El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por Vox contra la decisión de permitir que los hijos de los españoles nacionalizados al amparo de la conocida como «ley de nietos» puedan votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que, a estas alturas del proceso electoral, extender la suspensión cautelar del sufragio a este colectivo comprometería la seguridad jurídica y la estabilidad de las elecciones.
En un auto dictado este miércoles, 18 de noviembre, el alto tribunal mantiene el criterio que ya había establecido el pasado día 9, cuando rechazó ampliar a los hijos de los nacionalizados la suspensión del voto acordada anteriormente respecto de determinados beneficiarios de la Ley de Memoria Democrática.
Los magistrados reconocen, sin embargo, que la respuesta judicial podría haber sido diferente si la solicitud se hubiera formulado con mayor antelación.
«Si las medidas ahora pretendidas se hubiesen planteado al comienzo de esta pieza cautelar, la respuesta podría haber sido distinta», señala la resolución.
El argumento central del Supremo no se limita, por tanto, a la controversia jurídica sobre la nacionalidad, sino que incorpora un elemento determinante: la imposibilidad de modificar el censo electoral sin poner en riesgo el desarrollo de unos comicios ya convocados.
La proximidad de las elecciones, decisiva para el Supremo
El conflicto tiene su origen en la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, que regula determinados supuestos de adquisición de la nacionalidad española por descendientes de españoles.
El pasado 10 de septiembre, el Tribunal Supremo acordó suspender cautelarmente los efectos electorales de determinadas nacionalizaciones realizadas al amparo de esta normativa. La decisión fue ratificada el 12 de octubre, cuando todavía existía margen temporal para adoptar medidas antes del desarrollo del proceso electoral.
Posteriormente, Vox e Iustitia Europa solicitaron que esa suspensión se extendiera también a los hijos de los nacionalizados, inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
La Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, se opuso a la petición al considerar que las medidas solicitadas no resultaban conformes a Derecho.
El Supremo rechazó esa ampliación el 9 de noviembre y ahora vuelve a pronunciarse en contra de la pretensión de Vox.
Los magistrados explican que existe una diferencia fundamental entre ambas situaciones. La primera suspensión se acordó antes de la disolución anticipada de las Cortes Generales y de la convocatoria de elecciones.
En cambio, la petición de extender sus efectos a los hijos llegó cuando había transcurrido más de la mitad del periodo electoral, a una semana del inicio de la campaña y a dos semanas del comienzo del depósito del voto en urna en los consulados.
La seguridad jurídica prevalece
La Sala advierte de que iniciar una revisión del CERA a tan pocos días de las elecciones plantearía serias dificultades para su ejecución efectiva.
No se trataría únicamente de identificar a los electores afectados, sino también de introducir modificaciones en un censo que ya está siendo utilizado para organizar la votación de los residentes españoles en el extranjero.
En su resolución del 9 de noviembre, el tribunal ya había advertido de que una revisión del censo en esas circunstancias resultaría contraria a los principios de seguridad jurídica y estabilidad electoral. También había señalado que la concesión de la medida solicitada podría ocasionar una perturbación grave de los intereses generales.
La nueva decisión mantiene esa línea argumental y deja sin efecto la pretensión de Vox de impedir cautelarmente que los hijos de los nacionalizados participen en las elecciones del 29 de noviembre.
El pronunciamiento no resuelve definitivamente la controversia de fondo sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, sino la procedencia de adoptar medidas cautelares que afectarían al ejercicio del derecho de sufragio en una convocatoria electoral concreta.
De esta forma, el Supremo mantiene una situación diferenciada: mientras continúa vigente la suspensión cautelar que afecta a determinados nacionalizados por la llamada «ley de nietos», sus hijos no quedan comprendidos en esa restricción.