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El Turno de Oficio de territorio Ministerio logra una subida salarial acumulada del 16,6 % en dos años, con aumentos de hasta el 79,7 % en las causas penales complejas

El Turno de Oficio logra una subida acumulada del 16,6 % en dos años, con aumentos del 79,7 % en causas penales complejas y 16 nuevos módulos.

16/11/2026 05:11

Los abogados del Turno de Oficio del territorio Ministerio comenzarán a percibir esta semana unas compensaciones económicas más elevadas por sus servicios de asistencia jurídica gratuita.

La actualización de los baremos, aprobada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, culmina una nueva fase de las negociaciones mantenidas con el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y supone un incremento medio acumulado del 16,6 % en los últimos dos años.

La mejora es especialmente significativa en la jurisdicción penal. Las retribuciones por la defensa de causas de especial complejidad aumentan un 79,7 %, mientras que las correspondientes a los procedimientos penales generales crecen un 33,1 %.

El ministro Félix Bolaños ha firmado este lunes la orden ministerial que actualiza las cuantías, en presencia del presidente del CGAE, Salvador González, y del presidente de su Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Función Social, Ángel Méndez.

La decisión llega después de años de reclamaciones de una profesión que considera insuficientes las compensaciones que recibe por garantizar el derecho de defensa a quienes carecen de recursos económicos.

No es una reivindicación nueva.

Durante siete años, entre 2018 y 2025, los baremos permanecieron congelados. La primera revisión llegó el pasado año, después de las negociaciones mantenidas entre la Abogacía Española y el Ministerio de Justicia.

La actualización aprobada ahora da continuidad a aquel proceso, aunque desde el propio Consejo General advierten de que todavía queda recorrido para conseguir unas retribuciones ajustadas a la responsabilidad y dedicación que exige el servicio.

Y afecta a todos los abogados del Turno de Oficio de las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Islas Baleares, Murcia, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, lo que compone el territorio Ministerio, el cual es administrado directamente por la cartera del ramo.

Las 12 Comunidades Autónomas restantes ajustan cada una sus relaciones con sus respectivos Turnos de Oficio, a través de los Consejos de la Abogacía autonómicos consiguientes.

Las causas penales complejas, las más beneficiadas

La revisión no se limita a aplicar una subida lineal a todas las actuaciones profesionales. Introduce diferencias en función de la naturaleza y complejidad de los procedimientos.

En el ámbito penal se concentran los mayores incrementos.

La compensación por intervenir en procedimientos de especial complejidad experimenta una subida acumulada del 79,7 %. En las causas penales generales, la mejora alcanza el 33,1 %.

Son porcentajes sensiblemente superiores al incremento medio del 16,6 % registrado en el conjunto de los baremos durante los dos últimos años.

La actualización también contempla mejoras económicas para los profesionales encargados de asistir y defender a mujeres víctimas de violencia de género.

Con ello se pretende reconocer de forma más adecuada la dedicación y responsabilidad que implica una intervención jurídica en situaciones especialmente sensibles, en las que el abogado debe prestar asistencia en circunstancias que con frecuencia requieren una respuesta inmediata.

El presidente de Abogacía Española, Salvador González, considera que estos avances responden a una necesidad que trasciende las condiciones económicas de los profesionales.

«El Turno de Oficio es uno de los pilares de nuestro Estado de derecho, pero no puede sostenerse únicamente sobre la vocación y el compromiso de los profesionales que la hacen posible», ha afirmado.

González ha insistido en que la actualización constituye un avance necesario, pero no definitivo, y ha vinculado la mejora de las compensaciones con la calidad del servicio público.

«Mejorar sus condiciones es también invertir en una justicia más accesible y de mayor calidad para toda la ciudadanía», ha subrayado.

Dieciséis nuevos módulos para actuaciones hasta ahora no contempladas

La subida de las cuantías no es la única novedad.

La reciente modificación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita incorpora 16 nuevos módulos de compensación económica que no figuraban en los baremos de 2018.

Su inclusión permite reconocer expresamente determinadas intervenciones jurídicas cuya relevancia y complejidad no tenían hasta ahora un tratamiento específico en aquel sistema retributivo.

Entre ellas se encuentran la asistencia a víctimas del terrorismo, de trata de seres humanos y de delitos contra la libertad sexual.

También se incorporan actuaciones relacionadas con personas con discapacidad necesitadas de especial protección, procedimientos concursales y medios adecuados de solución de controversias (MASC).

Este último apartado tiene una relevancia particular tras la entrada en vigor, el 3 de abril de 2025, de la Ley Orgánica 1/2025, que introdujo con carácter general la obligación de acudir previamente a un medio adecuado de solución de controversias como requisito de procedibilidad en determinados asuntos civiles y mercantiles.

La nueva regulación reconoce económicamente la intervención del abogado en estos mecanismos extrajudiciales.

Cuando las partes alcanzan un acuerdo, la compensación será del 125 % de la cuantía correspondiente al procedimiento. Si la negociación termina sin acuerdo, el profesional percibirá 32,40 euros.

La diferencia introduce un incentivo económico al resultado satisfactorio de estos mecanismos, concebidos para favorecer la resolución de controversias sin necesidad de llegar a juicio.

Al mismo tiempo, permite compensar una actividad profesional que exige tiempo, preparación y asesoramiento jurídico, incluso cuando las conversaciones no culminan en un acuerdo.

Una reivindicación que sigue abierta

La actualización de los baremos ha sido uno de los asuntos centrales en las reuniones del Consejo General de la Abogacía Española durante los últimos años.

Volvió a abordarse la pasada semana, durante el Pleno celebrado en Cáceres, donde los representantes de los colegios de abogados insistieron en la necesidad de adecuar las compensaciones económicas a la realidad del servicio.

La cuestión de fondo es hasta qué punto el sistema retributivo reconoce el trabajo que realizan los profesionales encargados de garantizar la asistencia jurídica gratuita.

No se trata únicamente de remunerar la intervención en un juicio. La defensa exige estudiar expedientes, entrevistarse con los clientes, preparar escritos, asistir a diligencias y asumir responsabilidades profesionales que no desaparecen por el hecho de que quien recibe el servicio carezca de recursos económicos.

Ángel Méndez, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Función Social del CGAE, ha recordado que las mejoras no habrían sido posibles sin la presión sostenida de la profesión.

«Esta actualización es el resultado de años de trabajo, pero también de la insistencia de una profesión que lleva demasiado tiempo reclamando unas retribuciones justas», ha declarado.

Y ha añadido una advertencia: «Hemos conseguido avances importantes, pero todavía queda mucho camino por recorrer para reconocer y retribuir a los profesionales del Turno de Oficio de la forma que merecen».

El Consejo General de la Abogacía Española considera, por tanto, que la revisión aprobada constituye un resultado concreto del diálogo institucional con el Ministerio, pero no supone el cierre de sus reivindicaciones.

Su objetivo sigue siendo conseguir que las compensaciones reflejen tanto la creciente complejidad de los procedimientos judiciales como la responsabilidad que asumen los abogados que prestan este servicio.

La cuestión tiene una dimensión que va más allá de las condiciones económicas de los profesionales: el Turno de Oficio es uno de los instrumentos mediante los cuales el Estado garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva y a la defensa, con independencia de la capacidad económica del ciudadano.

Y esa garantía exige profesionales cualificados, disponibles y adecuadamente compensados por su trabajo.

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