los hechos denunciados… ¿La obediencia a las órdenes de Moncloa eran una acto de adhesión política o los votos estaban condicionados por la previsión o aspiración de ser recompensados a través de futuros cargos o mejora de perspectivas profesionales por influencias políticas?.
La gravedad de los hechos denunciados por el magistrado Carlos Hugo Preciado bien merecen este ejercicio de interrogantes y reflexiones que se emiten en la única y exclusiva condición de demócrata y de ciudadano preocupado por el Estado de derecho.
La valentía del vocal Preciado y el respeto al ejercicio independiente de sus funciones que cumplen de manera rigurosa la mayoría de vocales del Consejo General del Poder Judicial, exigen transparencia y respuestas contundentes.
Tratar de convertir el Consejo General del Poder Judicial en un mero apéndice del Gobierno mediante la obediencia debida a instrucciones y consignas ministeriales, no sólo constituye una amenaza al ejercicio independiente de la jurisdicción y a la seguridad jurídica de todos y cada uno de los magistrados y magistradas de España, sino un riesgo grave para la garantía de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y ciudadanas de España.
Urgen respuestas a los interrogantes formulados, y es obligación de todo demócrata alzar la voz con valentía ante cualquier intento de degradar los controles democráticos con independencia del signo político del Gobierno. En esa labor continuaremos muchos nos cueste lo que nos cueste y le pese a quien le pese todos y cada uno de los días de nuestra vida.
